La tasa turística nació fundamentalmente con el objetivo de equilibrar las cuentas de la maltrecha economía de la Generalitat y no para dar herramientas a los municipios turísticos para hacer frente a los gastos que generan los turistas. Si las negociaciones entre socialistas, republicanos y comunes siguen al ritmo actual, la nueva ley sobre la financiación turística se promulgará en abril. El nuevo texto aumenta la tarifa que debe pagar el turista por pernoctar; permite al gobierno dedicar el 25% de la recaudación a resolver el problema de la vivienda -como si este problema fuera consecuencia directa del turismo-; y a la vez amplía los usos a los que los entes locales pueden dedicar el dinero recibido y aplicar al mismo tiempo recargos adicionales. Todo parecía que, primero en mayo y luego en octubre de este año, tendríamos ley, pero la falta de consenso entre los partidos y la decisión de transformar el decreto en proyecto de ley para debatirla en el Parlament y evitar las posibles impugnaciones condujo a un nuevo aplazamiento.
En 2012, el conseller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, comentaba al conseller de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, cuál era la realidad de las finanzas catalanas; entre las medidas que iban a tomar para sacar dinero de debajo de las piedras, le dijo que sería muy conveniente implantar un impuesto a los turistas. Dentro de las atribuciones del conseller Mena recaía el turismo. Era el gobierno de los mejores que pregonaba el president Artur Mas. El nuevo impuesto que recaudan desde entonces los empresarios del sector turístico y cargan a sus clientes lo recauda la Generalitat. La institución se queda el 50%, y el resto lo entrega a los entes locales a través del Fondo para el Fomento del Turismo para dedicarlo a la promoción del turismo, y la mejora de los servicios y las infraestructuras vinculadas al sector. Este reparto del impuesto se ha mantenido hasta la llegada del president Illa. El gobierno socialista decidió dedicar el 25% de la recaudación a la política de vivienda y ha abierto la mano a los usos que podemos hacer los municipios con la asignación: la ha ampliado a las externalidades negativas producidas por la avalancha turística, como la gestión de la masificación, la mejora del espacio público, los servicios a residentes y otros.
Dinero para la vivienda
En este tiempo de descuento hasta la promulgación en abril del Impuesto sobre las Estancias en Establecimientos Turísticos, IEET, los partidos que lo apoyan están acabando de negociar la letra pequeña, pero hay un aspecto en el que están de acuerdo: dedicar a la vivienda el 25% de los 200 millones que previsiblemente se recaudarán con las nuevas tarifas ampliadas y otra parte, a la política turística propia; el resto llegará a los municipios turísticos, los cuales dispondrán de mayor autonomía a la hora de gastarlos. En efecto, la normativa que están negociando en el Parlament diluye definitivamente el vínculo con la promoción turística, a la que estaban obligados hasta ahora los municipios, y de esta manera podrán dedicar los ingresos a financiar todos aquellos costes que se deriven del turismo directa e indirectamente. Aparte de estos ingresos, cada ayuntamiento podrá imponer recargos en temporada o de forma permanente. La intención del legislador es que el impuesto turístico deje de ser una herramienta del sector turístico para pasar a convertirse en una pieza de la fiscalidad municipal.
La tasa turística nació fundamentalmente con el objetivo de equilibrar las cuentas de la malparada economía de la Generalitat y no para dar herramientas a los municipios turísticos para hacer frente a los gastos que generan los turistas
El invierno vendrá repleto por el debate en marcha sobre qué hacer con los recursos turísticos si dedicarlos íntegramente al sector o desviarles una parte para afrontar problemas ajenos, y sobre si los municipios deben buscar propiamente vías impositivas alternativas para hacer frente a los gastos directos generados y la reestructuración del sector. A estos dos puntos se añade otro que lleva tiempo: si se debe hacer decrecer al turismo. Tres son, por tanto, los puntos del debate.
- La política de vivienda requiere todos los recursos y más. Es un tema que quema. Es gravísimo que la cuarta parte de los hogares españoles, según Cáritas, esté afectada por el problema. Pues bien, ahora parece que la culpa sea del turismo, cuando realmente ha sido la dejadez la que ha provocado el problema. En las ciudades y en las zonas turísticas, los precios están por las nubes, pero el origen del problema es que la oferta es insuficiente y rígida, los precios están desalineados con los salarios, el parque público es muy reducido -entre los más bajos de Europa-, y las políticas públicas son reactivas y poco sostenidas en el tiempo. Desde esta perspectiva, el sector no considera que el 25% del impuesto turístico sea la bolsa adecuada para sacar el dinero.
- Hay que añadir otras vías impositivas. A partir de la nueva ley, cada municipio podrá aplicar nuevos impuestos. Parece una buena medida de cara a la independencia fiscal, pero tiene una trampa. Los residentes pagarán igual que los turistas los impuestos, como el IBI o el IAE, y serán ellos también los que se tendrán que rascar el bolsillo por los que se introducen, agrandando la paradoja de que los residentes de poblaciones turísticas financiarán más aún los servicios de los visitantes.
- Decrecer el turismo para aumentar la competitividad de la industria. El debate en torno al nuevo impuesto turístico se desarrolla en un contexto de enfrentamiento entre los que defienden que el turismo debe decrecer para relanzar la política industrial y los que no. Los que defienden el decrecimiento, los “industrialistas”, afirman que hay que quitar los “privilegios” al sector turístico -como el IVA reducido a la hostelería- para dedicar estos recursos a la política industrial. Si nos marcáramos unos objetivos de reducir a corto o medio plazo los veinte millones de turistas que nos llegan al año a Cataluña multiplicados por las tres noches de pernoctación media, nos encontraríamos de repente que tendríamos que adelgazar la población laboral; perderíamos la oportunidad de ser un sector que ocupa mano de obra con baja especialización que permite un primer puesto de trabajo para inmigrantes recién llegados con baja remuneración; caería la producción industrial -lo que consumen los turistas-; y nos veríamos obligados a detraer recursos de algún sitio para mantener la riqueza cultural, artística y patrimonial.
Desde hace años, hemos tenido la suerte de añadir a los clientes locales un segundo mercado, los forasteros. No es el momento de recortar, de disminuir, de amputar, de reducir el impulso del sector turístico, sino de expandirlo, eso sí esponjando y desestacionalizando las zonas y temporadas más densas, eligiendo a los turistas y canalizando los flujos, y cortando de raíz las condiciones que perjudican la convivencia entre los residentes y los turistas. La mejora de la política industrial vendrá de la mano del desarrollo de la política turística, de un modelo, que con todos sus defectos, avance inexorablemente hacia mantener lo que se ha consolidado y mejore la calidad a base de insertar innovación y tecnología en el servicio. Este es el decurso natural de los países turísticos.
La nueva tasa turística hace la primera parte de este recorrido, en la medida en que facilita el fortalecimiento de los municipios turísticos, aunque estos necesitarán continuar buscando recursos de debajo de las piedras para poder hacer frente a los dos principales retos: pagar las externalidades negativas que provocan los turistas y ayudar a la reestructuración del modelo de negocio