Desde el pasado abril, Japón ha comenzado a aplicar una nueva contribución obligatoria vinculada al sistema público de salud que muchos ya han bautizado como el “impuesto a los solteros”. Oficialmente, se trata de un fondo para reforzar las políticas de apoyo a la infancia, pero la percepción es otra: en un país cada vez más envejecido, también deberán pagar aquellos que no tienen hijos. La medida ha abierto un debate incómodo sobre hasta qué punto la natalidad es una cuestión privada o una responsabilidad colectiva.
La política llega en un momento especialmente delicado para Japón. Los últimos datos, hechos públicos este año, confirman que en 2025 nacieron solo 705.809 niños, el registro más bajo desde que hay estadísticas, a finales del siglo XIX. La caída se encadena ya durante una década y consolida una tendencia que hace años que preocupa a las autoridades. En paralelo, el país continúa perdiendo población a gran velocidad, con más del doble de defunciones que nacimientos año tras año, tensionando un sistema de bienestar pensado para una sociedad que ya no existe.
La medida ha abierto un debate incómodo sobre hasta qué punto la natalidad es una cuestión privada o una responsabilidad colectiva
Hoy, en Japón, por cada niño que nace mueren más de dos personas, una proporción que resume mejor que ningún otro dato la profundidad de la crisis demográfica. En este contexto, el nuevo fondo —incluido dentro de la llamada Estrategia de futuro infantil— busca repartir el coste de la crisis demográfica. Aunque el gobierno evita hablar de impuesto, se trata de una contribución obligatoria vinculada al sistema de salud que afectará prácticamente a toda la población: trabajadores, autónomos, jubilados y empresas. La aportación será progresiva y relativamente moderada —unos pocos centenares de yenes al mes en los próximos años—, pero el debate no es tanto la cantidad como el principio.
No es extraño que muchos japoneses hayan bautizado la medida sin eufemismos: “impuesto a los solteros”. Porque, más allá del nombre oficial, la sensación es clara: se pide a quien no tiene hijos que pague por una natalidad que no llega. Y esto, en un país donde cada vez más personas viven solas o retrasan indefinidamente la maternidad y la paternidad, no por capricho, sino por las condiciones de vida, genera un malestar difícil de ignorar.
El debate, en el fondo, va mucho más allá del dinero. Tiene que ver con una pregunta incómoda que Japón ha puesto sobre la mesa antes que nadie: ¿hasta qué punto es justo socializar el coste de una crisis que nace de decisiones individuales, pero también de un sistema que hace cada vez más difícil formar una familia? Cuando tener hijos depende tanto de la estabilidad laboral, del precio de la vivienda o de la conciliación, quizás el problema no es quién paga, sino por qué cada vez menos gente puede o quiere asumir este paso.
La dimensión del problema se hace aún más evidente cuando se mira la fotografía completa. En solo dos años, Japón ha perdido cerca de dos millones de habitantes, una caída que ya no se puede explicar como una anomalía puntual sino como una tendencia consolidada. El descenso no es solo numérico: implica menos población activa, más presión sobre el sistema de pensiones y una transformación profunda del tejido social en muchas regiones del país.
Si no hay cambios significativos, Japón podría pasar de los actuales cerca de 125 millones de habitantes a unos 100 millones hacia 2050, y caer por debajo de los 90 millones antes de 2070
Y esta dinámica no parece tener freno a corto plazo. Con estos datos, Japón ha entrado en una fase de contracción demográfica acelerada que pone en cuestión los equilibrios sobre los cuales se ha construido su modelo económico y social. El debate sobre quién debe pagar por la natalidad, en este contexto, es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo: cómo sostener una sociedad que se hace pequeña a gran velocidad.
Las proyecciones tampoco invitan al optimismo. Si no hay cambios significativos, Japón podría pasar de los actuales cerca de 125 millones de habitantes a unos 100 millones hacia el 2050, y caer por debajo de los 90 millones antes del 2070. Aún más revelador es el peso creciente de la gente mayor: se calcula que en las próximas décadas casi cuatro de cada diez japoneses tendrán más de 65 años. Más que una crisis puntual, lo que se entrevé es un cambio de país, con implicaciones económicas, sociales e incluso territoriales difíciles de revertir.
El contraste se hace especialmente visible en el ámbito migratorio. A pesar de la creciente falta de mano de obra en sectores clave, Japón continúa evitando una apertura decidida a la inmigración y opta por vías parciales y altamente reguladas. En los últimos tiempos, además, se han introducido medidas que endurecen las condiciones para los residentes extranjeros, como el incremento de determinadas tasas administrativas —incluidas las de renovación de residencia o acceso a la residencia permanente— y requisitos más exigentes para la naturalización.
En paralelo, algunas decisiones han ido en sentido contrario para los ciudadanos japoneses, como la reducción del coste del pasaporte, que se ha abaratado más de un 60% del precio. Sin necesidad de grandes declaraciones, este tipo de políticas proyectan una idea de prioridad nacional en un momento en que el país, desde el punto de vista demográfico, necesita ampliar su base poblacional. La paradoja es evidente: Japón busca cómo sostener su modelo social mientras continúa poniendo límites a una de las vías más inmediatas para hacerlo.
Desde un punto de vista económico, esta combinación de baja natalidad y restricciones a la inmigración apunta hacia un escenario complejo. Con una población activa en retroceso, Japón se enfrenta a una escasez creciente de mano de obra que ya afecta a sectores clave como la construcción, la sanidad o los servicios. A corto plazo, esto puede traducirse en tensiones salariales y dificultades para mantener el ritmo de actividad, mientras que a medio y largo plazo plantea interrogantes sobre el crecimiento potencial de una economía con menos trabajadores y más dependencia.
La paradoja es evidente: Japón busca cómo sostener su modelo social mientras continúa poniendo límites a una de las vías más inmediatas para hacerlo
Al mismo tiempo, el aumento del peso de la población jubilada incrementa la presión sobre el sistema de pensiones y el gasto público, en un equilibrio cada vez más difícil de sostener. Sin una ampliación de la base de contribuyentes —ya sea a través de un repunte de la natalidad o de una mayor apertura a la inmigración—, el riesgo es entrar en una dinámica de crecimiento débil, más carga fiscal y ajustes progresivos del estado del bienestar. En este contexto, las decisiones actuales no solo condicionan el presente, sino que delimitan el margen de acción económico de Japón en las próximas décadas.
Este equilibrio se vuelve aún más delicado en el actual contexto político. El gobierno liderado por Sanae Takaichi ha planteado la necesidad de impulsar unos presupuestos más expansivos y reforzar de manera significativa el gasto en defensa, en línea con la evolución del contexto geopolítico en la región. Pero esta apuesta choca con una realidad demográfica adversa: menos contribuyentes, más gasto social y un margen fiscal cada vez más limitado. La tensión entre seguridad, crecimiento y sostenibilidad presupuestaria se perfila así como uno de los grandes retos de Japón en los próximos años.
En este contexto, el llamado “impuesto a los solteros” no deja de ser una respuesta parcial a un problema estructural. Puede repartir costos, pero no cambia la dinámica de fondo. Japón vuelve así a funcionar como un precedente de lo que Europa —y China— empieza a entrever: menos nacimientos, más envejecimiento y gobiernos atrapados entre la necesidad de actuar y la dificultad de hacerlo sin alterar profundamente el contrato social. La pregunta ya no es si estas medidas son suficientes, sino cuánto tiempo se puede sostener un sistema pensado para una sociedad que ya no existe.