La contundente victoria del Partido Liberal Democrático en las elecciones generales ha aportado al Japón un bien escaso en el actual contexto global: estabilidad política. Con una mayoría de dos tercios en la cámara baja, el gobierno de Sanae Takaichi dispone de un margen de acción excepcional que reduce la incertidumbre institucional y ofrece previsibilidad regulatoria al tejido empresarial y a los inversores, tanto nacionales como internacionales. En un entorno marcado por la volatilidad geopolítica y financiera, esta continuidad es percibida, a corto plazo, como un factor positivo.
Sin embargo, esta estabilidad no disipa los principales interrogantes económicos que los políticos no aclaran; al contrario: los pospone. La campaña electoral ha evitado un debate claro sobre cuestiones estructurales como la sostenibilidad de la deuda pública, el futuro del impuesto al consumo o el equilibrio del sistema de bienestar en una sociedad cada vez más envejecida. Como advertía el editorial de una de las cabeceras más importantes de Japón, el Asahi Shimbun, el amplio mandato no puede interpretarse como un cheque en blanco, especialmente cuando muchas de las decisiones con mayor impacto económico no han sido explicadas ni sometidas a un escrutinio real.
Esta concentración de poder, a pesar de aportar estabilidad institucional, despierta recelos en sectores empresariales y financieros que observan con prudencia el nuevo escenario. La elección se ha resuelto más como un plebiscito de liderazgo que como un debate de políticas, y esto deja muchas decisiones clave en una zona gris en cuanto a calendario, costes e impacto económico. La falta de concreción durante la campaña alimenta la percepción de que el Gobierno podría avanzar hacia reformas controvertidas sin haber calibrado previamente el impacto económico ni haber construido consensos amplios
La falta de concreción durante la campaña alimenta la percepción de que el Gobierno podría avanzar hacia reformas controvertidas sin haber calibrado previamente su impacto económico
Entre los principales focos de incertidumbre se encuentra la orientación fiscal y presupuestaria. La posible rebaja del impuesto al consumo -mencionada, pero no explicada-, combinada con el aumento del gasto en defensa y con una presión creciente sobre el sistema de pensiones y de seguridad social, plantea dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública japonesa. Esta preocupación ya no es solo teórica: los últimos datos del Ministerio de Finanzas confirman que la deuda pública japonesa ha alcanzado un nuevo máximo histórico, con un incremento anual especialmente intenso de la emisión de bonos ordinarios financiados con impuestos, justo en un momento en que los tipos de interés a largo plazo comienzan a repuntar. Con una mayoría cualificada en la cámara baja, el Gobierno tiene capacidad para acelerar reformas, pero también el riesgo de trasladar la incertidumbre desde el plano político al plano económico si no articula un relato fiscal sólido y creíble.
En este sentido, el mandato reforzado de Takaichi podría facilitar la adopción de medidas hasta ahora aplazadas. La eventual revisión del impuesto al consumo, la redefinición del papel del Estado en sectores estratégicos o un ajuste progresivo del gasto social son decisiones que se perciben como inevitables, pero que conllevan un alto coste político y social. El gobierno dispone de fuerza parlamentaria, pero no de un margen ilimitado de consenso social ni económico. Tampoco parece realista pensar que el equilibrio fiscal pueda alcanzarse únicamente incrementando tasas o cargas sobre los extranjeros, ya sea a través del turismo, la inmigración o la inversión exterior. Estas medidas pueden aportar ingresos puntuales, pero no resuelven los desequilibrios de fondo de una economía con una base contributiva cada vez más estrecha y una población activa en retroceso.
Desde la perspectiva de los mercados y del tejido empresarial, la clave no es tanto la estabilidad política como la capacidad del Gobierno para transformarla en credibilidad económica. Japón continúa beneficiándose de un entorno de tipos bajos y de una elevada confianza doméstica en su deuda, pero estos factores no son inmutables. Las primeras señales de tensión ya son visibles en el mercado de bonos, con una tendencia al alza de las rentabilidades a largo plazo alimentada por la percepción creciente de deterioro fiscal.
Cuando la economía se gobierna con silencios, el coste acostumbra a llegar tarde, pero siempre llega
El reto que deberá afrontar Takaichi no es gobernar con mayoría, sino gobernar con horizonte y propósito. El amplio mandato parlamentario ofrece una oportunidad única para afrontar los grandes desequilibrios con transparencia, pedagogía y consenso, pero también comporta el riesgo de confundir fuerza política con legitimidad económica y social. Sin un debate abierto sobre impuestos, gasto y sostenibilidad del modelo, la estabilidad institucional puede acabar siendo solo aparente. Y cuando la economía se gobierna con silencios, el coste acostumbra a llegar tarde, pero siempre llega.
La demografía, el principal cuello de botella
Pero si hay un factor que condiciona de manera transversal el futuro de la economía japonesa es la demografía: el envejecimiento acelerado de la población y la caída sostenida de la población activa no son solo un problema social, sino el principal cuello de botella estructural del crecimiento, de la sostenibilidad fiscal y de la competitividad empresarial. Ninguna estrategia económica a medio plazo puede ser viable si no afronta este desequilibrio de fondo.
Japón ha intentado ampliar los márgenes internos de su mercado laboral con resultados desiguales. La incorporación de más mujeres y de trabajadores sénior ha contribuido a aliviar parcialmente la falta de mano de obra, pero estos avances tienen límites evidentes. La productividad continúa estancada en muchos sectores, especialmente en los servicios y en las pequeñas y medianas empresas, que son las más expuestas a la escasez de personal. En este contexto, la tensión laboral ya no es coyuntural, sino estructural, y actúa como un freno silencioso a la inversión y a la expansión empresarial.
La tensión laboral ya no es coyuntural, sino estructural, y actúa como un freno silencioso a la inversión y a la expansión empresarial
Pero el verdadero cuello de botella no es demográfico, sino político: Japón conoce desde hace años el alcance de su declive poblacional y la insuficiencia de su fuerza laboral, pero continúa evitando una reforma migratoria integral por razones estrictamente electorales. El Gobierno admite trabajadores extranjeros por necesidad, pero los mantiene de manera sistemática en un régimen de provisionalidad jurídica y social que impide consolidarlos como parte estable del tejido económico y social. Esta estrategia no responde a la falta de alternativas, sino a la decisión consciente de no asumir el coste político de un debate serio, abierto y honesto sobre inmigración. Mientras tanto, el debate público se desplaza hacia cómo endurecer aún más las condiciones de acceso y permanencia, justo cuando el país ha superado por primera vez los 2,5 millones de trabajadores extranjeros.
La consecuencia es un modelo profundamente incoherente: la economía reclama mano de obra, talento y contribuyentes, mientras la política construye un relato de contención, excepcionalidad y sospecha. Las medidas restrictivas no solo fracasan a la hora de revertir la crisis laboral, sino que la cronifican, encarecen los costes empresariales y limitan la capacidad de crecimiento a medio y largo plazo. En lugar de afrontar el problema de fondo, el Gobierno opta por soluciones parciales (visados temporales, cuotas, excepciones sectoriales) que permiten ganar tiempo político, pero no garantizar futuro económico. En términos estrictamente económicos, esto equivale a administrar la escasez en lugar de corregirla. Quizás gobernar la demografía a golpe de mensaje identitario puede ser -como se pudo comprobar el domingo- electoralmente rentable; pero persistir en ello es, cada vez más, una irresponsabilidad económica difícil de justificar.
Esta estrategia también presenta una clara contradicción macroeconómica. En un país con una base contributiva cada vez más estrecha y con una presión creciente sobre el sistema de pensiones y de salud, limitar la integración plena de trabajadores extranjeros significa renunciar a una parte relevante del potencial fiscal futuro. Las medidas que penalizan o dificultan la inmigración pueden aportar tranquilidad política a corto plazo tal como busca este gobierno, pero erosionan la sostenibilidad económica a medio y largo plazo.
La economía reclama mano de obra, talento y contribuyentes, mientras la política construye un relato de contención, excepcionalidad y sospecha
En definitiva, el reto demográfico de Japón no se puede resolver únicamente con ajustes marginales del mercado laboral ni con políticas migratorias a medio camino. Sin una estrategia clara, coherente y socialmente asumida de atracción e integración de población activa, la economía japonesa corre el riesgo de consolidar una estabilidad aparente, sostenida más por la inercia que por una base estructural sólida. Y en un contexto global cada vez más competitivo, esta es una apuesta que puede resultar costosa. No es solo arriesgada: es una renuncia consciente a una parte del futuro económico del país.
La industria, entre los límites fiscales y el rearme
En el Japón de Takaichi, la industria se ha convertido en el eje discursivo que permite conectar seguridad, crecimiento y gasto público. El refuerzo del sector industrial, especialmente en ámbitos tecnológicos y estratégicos, es presentado como una necesidad económica pero también como una condición previa para garantizar la autonomía y la capacidad de defensa del país. Esta narrativa permite legitimar una expansión del gasto público bajo el paraguas de la competitividad industrial, evitando un debate directo sobre los límites fiscales y las prioridades presupuestarias.
Es en este marco que el rearme aparece como consecuencia, no como punto de partida. El aumento sostenido del gasto en defensa se inscribe dentro de una política industrial que aspira a revitalizar sectores como el aeroespacial, la construcción naval, la ciberseguridad, los semiconductores o los materiales avanzados. El Gobierno defiende que esta inversión puede actuar como motor de innovación y como palanca para reforzar la base productiva nacional, en un contexto de pérdida de dinamismo industrial y de presión creciente sobre la competitividad.
Aun así, esta estrategia plantea interrogantes relevantes sobre su viabilidad económica. La industria de defensa es intensiva en capital, dependiente de contratos públicos y con retornos a largo plazo, mientras que el margen fiscal de Japón es cada vez más estrecho. Sin un modelo claro de financiación y sin una priorización transparente, el riesgo es que la política industrial acabe subordinada a la lógica del rearme, desplazando recursos de otros ámbitos productivos o sociales con un impacto económico más inmediato.
La cuestión no es si Japón necesita una industria fuerte o una capacidad de defensa reforzada, sino si puede permitirse confundir política industrial con política de seguridad
Además, el efecto tractor sobre el conjunto del tejido empresarial no está garantizado. Si la expansión industrial asociada a la defensa se concentra en un número reducido de grandes conglomerados, con una dependencia elevada de tecnología importada, el impacto sobre la productividad, la ocupación cualificada y la innovación sistémica puede ser limitado. Sin una integración real de pymes, cadenas de valor locales y transferencia tecnológica, la industria corre el riesgo de convertirse en un instrumento presupuestario más que en un verdadero vector de crecimiento.
En última instancia, la cuestión no es si Japón necesita una industria fuerte o una capacidad de defensa reforzada, sino si puede permitirse confundir política industrial con política de seguridad. Presentar el rearme como estrategia económica puede facilitar consensos a corto plazo, pero no sustituye una visión industrial coherente ni resuelve los desequilibrios estructurales del país. La industria puede ser el puente entre seguridad y economía; convertirla en justificación automática de más gasto público es una apuesta con riesgos evidentes en un contexto de fragilidad económica creciente.
En el Japón actual, la estabilidad política funciona más como coartada que como proyecto. El Gobierno dispone de un poder parlamentario excepcional, pero lo utiliza para aplazar los debates que realmente condicionan el futuro económico del país: deuda, fiscalidad, gasto social, inmigración y productividad. La ausencia de un relato económico coherente no es fruto de la incertidumbre, sino de una decisión política consciente: evitar cualquier reforma que tenga coste electoral, aunque el coste económico sea acumulativo. Gobernar con mayoría no es sinónimo de gobernar con dirección, y Japón continúa confundiendo estabilidad institucional con sostenibilidad económica.
Desde el punto de vista empresarial, el riesgo no es un giro brusco de políticas, sino la persistencia de un modelo que administra la escasez en lugar de corregirla
Desde el punto de vista empresarial, el riesgo no es un giro brusco de políticas, sino la persistencia de un modelo que administra la escasez en lugar de corregirla. La política industrial vinculada al rearme, la gestión restrictiva de la inmigración y la dilación fiscal configuran un escenario de crecimiento limitado, dependencia presupuestaria y presión creciente sobre la base contributiva. Las últimas cifras de la deuda pública indican que este tiempo ya se está financiando con más emisión de bonos y con un margen fiscal cada vez más estrecho. Y en economía, cuando el tiempo se compra con deuda, el futuro acostumbra a llegar antes de lo que se prevé.