Greenpeace ha presentado más de una treintena de propuestas clave al anteproyecto de la nueva Ley de Alimentación de Catalunya con el objetivo de que se convierta en una herramienta efectiva para impulsar un sistema alimentario más saludable, sostenible y justo. La organización ecologista valora positivamente las medidas del texto relativas al consumo, pero considera que las centradas en la producción son aún insuficientes y poco transformadoras.
Según Greenpeace, la nueva ley debería ir mucho más allá de las buenas intenciones e incorporar mecanismos reales que permitan una transición agroecológica en Cataluña. La organización propone que se reconozca el derecho a la alimentación como un derecho subjetivo y exigible, y que éste quede blindado en el Estatuto de Autonomía. Asimismo, plantea impulsar la producción agroecológica con objetivos vinculantes: alcanzar como mínimo el 25% de producción ecológica en 2030 y el 100% en 2050, tanto en agricultura como en ganadería. Para hacerlo posible, reclama la creación de un fondo específico de transición agroecológica y el desarrollo de un Plan Estratégico de Ganadería que permita eliminar progresivamente la ganadería intensiva en el territorio.
Carolina Pérez: “La nueva ley alimentaria puede y debe ser una herramienta decisiva para transformar el sistema agroalimentario catalán"
“La nueva ley alimentaria puede y debe ser una herramienta decisiva para transformar el sistema agroalimentario catalán. No nos podemos quedar en medidas estéticas o consultivas. Es necesario garantizar el derecho a una alimentación sana, justa y sostenible, y esto implica apoyar decididamente a quien produce respetando el planeta y las personas”, ha declarado Carolina Pérez, coordinadora de Greenpeace Cataluña.
Otro de los puntos destacados por la organización es la necesidad de una reforma profunda de la compra pública alimentaria. Greenpeace considera que ésta debe ser una herramienta estructural para transformar el sistema alimentario, priorizando productos de proximidad, ecológicos y sin intermediarios, y garantizando el acceso de los pequeños productores familiares y sociales a las licitaciones públicas. En este sentido, recuerda que la Ley de Contratos del Sector Público ya establece criterios ambientales y sociales que deben aplicarse de manera obligatoria, aunque a menudo no se cumplen.
El acceso justo a la tierra es otro de los elementos centrales de las propuestas. Greenpeace defiende la creación de un banco público de tierras para evitar la especulación y favorecer el acceso de jóvenes, mujeres rurales y proyectos con prácticas sostenibles. También exige una definición clara y el reconocimiento jurídico de la explotación familiar como modelo prioritario, como vía para proteger las formas de producción arraigadas en el territorio.
En cuanto a los hábitos alimentarios, la organización apuesta por una transición hacia dietas más saludables y sostenibles, basadas en proteínas vegetales como las legumbres y con una reducción progresiva de los productos de origen animal. En este ámbito, pide que todos los comedores públicos adopten antes de 2030 las recomendaciones dietéticas saludables y sostenibles establecidas por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN).
Greenpeace también destaca la necesidad de introducir la educación alimentaria en todas las etapas formativas y garantizar un etiquetado obligatorio que informe sobre el origen de los alimentos, el modelo de producción y su impacto social y ambiental. Asimismo, denuncia el aumento de prácticas de greenwashing y publicidad engañosa por parte de la industria alimentaria.
En relación con la cadena de producción y distribución, la organización ecologista propone medidas para mejorar la capacidad de negociación de los pequeños productores, impulsar los circuitos cortos de comercialización, garantizar precios justos y reducir el desperdicio alimentario. También defiende la creación de estructuras logísticas como los food hubs, que conecten la producción ecológica de proximidad con la demanda urbana.
La organización hace un llamamiento a las instituciones catalanas para que desarrollen esta ley con criterios científicos, sociales y ambientales sólidos, a la altura de los retos que afronta el país: la crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la precariedad estructural del mundo agrario.