El tejido económico y empresarial catalán cree que el nuevo modelo de financiación autonómica que presentó hace quince días el gobierno español es "un punto de partida", pero "no suficiente" en algunos aspectos. En un comunicado conjunto, una veintena de entidades defienden que la propuesta "es un avance en la dirección correcta" y urgen a los partidos catalanes a "trabajar juntos" para mejorarla durante el trámite parlamentario y "garantizar que los cambios se consoliden en el futuro". También lamentan que "muchas de las críticas" que se han hecho se basen en el hecho de que el modelo surge del pacto entre partidos catalanes y el gobierno central. "Lo que hay que discutir es el contenido de lo que se propone, no su génesis", apuntan.
El comunicado lo firman Foment del Treball, Pimec, el Cercle d'Economia, el Col·legi d'Economistes de Catalunya, Barcelona Global, Femcat, Fira de Barcelona, Racc y las 13 cámaras de comercio catalanas.
En el documento, indican que la propuesta que presentó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "solo da respuesta a algunas de las demandas" que ya reclamaban hace dos años. "Esta propuesta es un punto de partida para alcanzar mayores niveles de justicia y transparencia en la financiación territorial, aunque está alejado de las cotas de autogobierno a las que Catalunya aspira", escriben.
En la nota, valoran los principales puntos de la propuesta y plantean algunas vías de mejora. Las instituciones firmantes cuestionan el aumento de recursos que resalta el gobierno español. "Podría parecer, y a menudo los responsables políticos lo olvidan, que la nueva propuesta solo tiene ventajas y no tiene impacto sobre el déficit público. Es evidente que esto no es así", afirman. En este sentido, piden que las administraciones autonómicas "utilicen los nuevos recursos que recibirán de forma eficiente".
En el documento, indican que la propuesta que presentó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "solo da respuesta a algunas de las demandas" que ya reclamaban hace dos años
También señalan que "se mantiene la diferencia" de las comunidades autónomas del régimen común respecto a las del régimen foral. Así, avisan que "existirá tensión en la financiación territorial y persistirá la legítima aspiración de las comunidades autónomas de régimen común a que el trato sea igual en toda España".
... ¿Y el coste de la vida?
En cuanto al contenido del modelo, los firmantes cuestionan algunos de los nuevos criterios de ajuste y lamentan que no se tenga en cuenta el coste de la vida. Este es un elemento que la consejera de Economía, Alícia Romero, reconoció que se podía incluir y que se había planteado durante la negociación.
"La no incorporación del coste de la vida como criterio de ajuste es una deficiencia importante del nuevo sistema", avisan. "Implica que con nuevos recursos nominalmente similares, la capacidad real de prestar servicios públicos puede diferir significativamente entre territorios. Por lo tanto, reduce la capacidad efectiva de garantizar la igualdad de acceso a los servicios públicos", añaden.
Sobre el principio de ordinalidad, otro de los elementos que han estado en el centro del debate político, la veintena de instituciones creen que la nueva propuesta lo respeta calculado con población ajustada al menos para el ejercicio 2027, cuando se comenzaría a aplicar si sale adelante. En este sentido, reclaman que este principio "se siga cumpliendo más allá" del próximo año. "El nuevo modelo no lo garantiza, este debería ser uno de los ámbitos prioritarios de mejora a tener en cuenta", reclaman
Sobre el principio de ordinalidad la veintena de instituciones creen que la nueva propuesta lo respeta calculado con población ajustada al menos para el ejercicio 2027, cuando se comenzaría a aplicar si sale adelante
El principio de ordinalidad debe garantizar que las comunidades que más recursos generan para el sistema de financiación no pierdan posiciones relativas en recursos por habitante ajustado tras la redistribución.