Hace más de tres años y medio que Rusia comenzó su invasión total de Ucrania. Desde el principio, empezaron a implementarse rondas de sanciones (ya van por dieciocho aprobadas y se está a la espera de adoptar una nueva) y una de las primeras medidas fue la de congelar los activos que el Banco Central de Rusia tenía en la Unión Europea. En total, eran unos 300.000 millones de euros. Desde el principio surgió una pregunta: ¿qué se puede hacer con este dinero? ¿Podrían utilizarse para ayudar a Ucrania?
Después de múltiples ideas y sorteando las limitaciones legales, la Comisión Europea propuso ahora hace más de un año un sistema que permitía utilizar hasta 35.000 millones de euros de los beneficios obtenidos por estos activos congelados y utilizarlos en forma de préstamo para Ucrania. Pero a medida que se ha ido avanzando en el conflicto, y con la incógnita hasta qué punto Estados Unidos mantendrá la ayuda al país, la Unión Europea ha empezado a plantearse si no sería momento de utilizar el dinero efectivo que generan estos activos congelados.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo anunció a principios de septiembre en su discurso del estado de la UE y, al cabo de unos días, dio más detalles. “Esta es la guerra de Rusia. Y es Rusia quien debe pagar (…) con el saldo efectivo asociado a estos activos rusos podemos conceder a Ucrania un préstamo de reparaciones”. El objetivo de la Unión Europea es que una vez se dé el dinero a Ucrania, -140.000 millones según cálculos comunitarios aunque podrían llegar a ser 185.00- el préstamo solo habrá que devolverlo si Rusia se compromete -una vez haya acabado la guerra- a aceptar un fondo de reparación.
El riesgo, según ha insistido Von der Leyen “será compartido”, un intento de, sobre todo, calmar las reticencias de Bélgica. La gran mayoría de activos congelados se encuentran en la sede de Euroclear en Bruselas, una compañía de servicios financieros. El miedo de Bélgica es que el país tenga problemas legales por el uso de este dinero. Bruselas insiste, sin embargo, en que el dinero no es “una confiscación”, y que tendrá una fuerte “base legal”. Muchos países, como España, piden que el riesgo no provenga de las garantías que dé cada país, como inicialmente ha planteado la Comisión Europea, sino del presupuesto de la UE, y que apenas comienza ahora su negociación. Se trata de una cuestión especialmente importante porque Rusia podría negarse en el futuro a pagar cualquier reparación, por lo tanto, se teme que sean al final los países que tengan que hacer frente al coste.
La gran mayoría de activos congelados se encuentran en la sede de Euroclear en Bruselas, una compañía de servicios financieros
En todo caso, en la última reunión de ministros de finanzas de la UE, la sensación general fue que cada vez más países se sienten más cómodos con la propuesta, aunque varias capitales han mostrado la preocupación también compartida por el Banco Central Europeo, por las repercusiones legales que pueden surgir, y piden que toda propuesta respete “la legalidad internacional”. Una cuestión que también preocupa al BCE es que una medida de este tipo aleje a posibles inversores en el futuro, disminuyendo la fuerza del euro como moneda internacional para las reservas estatales de otros países.
La opinión de los países ha ido variando a medida que el conflicto ha evolucionado. De las primeras reticencias a ver que las necesidades de Ucrania siguen siendo dramáticas: algunos estudios destacan que, como mínimo, el país necesitará más de 80.000 millones de euros de aquí a 2027 para cubrir sus necesidades en defensa y que, esto pasa, inevitablemente, porque Rusia pague por su invasión. Y esta es la idea que se está instalando en el bloque. Una vez más, desde que estalló el conflicto, un nuevo tabú se ha roto.