El pasado mes de noviembre, en el acto anual del Institut Ostrom de Catalunya, se reconoció merecidamente el papel del economista y catedrático Germà Bel por sus buenos análisis sobre las políticas públicas. En aquel acto, su brillante intervención me hizo abrir los ojos en las diferentes maneras de enfocar la gestión del bien común según las influencias filosóficas de cada sociedad. Sirva, pues, este artículo para reconocer su trabajo y la capacidad de iluminarnos a todos en el porqué de las cosas comunes.
Cada país puede explicarse a través de su relación con la verdad. Los anglosajones la miden, los germánicos la sistematizan… y los mediterráneos la declaran. España, en particular, tiene una tendencia casi lírica a confundir la política con una rama de la poesía moral. El Estado puede perfectamente fracasar en una política pública, pero si la intención era noble, el relato ya queda salvado. Es un esquema platónico puro: la bondad es un estado interior, no un registro contable. Y esto explica por qué la cultura administrativa española no considera indispensable evaluar resultados ni homologar la ejecución presupuestaria. Lo que es importante, como en la filosofía idealista, es que la voluntad se declare. El resto parece un acto indigno, propio de políticos vocacionales.
España, en particular, tiene una tendencia casi lírica a confundir la política con una rama de la poesía moral
Pero esta inclinación cultural no nace de la burocracia moderna, sino de un arraigo filosófico profundo. Platón, en su República, nos habla del gobierno de los filósofos como una aristocracia moral destinada a conducir la ciudadanía hacia el Bien ideal. La idea ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos por neoplatónicos, idealistas, teólogos y, más recientemente, por una cierta tecnocracia mediterránea convencida de que “hacer el bien” es sobre todo una declaración de principios. La más reciente teoría moral kantiana avaló su tesis: si la intención es recta, el acto ya es moral. ¡Qué alivio para cualquier administración que no quiera ser evaluada!
En contraste, Aristóteles tenía una relación menos romántica con la realidad. Para él, la virtud era práctica, concreta, fruto del hábito, y la bondad se evidencia en las consecuencias. La ética es resultado, no proclamación. Este enfoque pasaría después a la tradición empirista de David Hume, que ya advertía que los deseos humanos no son suficiente base para justificar acciones públicas, y por Francis Bacon, con su insistir en el conocimiento verificable, que forjaron la cultura institucional anglosajona.
Para Aristóteles, la virtud era práctica, concreta, fruto del hábito, y la bondad se evidencia en las consecuencias. La ética es resultado, no proclamación
Cuando Max Weber habla de “la ética de la responsabilidad”, está haciendo un homenaje a Aristóteles. Y cuando Elinor Ostrom, la primera mujer que gana el Premio Nobel de Economía y que da nombre a nuestro think tank liberal, demuestra que las comunidades funcionan porque tienen mecanismos de autogobierno que penalizan el fracaso y premian el cumplimiento, está aplicando una lógica aristotélica al siglo XX. En los países nórdicos, esta herencia es visible en su cultura de evaluación sistemática. Allí, si una política no funciona, se modifica. Si no se ejecuta un presupuesto, se explica. Si un objetivo no se cumple, se asumen responsabilidades. Es lógica empírica: el gobierno no es un sacerdocio moral, sino un oficio que se mide, como recordaba Adam Smith, por la prosperidad que genera, no por la retórica que inspira.
En España, en cambio, la tradición platónica ha arraigado institucionalmente. La mayoría de los ciudadanos juzgan los presupuestos cuando se anuncian, no cuando se cierran; y el sistema político se comporta como si la intención de hacer el bien fuera equivalente a hacerlo.
¿Y qué pasa cuando las instituciones funcionan bajo este idealismo platonizante? Que la política pública se convierte en un teatro de buenas intenciones, donde la rendición de cuentas es secundaria. España, y también Catalunya en menor medida, son ejemplos privilegiados: planes grandilocuentes, programas reformistas, estrategias nacionales, agendas visionarias… y después, una ejecución efectiva que a menudo es discreta, fragmentada o sencillamente inexistente. La ironía es que esta cultura no es neutral. Tiene consecuencias muy concretas: infraestructuras que no se acaban, fondos europeos que no se ejecutan, reformas que no se despliegan, sistemas educativos que no mejoran, inversiones que no existen más allá del PowerPoint. Es platonismo con presupuesto, intención con sello oficial.
Los países anglosajones y nórdicos, mientras tanto, han construido sistemas administrativos que combinan ética aristotélica y economía institucional. De ahí su insistencia en la “evidence-based policy”, un término que en España todavía provoca reacciones de urticaria. Pero los resultados están ahí: ejecución eficiente, correcciones rápidas, transparencia radical y una cultura política que entiende que, como decía John Stuart Mill, “los gobernantes existen para producir mejores condiciones de vida, no para pronunciar discursos más elevados”.
¿Qué pasa cuando las instituciones funcionan bajo el idealismo platonizante? Que la política pública se convierte en un teatro de buenas intenciones, donde la rendición de cuentas es secundaria
El problema colectivo que tenemos es que este platonismo presupuestario no es percibido mal por nuestra población y, por lo tanto, no tiene castigo electoral. Y como todos sabemos, si en todos los ámbitos de la vida no ponemos los estímulos adecuados donde tocan, no cambiaremos los hábitos y, a largo plazo, tampoco lo haremos en la cultura del país.
Pero ¿de dónde nos viene esta tradición platónica tan marcada? Podríamos identificar, entre otras, unas cinco causas:
- Una tradición religiosa donde la rectitud moral de un acto se juzga sobre todo por la pureza de la intención, no por el resultado.
- Una política fuertemente paternalista; desde el siglo XVI, donde el Estado se reafirma como el garante del bien común, actúa como depositario de una moral superior, reforzándose este patrón durante el franquismo, que consolidó una tradición política basada en la unidad moral, la verdad oficial y la autoridad que define el bien común por encima de la sociedad.
- Una frustración histórica y necesidad de grandes relatos. La política española a menudo ha necesitado grandes mitos para cohesionar la sociedad: el imperio, la fe, la transición ejemplar, la unidad constitucional… y cuando se vive en un marco simbólico tan cargado, las políticas públicas devienen instrumentos de refuerzo narrativo, no de eficiencia pragmática. Los ideales sirven para dar coherencia emocional a un proyecto colectivo frágil. Y cuando los ideales lo sostienen todo, la realidad deja de importar.
- La transición democrática, que blindó los "cuerpos del Estado" franquistas con poderes y blindajes absolutos.
- Un sistema educativo español que ha sido tradicionalmente poco centrado en el pensamiento crítico, en el método empírico de evaluación de datos y la cultura de la evidencia.
Poca broma con la mochila que arrastramos.
Llegados aquí, la pregunta es obligada: ¿se puede mediterranizar a Aristóteles sin renunciar a nuestra pasión por Platón? Es posible, pero exige una cirugía institucional profunda. Cinco medidas serían imprescindibles y han sido defendidas insistentemente por el Fòrum d'Entitats per la Reforma de l'Administració Pública (FERA):
- Crear una Agencia Independiente de Evaluación de Políticas Públicas, con capacidad vinculante e informes públicos obligados.
- Publicar sistemáticamente los cierres presupuestarios, con explicaciones políticas formales en caso de desviaciones.
- Limitar las políticas de “superanuncios”, sustituyendo eslóganes por hojas de ruta con indicadores medibles.
- Profesionalizar los altos cargos, como recomendaba Weber, para garantizar que la administración funcione incluso cuando la política no lo hace.
- Incorporar cultura de evidencia, desde la escuela de administración pública hasta los ministerios, con formación en economía del comportamiento, institucionalismo y gestión basada en resultados.
Puede parecer un programa demasiado nórdico para un país que aún confía en la fuerza moral de los discursos. Pero como diría Aristóteles, “somos lo que hacemos repetidamente”. Y si repetimos durante décadas la cultura del propósito sin resultado, no es extraño que la política pública acabe siendo una novela llena de buenos personajes y pocas acciones. Quizás ha llegado la hora de reconciliar Platón con Aristóteles: mantener la voluntad de hacer el bien, sí, pero demostrarlo con hechos. Si alguna vez lo conseguimos, será el primer milagro administrativo mediterráneo documentado por la literatura académica. Y, francamente, ya tocaría.