Hace muchos años que vemos la batalla campal dentro de la judicatura y entre los dos grandes partidos españoles para ver quién controla la justicia. Hay que recordar que en 1978, cuando se promovió la Constitución, el gran pacto de estado, había una cláusula implícita que fue no tocar los Cuerpos del Estado para poder hacer una reforma democrática. Por lo tanto, aplicando la máxima lampedusiana para que nada cambiara respecto al aparato funcionarial del Estado, se creyó necesario crear un órgano nuevo llamado Consejo General del Poder Judicial (CGPD), para intentar garantizar un equilibrio de poder entre las fuerzas políticas y la magistratura. Todo ello, con el fin de garantizar la independencia del poder judicial y de los jueces en particular. Un buen propósito que, como se puede observar diariamente, no se ha conseguido.
Recordemos que hasta 1985, la elección de doce de los veinte vocales del CGPD debían ser elegidos por los propios jueces, y que el presidente español Felipe González, al ver que la ideología y posicionamientos de la mayoría de sus componentes eran conservadores tuvo la genial idea de cambiar la Ley para que la totalidad de los miembros fueran elegidos por el Parlamento e intentar así reequilibrar la balanza a su favor. La guerra por el control no ha parado nunca, y desde 2018 el Consejo está caducado porque no hay acuerdo para renovarlo.
Da igual que entidades como la Comisión Europea, el Consejo de Europa o Amnistía Internacional, vengan denunciando la falta de independencia en la designación de los jueces y el riesgo que esto supone para el estado de derecho; viendo cómo está politizada la justicia y cómo se utiliza como herramienta de control político, nadie quiere renunciar a este poder tan evidente. Poder que puede hacer saltar gobiernos, arruinar personas y carreras profesionales y políticas según la tendencia y/o obediencia ideológica. Guerra sin cuartel, ya que la judicialización de la política acaba siempre con la politización de la justicia.
Con este marco político-judicial potenciado por los altavoces mediáticos de parte, hemos olvidado para quién debería trabajar la judicatura. La política se la ha apropiado y está convencida de que debe trabajar para ser un brazo armado suyo contra el enemigo a batir, y el propio cuerpo judicial piensa que es un fin en sí mismo. Y, como decía La Trinca, ¿el pobre pueblo qué? Este es el quid de la cuestión. Lo que debería ser un debate diario no es quién nombra a los jueces, sino cómo funciona la justicia. ¿Es rápida? ¿Es eficiente? ¿Es justa?
Por otro lado, si queremos ser justos, también hay que ver todo su entorno para analizar si nos lo ponen fácil o no, porque es evidente que la calidad técnica de las leyes les condiciona, así como los recursos materiales y humanos de los que disponen. Pero lo que no genera dudas es que el mal funcionamiento de la justicia tiene unos costes muy elevados para los ciudadanos y las empresas, y esto parece que no interesa a los medios de comunicación y no lo denuncian sistemáticamente.
Nuestra calidad regulatoria se sitúa en la posición 25 sobre 30 en el ranking que el Banco Mundial realiza entre 30 países, y en la posición 23 sobre 30 respecto a la seguridad jurídica
Séneca ya avisaba de que la “justicia retrasada era una justicia denegada”, y eso es lo que sufrimos a diario. Una de las razones es la baja calidad técnica de las Leyes. Hacemos leyes poco claras, ambiguas, que no tienen en cuenta otras regulaciones y que generan confusiones. Nuestra calidad reguladora se sitúa en la posición 25 sobre 30 en el ranking que el Banco Mundial hace entre 30 países, y en la posición 23 sobre 30 respecto a la seguridad jurídica. Nada bien parados. Sufrimos también un uso excesivo del Decreto Ley para ahorrarnos llegar a consensos, hecho que evita una mejor redacción a través del trámite parlamentario. Tenemos cambios de normativas permanentes, con una sobre regulación asfixiante, sin copiar el buen modelo anglosajón de una Ley por otra (one in, one out), pero no acumularlas.
Las empresas se vuelven locas intentando estar al día de todo el corpus jurídico que les afecta y tienen que contratar legiones de asesores y consultores para no incurrir en infracciones y delitos fiscales. Por cierto, España está a la cabeza de Europa en número de abogados por cada 100.000 habitantes. Por alguna razón será.
Todo hay que decirlo: el legislador no hace demasiado bien sus deberes, pero la justicia tampoco está a la altura. De acuerdo con la Doctrina Fluctuant, los juzgados han interpretado las mismas leyes de forma demasiado variable, de forma que han creado una inseguridad jurídica muy preocupante. Faltan criterios unificadores que eviten sanciones diferentes por los mismos supuestos analizados. Por otro lado, y tal como señala Agenda Pública en su reportaje sobre la justicia, si se analizan los datos del CGPD, del 2013 al 2023 los jueces han tenido un 20% menos de casos por resolver con un incremento de plantillas del 8%. Por el contrario, los casos resueltos han caído un 27%. En otras palabras, ha bajado la productividad y la eficiencia de su trabajo. Tienen menos trabajo que nunca y resuelven muy poco. Algo está fallando y es grave. Recuerden aquello de justicia demorada, retrasos injustificables... costes inasumibles.
De 2013 a 2023 ha bajado la productividad: los jueces han tenido un 20% menos de casos por resolver con un incremento de plantillas del 8%, mientras que los casos resueltos han caído un 27%.
Los jueces no forman parte de la administración pública, no son funcionarios comunes y están sujetos a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y, por lo tanto, tienen un estatuto propio que les da unas prerrogativas lógicas de inamovilidad y solo pueden ser sancionados o removidos por unas causas tasadas con garantías reforzadas. Nada que objetar si junto a estos blindajes introdujéramos el concepto de rendición de cuentas del servicio que prestan y un marco de estímulos e incentivos para trabajar con calidad y eficiencia. No los tienen, da igual si trabajan mucho o poco, bien o mal. Están blindados. Es igual que pongas más personal de apoyo o refuerzo, el cuello de botella siempre será el juez. En términos futbolísticos diríamos que podemos centrar muchos balones, pero solo el juez los puede rematar. O cambiamos esto urgentemente o no tenemos solución.
El acceso a la carrera también merece un punto y aparte, así como el ascenso dentro del escalafón. Hay que tener los bolsillos bien llenos para poder ser juez. Muchos años de carrera y de preparación de las oposiciones hacen un filtro social y económico importante que permite entrar a los que se lo pueden pagar, con independencia de la capacidad para ejercer. Las becas ayudan, pero no lo arreglan. Por otro lado, escalar en la profesión no está vinculado a la profesionalidad, sino que lo está a la antigüedad. Una meritocracia ligada al blindaje y la acumulación de años en detrimento de la profesionalidad, eficiencia, y calidad de las resoluciones. El mundo al revés.
Solo nos queda la esperanza de que pueda aportar el despliegue de las dos reformas aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley Orgánica para modificar la Ley actual y corregir algunas disfunciones. Como siempre, las soluciones pasan por una responsabilización individual, una voluntad política decidida y poner los recursos necesarios para hacerlo realidad. Si falla cualquiera de ellas, no tendremos mejoras y sí más costes para el ciudadano.
El experto Mora-Sanguinetti señala que perdemos hasta un 7% de emprendedores solo por no estar en el estándar judicial
Hoy por hoy, la ciudadanía confía poco en la justicia española. Así lo indican los informes de la Comisión Europea, que la sitúan en los vagones de cola. Según los mismos informes, los jueces españoles, teniendo en cuenta el sueldo medio de la población, están en la banda alta de los sueldos europeos, mientras que el gasto por habitante en justicia nos sitúa en la banda intermedia. ¿Falta, pues, presupuesto? No necesariamente. ¿Están los jueces mal pagados? Pues tampoco, pero el sistema es ineficiente.
¿Qué queremos decir cuando decimos que la injusticia es costosa? Pues que en la actualidad existen más de 300.000 asuntos tributarios sin resolver en los tribunales económico-administrativos, y los recursos contencioso-administrativos tributarios están colapsando nuestros tribunales. Volvemos a ocupar una posición muy retrasada en el Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) que elabora la Property Rights Alliance 2023, que nos sitúa en el puesto 22 de un total de 37 economías desarrolladas.
Esta congestión judicial afecta también negativamente al sistema empresarial español. Con un nivel de descongestión judicial, se podría conseguir que el tamaño medio de las empresas se incrementara. El experto Mora-Sanguinetti señala que perdemos hasta un 7% de emprendedores solo por no estar en el estándar judicial. Una mayor seguridad jurídica incrementaría la tasa de entrada de las empresas del 8,8% al 9,5%, y el crecimiento de las empresas pasaría del 1,1% al 2,8%, según su criterio.
Además, Sigma Dos y el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) han presentado un informe sobre La Ejecución de las Sentencias Judiciales que da miedo. Los resultados del estudio muestran que se han dejado de ingresar casi 11.000 millones de euros por el retraso en la ejecución de sentencias en España. Uno de los grandes problemas de la justicia española es el trámite en la ejecución de las decisiones judiciales, y son muchos los casos en que, después de obtener una sentencia favorable, esta ejecución sufre un gran retraso.
Solo el 25% de las sentencias de los tribunales que implican el pago de dinero acaban cumpliéndose, según este informe. Esta comparación deja a España como el país de su entorno con los niveles más bajos de implantación de medios digitales para la ejecución de sentencias.
La inseguridad jurídica puede llevar a que las empresas tomen decisiones demasiado conservadoras o incluso abandonen ciertos mercados o proyectos para evitar posibles sanciones.
Todo esto causa un impacto en la reputación y en la toma de decisiones importantes. La inseguridad jurídica puede llevar a que las empresas tomen decisiones demasiado conservadoras o incluso abandonen ciertos mercados o proyectos para evitar posibles sanciones. Esto no solo afecta la competitividad, sino que también puede afectar el crecimiento y la innovación y a la vez genera un impacto negativo en la estabilidad de la inversión y el empleo. Las empresas que se enfrentan a un entorno legal incierto tienden a ser más cautelosas en la contratación y pueden limitar su crecimiento.
¿No son estos costes muy directos? ¿Quién se hace responsable de estos costes directos e indirectos? ¿Los gobiernos de turno? ¿El Consejo General del Poder Judicial? ¿Los jueces? Me temo que no. Los pagamos usted y yo mientras leemos hasta el aburrimiento el grave problema de la renovación de sus señorías en la cúpula judicial.