El gobierno japonés ha iniciado un proceso de reforma normativa de los visados de entrada a Japón, elevando de manera notable los requisitos del visado de Business Manager, una de las vías más solicitadas por extranjeros para abrir sus negocios en el país. El umbral de capital mínimo sube de cinco millones (unos 29.000 euros) a 30 millones de yenes (unos 172.500 euros), se exige la contratación de al menos un trabajador nacional o residente y se introduce un requisito lingüístico mínimo en japonés. Además, los planes de empresa deberán ser evaluados por un consultor de gestión, a menos que la sociedad tenga el tamaño de una cotizada. Las autoridades juzgan estas medidas como necesarias y argumentan que se trata de frenar prácticas fraudulentas y empresas pantalla, especialmente de ciudadanos chinos.
Esta nueva normativa, prevista para su promulgación a principios de octubre y aplicación a mediados de mes tras un período de consulta pública, busca aliviar la presión política de la extrema derecha sobre la inmigración tras recientes debates electorales, pero plantea dudas sobre sus efectos reales: ¿elevará la barrera de entrada para emprendedores y pequeñas iniciativas extranjeras, penalizará proyectos de bajo capital, retirará inversiones y pone en riesgo proyectos viables que pueden generar empleo y actividad local? Además, genera incertidumbre para decenas de miles de titulares actuales del visado y para las familias extranjeras que lo usan como vía de residencia.
Hasta ahora era suficiente con constituir la sociedad en Japón y acreditar cinco millones de yenes de capital o bien contratar a dos trabajadores a jornada completa residentes en el país; este visado permite estancias de hasta cinco años y es renovable. La exigencia de un informe externo de viabilidad -además del aumento del umbral de capital y de las nuevas obligaciones de contratación y de competencia lingüística- puede mejorar la calidad de los proyectos, pero también encarece y alarga los procesos. Los honorarios de los consultores y los requisitos técnicos elevarán la barrera de entrada; para muchas startups y pequeñas iniciativas esto puede hacer inviable utilizar esta vía para establecerse y residir en Japón de forma segura y estable.
El fraude como excusa
El gobierno justifica la revisión apelando a un supuesto aumento de casos fraudulentos, según la Immigration Services Agency (ISA), y varios parlamentarios han llegado a calificar el visado de “vía fácil” para extranjeros que quieren establecerse en el país con poco coste. Los ejemplos más citados son la creación de empresas pantalla y la presentación de documentos falsificados en el momento de renovar el permiso. Sin embargo, la misma ISA admite que no dispone de estadísticas concretas sobre el alcance real de estos fraudes, un vacío que debilita notablemente la solidez de la argumentación oficial.
Esta enmienda normativa propuesta también parece orientada a aproximar los requisitos de este visado a los de otras economías avanzadas. En muchos países son habituales unos umbrales de inversión más altos y un escrutinio más riguroso de la viabilidad de los proyectos empresariales. El gobierno la presenta, además, como parte de una estrategia para reforzar la competitividad internacional de Japón, con la voluntad de atraer emprendedores de “alta calidad”: aquellos que disponen de recursos, determinación y capacidad para impulsar iniciativas que contribuyan de manera sustancial a la economía del país.
Al imponer un capital inicial de carácter casi prohibitivo, Japón está excluyendo a la inmensa mayoría de emprendedores
Para los detractores de esta reforma de esta revisión normativa, endurecer drásticamente los requisitos de este visado no es una medida de protección del mercado, sino un error de cálculo que frena la innovación y la inversión extranjera. Elevar el capital mínimo de cinco a 30 millones de yenes, junto con el conjunto de obligaciones burocráticas adicionales, supone una estrategia regresiva que contradice los principios de un mercado abierto y competitivo.
Tal como recordaba el Premio Nobel de Economía Milton Friedman, la prosperidad no se genera por decreto, sino mediante la libre circulación de capitales y de talento humano. Al imponer un capital inicial de carácter casi prohibitivo, Japón está excluyendo a la inmensa mayoría de emprendedores que, aunque no dispongan de una gran fortuna, tienen algo que a menudo es más valioso: la creatividad, la capacidad de asumir riesgos y la voluntad de generar valor.
La teoría del crecimiento endógeno, popularizada por economistas como el también Nobel de Economía Paul Romer, muestra que el crecimiento a largo plazo no depende solo de la acumulación de capital físico y humano, sino sobre todo de la innovación tecnológica y de la generación de nuevas ideas y el emprendimiento es el motor de este proceso. Con cinco millones de yenes se puede poner en marcha una empresa tecnológica disruptiva, una consultora de nicho o un negocio de servicios capaz de crear puestos de trabajo y competir en un mercado competitivo como el japonés. Elevar el requisito hasta los 30 millones de yenes no es solo una barrera para el pequeño inversor, sino que también penaliza a la clase media emprendedora global, aquella que puede empezar con un capital razonable y hacer crecer el proyecto de manera orgánica.
Las empresas que realmente generan valor no son las que parten de un gran capital inicial, sino las que saben competir de manera más efectiva en el mercado
El economista Ludwig von Mises, uno de los más influyentes del siglo pasado, siempre defendió que el intervencionismo estatal, por bienintencionado que sea, conduce inevitablemente a distorsiones del mercado y la nueva normativa japonesa es un ejemplo claro: en vez de permitir que sea el mercado quien seleccione a los emprendedores con éxito -aquellos cuyos negocios prosperan y se expanden, generando empleo e impuestos-, el gobierno se atribuye el derecho de decidir quién es un “emprendedor legítimo” en función de la riqueza y de la validación burocrática. Esto no solo podría fomentar la corrupción y la ineficiencia, sino que también ahoga la competencia. Las empresas que realmente generan valor no son las que parten de un gran capital inicial, sino las que saben competir de manera más efectiva en el mercado.
Ineficiencia de la administración
La justificación de la medida, el supuesto “uso indebido” por parte de algunos solicitantes, es una excusa muy pobre para una reforma tan drástica. Un mercado eficiente y una burocracia competente deberían ser capaces de identificar y sancionar las malas prácticas sin necesidad de imponer barreras que acaben perjudicando a la gran mayoría de agentes económicos honestos y productivos. Haciendo una extrapolación, lo que ha hecho el gobierno sería como si prohibiera la entrada de todos los coches en Tokio solo porque un puñado de conductores comete infracciones.
Para aquellos emprendedores que no pueden alcanzar el nuevo requisito de los 30 millones de yenes -especialmente aquellos vinculados a los ámbitos tecnológicos-, una de las vías que queda abierta es el llamado Startup Visa. No se trata de un visado formal con esta denominación, sino de un estatus de residencia dentro de la categoría de Designated Activities que permite a los extranjeros entrar en Japón sin tener que cumplir inicialmente todas las condiciones del visado de Business Manager, como tener una oficina o aportar el capital exigible. El programa autoriza a llevar a cabo actividades de preparación de hasta un año (en algunos municipios, como Yokohama o Shibuya, hasta dos años) con el objetivo de poner en marcha la empresa.
La nueva regulación de visados en Japón es una medida proteccionista que contradice los principios de un mercado libre que el mismo gobierno nipón defiende a escala internacional.
El proceso pasa primero por presentar un plan de negocio ante un gobierno local que haya adoptado el programa -como Tokio, Aichi, Kioto o Yokohama- y obtener un certificado de validación si se considera factible que se puedan cumplir los requisitos dentro del plazo establecido. Con este documento, el emprendedor solicita después el visado a la Agencia de Inmigración. La finalidad última es que, durante este periodo, se pueda conseguir la financiación necesaria, establecer una oficina y crear la sociedad para después dar el salto al visado de Business Manager, a pesar de las nuevas exigencias.
Esta nueva regulación de visados en Japón es, pues, una medida proteccionista que contradice los principios de un mercado libre que el mismo gobierno nipón defiende a escala internacional. Y no solo no afronta la raíz del problema -la ineficiencia burocrática a la hora de auditar, controlar y publicar las cifras que justificarían la reforma- sino que no ha diseñado medidas proporcionales al problema ni ofrece vías transitorias y de apoyo para los actuales titulares del visado: solo ha levantado un muro financiero y ha optado por medidas burocráticas para excluir a emprendedores legítimos.
Japón puede y debe alinear sus requisitos con los de otras economías avanzadas, pero no a costa de ceder a la presión política de los extremistas ni de renunciar a la apertura necesaria para atraer talento e inversión. La clave debería ser reforzar los mecanismos de control para detectar y sancionar el fraude, sin asfixiar el emprendimiento legítimo. Si Tokio persevera en una regulación que cierra la puerta a los pequeños emprendedores globales, el precio a pagar puede ser, a medio y largo plazo, una pérdida de dinamismo económico y de competitividad internacional.
Evidentemente, Japón tiene derecho a protegerse del fraude, pero si lo hace levantando muros contra el emprendimiento, el que acabará perdiendo no son los especuladores, sino el talento y la competitividad del país.