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Hoy no hay vivienda porque no hay política efectiva, sobre todo de suelo, por más planes urbanísticos municipales que haya, todo un Pla Sectorial d’Habitatge de escala catalana y unos Plans Territorials del todo etéreos. Hoy, gobernar movilidad, actividad, vivienda, fomento regional... no supera una charla de café. No escandaliza a nadie que exista planeamiento urbanístico y, a la vez, un incumplimiento generalizado. Nos haría falta una actuación pública garantizada y no una espera de brazos cruzados, hoy presente en todas, todas, las administraciones catalanas. Los planes son plani-ficción, leyendas. Es como si habláramos de vivienda sin industria de construcción.
¿Cómo pueden existir unos planes al margen de la vida urbana, inmunes al hecho de si se crece demográficamente o no? Esto no es flexibilidad, es alienación, inoperancia. Unos planes no mucho más rigurosos que las viejas cuadrículas de ensanche, que servían para escenarios de décadas. Esta no es la planificación que nos hace falta. Sí, cierto, lo llaman “planeamiento”, no planificación, ¡buena excusa! En urbanismo, los planes son regulaciones legales, sin gestión, documentos útiles a los municipios para tramitar, pero estratégicamente vacíos y, más aún, en los planes a escala de país. Todo ello consiste en un montón de urbanistas haciendo más de abogados que de constructores de ciudad. Es tan grave como si, en un símil, los programas de vacunación no se cumplieran y quedaran en simples ilusiones de papel.
El planeamiento no puede ser sino una manifestación de una estrategia urbana y, a falta de ella, poseemos planes en cada municipio para estrategias territoriales ausentes. En toda estrategia, en toda política, hace falta una organización capaz de llevarla a cabo.
Estrategia y organización
¿Organizaríamos un servicio de Salud solo con un simple dispensario en cada pueblo? y, a lo sumo, ¿un hospital solo en Barcelona? Pues, eso mismo es lo que estamos haciendo en vivienda, en nombre de la autonomía (no competencia, o incompetencia municipal), que no se responsabiliza en absoluto de esta demanda. ¿Costaría tanto prever el símil de una red profesional de Centros de Asistencia Primaria (CAP) y una hospitalaria de mayor nivel, en el campo de la vivienda?
Al principio es el suelo, que es el desencadenante necesario de una política pública de vivienda, el grado cero de partida. Hay que crear suelo, no solo para nuevo crecimiento, sino empezando por densificar ordenadamente las ciudades. Y es posible y urgente hacer emerger suelo inmediatamente, un suelo que ya es efectivamente urbano, cuando nos está explotando el problema en los dedos.
Joan Antoni Solans, director general de urbanismo en la primera Generalitat, creó el Incasòl, organismo promotor público de suelo
No nos hace falta un nuevo Solans, nos hacen falta veinte. Joan Antoni Solans, director general de urbanismo en la primera Generalitat, creó el Incasòl, organismo promotor público de suelo. Nunca más se ha hecho nada parecido y ahora ya no es posible una repetición unipersonal. Nos hace falta organizar el país en los justos umbrales necesarios y suficientes, ni muchos ni pocos.
Se necesitan no menos de 150.000 habitantes para asegurar un servicio completo urbanístico y de vivienda, debido a su complejidad, como tampoco hay hospital a menor escala. Unos servicios capaces de crear suelo, de urbanizar y de promover vivienda (que no es necesariamente construir y hacer patrimonio) en dimensión efectiva. Y, sin embargo, un servicio urbanístico es mucho más sencillo que un CAP, razón de más que hace explícito el escándalo en el que estamos.
Servicios territoriales de vivienda (y más)
Hay que retomar aquel hilo de la gestión urbanística abandonada desde hace años y que, ciertamente, existió no solo en la Barcelona olímpica, sino en muchos más lugares. Partimos de una profunda crisis y pobreza de organización profesional y urbanística, cuando de técnicos hay, a la vez que domina una visión centralista y exclusivista desde la Generalitat, cuando lo que hace falta es estructurar, hacer país. Partimos de una Ley de Urbanismo que no organiza su propia gestión y despliegue. Tal como quedarse en un tratado de medicina, sin la organización hospitalaria consecuente. Toda la práctica prevista en el texto, pero ningún interrogante sobre la parálisis organizativa y de aplicación de cómo hacerlo. Por el contrario, muchos buenos médicos y economistas han sido directivos orgánicos de Salud. Un símil del todo ausente en política territorial.
Mapa de posibles agencias de vivienda y otros campos territoriales, en las grandes ciudades y a las capitales regionales.
Asegurar una organización para la gestión de la vivienda supondría contar con unas ocho grandes ciudades y unas doce regiones en las que establecer un servicio universal. Serían unas veinte oficinas, más sencillas y económicas que un CAP, para una organización territorial al servicio de la vivienda, la movilidad, los polígonos de actividad, los aspectos ambientales..., con el fin de ejercer una visión integrada del urbanismo y el territorio. En cuanto a su concepto, serían agencias del mundo local, no de la Generalitat, vinculadas a los ayuntamientos y/o a las diputaciones, pero al servicio de los municipios, como primer paso hacia los gobiernos regionales (veguerías) que se necesitan y que solo podrán surgir de la democratización y descentralización de las diputaciones. Una realidad que hoy solo puede ejercer el Área Metropolitana de Barcelona, desde una visión de país dividido en dos: AMB frente a no AMB. Sin improvisar más de la cuenta, debemos tener presente que no se trata de crear más administración, sino de reformar la existente, algo factible si se gobierna con criterio.
Consenso y proyecto
La política de suelo haría posible un pilar esencial del Estado del bienestar. Si el sistema concertado se sostiene mediante financiación económica en sanidad y educación, en vivienda la base es el suelo. Se podría empezar por algunos mínimos y crecer después, pero habría que aplicarlo en todo el territorio. No hace falta una gran estructura de entrada, pero constatamos que ni siquiera esto se pretende.
Y, estratégicamente, la opción de activar la política de suelo podría ser aquel argumento “técnico” que ordenaría el debate político y social donde estamos en vivienda, polarizado en exceso de carga ideológica y sin proyecto. Una opción que se haría con mirada de futuro, siendo la base de un acuerdo social que se construiría con fundamentos. ¿Algún político captará la idea?
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