El Port de Barcelona, la otra estructura de Estado

La relación con las administraciones del Estado español, o su ausencia, puede limitar el crecimiento de una de las grandes infraestructuras de futuro del país

El presidente del Port de Barcelona, Damià Calvet. | Cedida El presidente del Port de Barcelona, Damià Calvet. | Cedida

Una de las singularidades de la ciudad de Barcelona es disponer de un puerto y de un aeropuerto de primera división continental a tocar la uno de la otro y también bien cerca de la ciudad, formando parte del contínuum urbano. El Port de Barcelona ha estado ahí desde tiempos inmemoriales y ha resultado clave para la misma existencia de la ciudad, pero si profundizamos un poco, pocos barceloneses saben cómo está organizado o quienes lo preside, para mencionar solo un par de datos de esta inmensa superficie de unas 1.100 hectáreas.

Más de sesenta millones de toneladas son las mercancías que cada año pasan por el Port de Barcelona, una cifra que puede parecer abstracta, pero que lo sitúa en el top 10 de Europa por volumen, y entre los cinco grandes de toda la costa mediterránea. A pesar de que en volumen de mercancías es el tercer puerto del Estado (detrás de Valencia y Algeciras), por valor del tráfico es el primero, gracias a los casi 69.000 millones de euros que suponen las mercancías que se mueven. Esto genera una facturación de 138 millones de euros, con un beneficio neto de más de 17 millones, de los cuales casi un 70 % se inyectan a la sociedad estatal Puertos del Estado. La aportación al organismo de carácter estatal (sistema portuario estatal) se calcula cómo un 4 % de la facturación, más un importe adicional destinado al llamado Fondo de Compensación Interportuari (FCI), con el resultado final que, tal como pasa al sistema de aeropuertos españoles, Barcelona finanza con sus recursos el resto de instalaciones estatales.

La aportación a Puertos del Estado implica que Barcelona financia con sus recursos el resto de instalaciones estatales

De todas maneras, las cifras indicadas son las de 2020, el año de la pandemia, y por lo tanto no son nada representativas de la capacidad de generación de recursos del Port (antes de la pandemia, los beneficios superaban los 40 millones de euros y la facturación, los 170). Este pasado 2020, la cifra de negocio tuvo tres componentes que aportaron aproximadamente el 95% de la facturación: las concesiones de espacio público (50% de la facturación), las mercancías (25%) y los barcos y ayudas a la navegación (19%).

Un concepto fundamental a la hora de analizar las cifras de los puertos a nivel internacional es el de TEU, que literalmente significa Twenty-foot Equivalente Unit, y que se corresponde con el contenedor estándar que se usa en el transporte marítimo. Es, además, una imagen icónica de cualquier puerto del mundo, cuando a vista de pájaro se observan acumulaciones gigantescas de piezas de Lego de muchos colores diferentes. Según esta unidad de medida, el Port de Barcelona el 2020 movió tres millones de TEUs, una cifra ligeramente inferior a la del año anterior a la pandemia. En este ámbito, el de los TEU, la cuota de mercado del puerto barcelonés sobre el mercado español está siempre por encima del 30%, el que mujer una idea del peso de la ciudad en el sistema portuario estatal. Donde sí se observan unas diferencias muy relevantes entre el 2019 y el 2020 es en el movimiento de pasajeros, tanto de cruceristas como de línea regular. En el primer caso, se pasó de 3,1 millones a menos de 200.000, mientras que en el segundo, de 1,5 millones a unos 650.000. En cuanto a la estructura de negocio, el puerto se sostiene sobre tres patas: puerto comercial (tráficos específicos), puerto logístico y puerto ciudad (parte del puerto recuperada para usos urbanos, náuticos y deportivos).

Desde el punto de vista formal, lo Port de Barcelona está gestionado por una entidad llamada Autoritat Portuària de Barcelona (APB), nacida a finales del 1992, que sustituía el Port Autànom de Barcelona. La APB tiene un consejo de administración formado por representantes del Estado, de la Generalitat, de los municipios donde se ubica el puerto (Barcelona y El Prat de Llobregat) y por varias organizaciones empresariales y sindicales, además de un vocal nato que es capitán marítimo. El presidente de este consejo es Damià Calvet Valera, que ha cogido el cargo este mismo verano sustituyendo a Mercè Conesa Pagès (2018-2021), ex-alcaldesa de Sant Cugat y actual presidenta de la Incasòl. Antes, y durante siete años, el presidente había sido Sixte Cambra Sànchez (2011-2018), conocido por el gran público por su vinculación a Convergència i Unió, al FC Barcelona y al RCT Barcelona. La retribución prevista de Calvet en condición de presidente asciende a 114.000 euros anuales. El máximo ejecutivo es José Alberto Carbonell Camallonga, un ingeniero de caminos, que ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad en la entidad desde el 1991.

El Port de Barcelona es una infraestructura sobre la que el país se debe apoyar, pero que siempre transmite la sensación de que avanza con el freno de mano puesto por la escasa complicidad del Estado español

Quien más quien menos ha sentido ha hablar del museo Hermitage que, eventualmente, podría instalarse en Barcelona. Bien, pues aquí el Port también está implicado, atendido intenta explotar las reservas de terreno de que dispone, en este caso un rincón no utilizado detrás del hotel W, más conocido como Vela. Parece, sin embargo, que la negativa del Ayuntamiento de Barcelona a esta instalación hará que finalmente no sea una realidad.

Un aspecto que quizás no todo el mundo conoce es que el Puerto tiene su propio cuerpo de policía, conocido popularmente como Policía Portuaria, y formalmente como Cuerpo de Guardamolls, que tiene a su cargo tanto la seguridad pública cómo la gestión del tráfico en todo el recinto. En resumen, el Port de Barcelona es una de aquellas infraestructuras sobre las que el país se tiene que apoyar, pero que siempre transmite la sensación que avanza con el freno de mano posado por, tal como le sucede al Aeropuerto del Prat, la escasa complicidad del Estado español.

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