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Menos Google y más código abierto: el clamor paneuropeo contra la dependencia tecnológica

La UPF reúne cuatro propuestas europeas que plantan cara al modelo privativo de los EUA y apuestan por una alternativa más abierta para el futuro de la tecnología

La industria de los microchips es uno de los sectores más identificados con la dependencia tecnológica de Europa | Rawf8 (iStock)
La industria de los microchips es uno de los sectores más identificados con la dependencia tecnológica de Europa | Rawf8 (iStock)
Marc Vilajosana, periodista de VIA Empresa | Mireia Comas
Periodista
Barcelona
19 de Mayo de 2026 - 07:09

“La industria europea del código abierto está preparada. Lo que pedimos es el contexto regulador que la haga posible”. Con esta sentencia cierra la carta abierta que más de una quincena de empresas europeas, entre ellas la catalana Openchip, han enviado este lunes a la Comisión Europea, pocos días antes de que se inicie la presentación y debate de la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA. En el documento, las compañías firmantes hacen una defensa encarnizada a la inclusión de un requisito que priorice la apuesta por soluciones de código abierto en cualquier contratación de software o servicios digitales de la administración: “El sector público es el principal actor individual en el bloqueo efectuado por el software propietario en Europa, la fuente de nuestra débil postura de soberanía. Esta dependencia no es inevitable; es el resultado acumulado de decisiones de contratación pública tomadas sin una obligación sistemática de considerar las alternativas”.

 

El discurso no es precisamente nuevo; hace años que entidades de todo el continente alertan sobre el peligro que supone depender de las grandes empresas tecnológicas estadounidenses en cada uno de los aspectos de nuestras vidas digitales. La sociedad civil también se ha puesto las pilas a la hora de proponer modelos alternativos, y en Catalunya hemos presenciado algunos en primera fila, como el proyecto Digital Democràtic, la apuesta de Xnet por crear una suite educativa de código abierto que sustituya las herramientas de Google.

Pero no ha sido hasta los últimos años que las instituciones europeas han empezado a verbalizar el ahora tan gastado concepto de la soberanía tecnológica, que ha tomado aún más relevancia —junto con su prima energética— desde el segundo mandato de Donald Trump. Y es en un contexto como este, en que nuestros teléfonos móviles y ordenadores, sus sistemas operativos y aplicaciones más habituales o, incluso, los métodos con que pagamos en los comercios —una tendencia que Bizum puede empezar a desviar— se fabrican y gestionan desde los EUA, que hay que preguntarse: ¿Hay vida más allá de las Big Tech?

 

Este es el interrogante con el que el departamento de Ingeniería de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha titulado su última Deeptech Talks, unas charlas que buscan encender chispas de inspiración en las mentes de los futuros ingenieros formados en el centro. Y es que, según la vicerrectora de Transferencia del Conocimiento de la UPF, Vanesa Daza, la universidad “debe estar en el centro de este debate”: “Debemos transferir conocimiento en cuanto a la investigación y llevarla al mercado, pero también debemos crear espacios donde construyamos criterio ante decisiones tecnológicas que condicionarán nuestra vida”.

Para Daza, la soberanía tecnológica tiene tres capas superpuestas: “La personal, que implica que la tecnología respete nuestros datos y autonomía; la institucional, en la que una institución pública pueda elegir herramientas coherentes con los valores que defiende; y la territorial, que los países y regiones tengan capacidad real de decisión para sus infraestructuras críticas”. En todas ellas, la vicerrectora de transferencia de conocimiento de la UPF ha opinado que “dependemos cada día más de infraestructuras que no controlamos”, una consecuencia que no nace “de la mala fe ni de la falta de criterio”, sino de una “dependencia estructural construida durante años, contrato a contrato”. Aquello que denuncian Openchip y compañía en la carta abierta en Bruselas.

“Pero reconocer la dependencia es el primer paso”, ha apuntado Daza, quien ha querido disipar el pesimismo citando casos como el ya mencionado Bizum y dando paso a cuatro proyectos europeos que reman hacia esta dirección.

Cuatro propuestas con un pensamiento común

El primero en presentarse es, posiblemente, uno de los más conocidos para el público general, Proton. Nacida en Suiza hace doce años, la compañía se creó para ofrecer una “alternativa privada y europea” a los principales proveedores de correos electrónicos de Estados Unidos, según ha explicado el ingeniero sénior de aseguramiento de calidad de Proton, Jaume Ros. “Pero vimos que crear un mail no lo convertía en una alternativa real”, ha alertado el ingeniero, ya que compañías como Google ofrecen un gran conjunto de servicios interconectados. Es así que la compañía suiza optó por desplegar su propia suite: además del correo, ya ofrece almacenamiento en la nube, un gestor de contraseñas, un calendario, un wallet, un editor de documentos de texto y de hojas de cálculo y, más recientemente, un software de videollamadas y un asistente de inteligencia artificial, llamado Lumo.

El objetivo de Proton es claro: “Queremos recuperar el derecho fundamental de la privacidad y la libertad de expresión”. Todas las soluciones de la compañía se basan en la encriptación en el origen, de manera que, en el momento en que la información sale en dirección hacia sus servidores, ya está totalmente encriptada. “Si nosotros no podemos verlo, ningún usuario malintencionado puede verlo. Si un gobierno nos reclama los datos, les daremos unos datos inutilizables”, ha dejado claro Ros. Esta apuesta tiene, además, dos elementos de apoyo: por un lado, la normativa de privacidad y seguridad de Suiza, “la más grande del mundo”, que blinda aún más los datos; y por el otro, el hecho de que todas las soluciones de Proton se publican en código abierto. “Diariamente, nuestro código es auditado por programadores terceros. Esto hace que los sistemas sean mucho más seguros que entornos cerrados”, ha aseverado el ingeniero catalán.

Jaume Ros (Proton): “Queremos recuperar el derecho fundamental de la privacidad y la libertad de expresión”

Con la misma veteranía que Proton se presenta Som Connexió, aunque en este caso se origina en El Prat de Llobregat y con otro sector en mente: el de las telecomunicaciones. “Este proyecto, como muchos otros, ha intentado no continuar con el modelo impuesto”, ha defendido el miembro del consejo rector de la cooperativa, Efraín Foglia, que ha asegurado que buscan ser una compañía que se diferencie del “maltrato” ejercido por otras empresas del sector. “Las telecos son las empresas con más multas en la Comisión Europea, que no pagan”, ha afeado Foglia.

En la actualidad, Som Connexió supera los 9.500 socios cooperativos y los 15.000 usuarios, un volumen que no habría sido posible sin la “tradición histórica de cooperativismo en toda Catalunya”, una “base social” que, según Foglia, ha permitido un proyecto de estas características. La empresa no es ajena a esta realidad, sino que busca establecer alianzas, como la ya formada con Som Energia y Som Mobilitat, otras dos cooperativas catalanas con las que comparten marca y objetivos. Pero no solamente: el contacto directo con los usuarios también es uno de los elementos clave de la teleco, y como entidad sin ánimo de lucro, destina parte de sus ingresos a proyectos sociales. Foglia ha destacado tres: programas de formación y educación sobre el impacto de las pantallas en los niños; la cobertura de la brecha digital de conexión, con provisión a personas sin acceso a internet; y un primer estudio sobre cómo generar unos “modelos de IA beneficiosos para el sistema cooperativista”.

La siguiente propuesta también se trata de una empresa de origen catalán que buscaba hacer las cosas diferentes en el mundo digital. Hablamos de IsardVDI, una compañía con sede en Barcelona que se encarga de desarrollar escritorios virtuales, principalmente, para el sector educativo. Su cofundador, Alberto Larraz, ha marcado ya de entrada distancia con el talante habitual de su sector: “Nosotros somos la antistartup: el modelo habitual es el de preparar un plan de empresa, pedir subvenciones, hacer rondas de inversiones… No teníamos nada de eso, pero sí un proyecto en el que creíamos”.

Y bien que se lo han creído: hoy por hoy, la plataforma que han desarrollado tiene más de 100.000 escritorios virtuales creados y da servicios al departament d'Educació de la Generalitat y a más de 200 centros escolares. “Nos han hecho creer que ya no podemos crear, y dos docentes de una escuela de FP han conseguido esto”, ha reivindicado un Larraz que ha insistido en defender con uñas y dientes las potencialidades del código abierto. “Tenemos que volver a creer que somos capaces de gobernar la tecnología. Hay alternativas, y hoy son más posibles que hace diez años”, ha reclamado.

Impulsada por dos maestros de FP, IsardVDI ya ha desarrollado más de 100.00 escritorios virtuales de código abierto para más de 200 centros educativos

Acompañado de estas tres propuestas empresariales se ha presentado también Algorights, una asociación de ámbito estatal que conforma una red colaborativa de académicos, empresas, activistas y representantes de la administración pública con una preocupación compartida: el nuevo paradigma de mundo que ha traído la inteligencia artificial. “Lo que hacemos es dar la turra”, ha simplificado Thais Ruiz de Alda, una de las impulsoras del proyecto y fundadora y CEO de DigitalFems.

La tesis que defienden es clara: “El marco de desarrollo tecnológico es complejo, y necesita muchas y diversas habilidades y conocimiento profundo sobre legislación, desarrollo, infraestructuras…”. Unos requisitos que ayuntamientos grandes, como el de Barcelona, pueden llegar a cubrir, pero que no está al alcance de consistorios de municipios más pequeños. Es por eso que Algorights se ha propuesto “hacer de puente entre lo que pasa en la industria y la administración pública, hablando con su lenguaje”.

La manera como llevan a cabo este trabajo es huyendo de “visiones tecnosolucionistas”, con la idea clara de que “la tecnología no puede resolver por sí misma problemas estructurales sociales”. También se posicionan como defensoras de los derechos fundamentales, “que están por encima del discurso de innovación y del modelo de Silicon Valley”, una narrativa que “nos ha conquistado completamente” y contra la cual defienden que hay alternativas.

Proton, Som Connexió, IsardVDI o Algorights son cuatro ejemplos de esta clase de visiones que buscan confeccionar un mundo digital que no dependa exclusivamente del modelo estadounidense. No están solos: solo en Catalunya ya encontramos iniciativas como Digital Samba, que busca establecerse como una alternativa abierta en el mundo de las videollamadas, o bien Semidynamics, que junto con Openchip lideran la apuesta catalana por el mundo de los microchips. Y, juzgando la inquietud y conciencia mostrada por el joven público del acto, no lo estarán tampoco lo estarán en el futuro.