La enseñanza superior se ha convertido en objeto del deseo de numerosos actores económicos privados: fundaciones, empresas, universidades extranjeras... El paquete de estudios superiores más inserción laboral en la empresa se ha convertido en un solo producto y el factor de competitividad más determinante para las numerosas iniciativas de nuevas universidades privadas frente a las universidades públicas tradicionales. Estas últimas se defienden intentando poner orden en la jungla que se ha ido creando, pero la vinculación con el mundo de la empresa continúa siendo la asignatura pendiente de la universidad pública
El atractivo de disponer de una universidad privada
A estas alturas, se contabilizan un total de 44 universidades privadas en España, 36 presenciales y ocho más a distancia. Entre estas últimas ocho, se incluye la Universitat Oberta de Catalunya, con estatus de universidad privada pero financiada mayoritariamente por la Generalitat de Catalunya. Y dentro de las presenciales, también encontraríamos la Universitat de Vic i Central de Catalunya, que vendría a ser también como una universidad privada concertada -como las escuelas- con la administración catalana. Este modelo de gestión privada, pero con financiación pública, sin embargo, es exclusivo de Catalunya y no ha sido replicado en España.
Desde 1998 no se funda ninguna universidad pública en España, después de que los primeros años de la democracia vieran un gran desarrollo, sobre todo en las comunidades autónomas que no tenían, como es Illes Balears. Desde esta misma fecha, las universidades privadas se han multiplicado por cuatro y se acercan en número a las públicas, que son 50.
A estas alturas, se contabilizan un total de 44 universidades privadas en España, 36 presenciales y ocho más a distancia
En Catalunya, además de las dos privadas sui generis ya mencionadas, tenemos tres más estrictamente privadas: la Ramon Llull, la UIC y la Abat Oliva CEU. En algunas ocasiones han aparecido por iniciativa de diversas escuelas superiores privadas y de prestigio -como Esade o el IQS- que buscaban un paraguas común bajo la marca universitaria. Tenemos también siete universidades públicas, las de última creación, las cuales corresponden a aquellos territorios sin universidad propia -Girona, Lleida, Tarragona-, además de la UPF de Barcelona.
Hay que preguntarse, pues, el porqué de esta efervescencia de universidades privadas, sobre todo en el resto del Estado. Decíamos que entre los promotores encontramos fundaciones -a su vez con importante representación de empresas privadas- y algunas empresas, como por ejemplo Planeta. En cualquier caso, parece que en todos los casos se ha considerado estratégico por parte de las empresas implicadas tener un pie en la universidad por diversos motivos, que van desde el prestigio hasta la selección de talento o el negocio más o menos encubierto.
De hecho, históricamente ya había habido diversas iniciativas de enseñanza -sobre todo profesional- a distancia. Ahora, la enseñanza superior también se ha incorporado en este ámbito de negocio. Muchas de estas participaciones empresariales están vinculadas a la construcción de inmuebles para desarrollar allí los estudios, con lo cual se trata de una inversión real, que seguro que se revalorizará y que, eventualmente, puede ser vendida a otra empresa que quiera implicarse en ella.
El Banco Santander, pionero en la colaboración con la universidad pública
Esto no quiere decir que las empresas no tengan vinculación con las universidades públicas. Quizás el caso más destacado en las últimas décadas ha sido el Banc Santander, que hizo una apuesta general por acercarse a través de las universidades a los futuros licenciados y profesionales que, con el tiempo, habían de formar el núcleo duro de las clases medias altas y dirigentes en general. Otro camino más puntual, pero mucho más diverso, ha sido el apoyo a grupos especializados de trabajo y de investigación en materias próximas a los intereses de la empresa. Esta vía se ha desarrollado muy especialmente en Catalunya, con un papel destacado del mundo farmacéutico y de la salud en general.
Precisamente, una de las críticas más consistentes que se hacen a las universidades privadas es que la gran mayoría, especialmente las de creación más reciente, no hacen casi investigación, que queda muy restringida a las públicas. Estas últimas han hecho un esfuerzo y un salto considerable en las últimas décadas para exceler en este ámbito. El sistema implantado de progresión en la carrera universitaria, que valora sobre todo el número de artículos y de citas en publicaciones científicas, ha influido enormemente en la mejora de la valoración internacional de las universidades catalanas y españolas en los diversos rankings que cada poco tiempo se hacen públicos y están impulsados por diversas organizaciones.
La UB figura entre las 200 mejores universidades del mundo y la UAB y la UPF forman parte de las 400 primeras
Quizás el más reconocido sea el llamado ranking de Shanghai, que lideran Harvard, Stanford y el MIT. La UB figura entre las 200 mejores universidades del mundo y la UAB y la UPF forman parte de las 400 primeras. En total, 36 universidades del Estado español figuran en la lista de mil, de las cuales siete son catalanas, las siete públicas.
La investigación de la universidad pública como finalidad en sí misma
Sin embargo, esta evolución al alza tiene también efectos perversos. El primero es la especialización extrema a la que llegan muchos profesores universitarios que, si quieren ser competitivos en el mundo de la investigación, deben concentrarse muy específicamente en un ámbito muy restringido de conocimiento y esto les impide a menudo disponer de una visión más global del conjunto de su disciplina
El segundo, y más importante, es que la investigación y la publicación han devenido una finalidad en sí misma, de la cual muchas veces los alumnos se benefician poco y las empresas todavía menos. El equilibrio entre la ciencia y las necesidades de innovación de las empresas es siempre difícil de alcanzar, pero el sistema universitario público actual está -con algunas excepciones, sobre todo en el campo de la salud- muy decantado hacia la investigación en sí misma porque así es premiada desde la carrera profesional.
La transferencia de conocimiento entre universidad (pública) y empresa es una asignatura pendiente desde hace décadas, en la que se han ensayado diversos mecanismos y procedimientos para estimularla y hacerla más efectiva. Algunos los hemos mencionado más arriba, como las cátedras patrocinadas por empresas o los grupos y proyectos de investigación más específicos. Evidentemente, muchas veces, desde la universidad se hace investigación básica, elemento imprescindible para después poder desarrollar la investigación aplicada, que es la que finalmente interesa a las empresas. Pero el sistema a estas alturas tiene un amplio margen de mejora del que todavía no se ha encontrado la solución.
El Estatuto del becario
Hablábamos antes de los intentos de las universidades públicas de limitar lo que consideran competencia desleal de las nuevas y dinámicas -o agresivas, según se mire- universidades privadas. Por un lado, hace unos meses el gobierno español aprobó una serie de requisitos para autorizar una universidad privada. Se trata sobre todo de evitar que cualquier espabilado pueda montar una universidad privada de la nada, o casi. Sea presencial o no presencial. Por eso se establecen unos mínimos en términos de dimensiones -para que la academia de al lado de casa no pueda decirse universitaria así como así- y de calidad, sobre todo en términos de la titulación del profesorado
El tema, sin embargo, que ha levantado más polvareda ha sido el llamado Estatuto del becario. Es decir, cómo se regulan las prácticas de los estudiantes o recién licenciados en las empresas. De forma similar al debate que se desarrolla en la formación profesional dual, el principal punto de conflicto es si los becarios deben cotizar a la seguridad social y quién asume el coste de estas cotizaciones. No hace falta decir que desde las patronales se niegan a pagarlas y las universidades, básicamente si son públicas, son muy reticentes.
Hace pocos días, el Consejo Económico y Social (CES) emitió el preceptivo, pero no vinculante informe, y cada parte quiso interpretar que le daban la razón. En cualquier caso, desde las universidades privadas y en la medida en que hay un acuerdo tácito de que la matrícula lleva incorporada la inserción laboral del futuro licenciado, se han mostrado mucho más abiertas a asumir el coste de estas cotizaciones sociales con el objetivo de asegurarse de que sus alumnos dispondrán de prácticas donde, por poco bien que lo hagan, es muy probable que acaben encontrando el primer trabajo.
En busca de mano de obra cualificada
De hecho, en el contexto actual de falta de mano de obra -sobre todo cualificada- y de la necesidad de captar talento, el mercado laboral está cada vez más condicionado por la disponibilidad de este tipo de personal. Hasta el punto de que hay expertos que sostienen que se ha producido una devaluación de los tradicionales másteres y doctorados que durante las últimas décadas tanto se habían impulsado como fórmula para alcanzar un grado más elevado de excelencia. Y es que muchas empresas, de entrada con graduados universitarios tienen suficiente y la especialización ya la desarrollarán en la misma empresa, si es el caso.
El tema de las matrículas -que los que tienen medios hacen a menudo en el extranjero- se había convertido en una forma de financiación a precios de mercado de las universidades públicas que, muy recientemente, ha obligado a la Administración a poner límites en el importe de las matrículas. Un fenómeno similar al de las tarifas universitarias públicas. Si no hace muchos años el criterio era que las matrículas pagadas por los estudiantes debían ir acercándose al coste real de los estudios, los cambios políticos y sociales de los últimos años han invertido la tendencia.
La vinculación con la empresa privada ha devenido el gran factor diferencial de competitividad en la nueva pugna entre universidad pública y universidad privada
Esta oscilación hacia tarifas más asequibles habría favorecido la diferenciación más intensa entre universidades públicas y fuertemente subvencionadas y universidades privadas, con tarifas a precios de mercado. Estas últimas, para mantener la competitividad -como decíamos al principio- ofrecen un paquete implícito de mayor empleabilidad en la empresa privada. Porque, recordemos que un título público solo es requisito para acceder a un trabajo en el mismo sector público mientras que la empresa privada establece los requisitos de nuevas contrataciones según su criterio particular donde, muchas veces, un título de una universidad privada se puede cotizar más que el de una pública.
En definitiva, la vinculación con la empresa privada -sea en términos de empleabilidad o de investigación aplicada- ha devenido el gran factor diferencial de competitividad en la nueva pugna entre universidad pública y universidad privada.