Un juez acaba de dar la razón a Glovo en una querella iniciada por un competidor, Just Eat, el cual le acusaba de competencia desleal. La contratación de falsos autónomos que hace Glovo, pedía Just Eat, le permite ganancias importantes, mientras las otras compañías del sector de la entrega a domicilio deben establecer relaciones con sus trabajadores de calle firmando contratos con todos los derechos incorporados a la plantilla. Otro juez, hace unos meses, dijo justamente lo contrario y obligó a Glovo a hacer cumplir la legislación vigente y erradicar los falsos autónomos, convirtiéndolos en trabajadores por cuenta de la empresa.
Lo bueno de la democracia es que dos jueces interpretan la ley de forma contradictoria y las garantías procesales facilitan que las partes recurran a instancias superiores en busca de sentencias más beneficiosas para sus intereses. Por ello, la justicia en democracia es más cara que en cualquier formato de populismo autoritario. Curar permanentemente de poner al día las leyes, establecer un marco operativo y técnico para que los jueces trabajen con tranquilidad, asegurar que la ciudadanía, las organizaciones y las empresas acceden a una defensa tan completa como sea posible, y hacer cumplir lo que se ha dictado tiene un coste superior.
Los ciudadanos están dispuestos a pagar por estos servicios de justicia:
- Aunque algunos jueces se remitan más a sus criterios y prejuicios personales que a las normas que deben aplicar.
- Aunque los plazos temporales de los procesos judiciales sean muy diferentes según la minuta que cada uno pueda pagar.
- Aunque los aparatos judiciales muestren unas costuras tecnológicamente anticuadas.
El juez que ha dado la razón a Glovo afirma en la sentencia que la figura de los falsos autónomos se convierte en un “sistema más eficiente para atender a una demanda oscilante”, indicando que muchos trabajadores prefieren un régimen fiscal de trabajador autónomo a estar obligados a seguir las directrices dentro de la estructura de la empresa.
Lo bueno de la democracia es que dos jueces interpretan la ley de forma contradictoria y las garantías procesales facilitan que las partes recurran a instancias superiores en busca de sentencias más beneficiosas para sus intereses
Por su parte, las sentencias del Tribunal Supremo de 2020 y de la Audiencia Nacional de 2023 confirman que el rider es un trabajador por cuenta ajena, no un autónomo, y la Ley Rider de 2021 aprueba reforzar la sentencia del Supremo obligando a Glovo a contratar a sus repartidores como asalariados. Los argumentos que utiliza el Supremo son los siguientes: la existencia de dependencia dado que la empresa es quien establece los horarios y las zonas de reparto controlando el trabajo a través de una aplicación que puntúa, sanciona, desactiva y fija el algoritmo; el hecho de que el trabajador aporte el medio de transporte no se puede considerar como un signo de autonomía; y la relación entre el repartidor y la plataforma es “personal, directa y continuada”.
Ganancias ocultas
La sentencia del Supremo deja claro también que la empresa se ahorra obligaciones laborales como el salario mínimo, las vacaciones, las cotizaciones a la Seguridad Social, el seguro de desempleo. A estos aspectos se agarraba Just Eat para demandar a Glovo. Entre una figura fiscal y otra hay una diferencia importante que perjudica a todas aquellas empresas que internalizan a sus repartidores.
En un curso que dicté en la Universidad Pacífico de Perú a finales de la década pasada, propuse un juego de rol entre seis grupos de trabajo. Los chicos y chicas que representaban la figura de los falsos autónomos defendieron mejor que los otros partners del negocio su posición, alegando que era más cómodo y les permitía trabajar cuando querían sin someterse a ninguna disciplina empresarial.
Me pareció muy adecuada esta posición vista desde los estudiantes. En la situación económico-social del país, se trata de una oportunidad de complementar unas ganancias o de permitir que muchos de ellos estudiaran que de otro modo no lo podrían hacer. Ahora bien, en un país del Primer Mundo sostengo que las relaciones laborales deben quedar bien claras. Una figura es la del voluntario, otra la del colaborador externo y otra bien diferente, la del trabajador por cuenta ajena. Cada una de ellas debe estar protegida diferenciadamente, para evitar malentendidos. Más aún cuando las tecnologías facilitan nuevas formas de trabajo y de relaciones entre las empresas y los trabajadores.
La sentencia del Supremo deja claro también que la empresa se ahorra obligaciones laborales como el salario mínimo, las vacaciones, las cotizaciones a la Seguridad Social, el seguro de desempleo
Los vínculos laborales no se pueden ocultar; matizar, quizás sí, pero negarlos nunca, sirviendo de subterfugios que benefician frente a la competencia. Las sentencias del Supremo y de la Audiencia Nacional son bien claras. La decisión del juez y sus opiniones que apoyaban la semana pasada la visión de Glovo tiene un largo recorrido aún en los tribunales superiores.
Se trata de dos modelos, uno de los cuales no actúa en igualdad de condiciones. Mientras uno considera todos los factores productivos incluyendo el trabajo de los riders dentro del corazón de la empresa, el otro la convierte en algo externo a su producción. ¿Es o no fundamental la aportación de estos a los objetivos fijados de rapidez, mantenimiento de la calidad del producto a lo largo del recorrido, buen servicio, trato exquisito?
A los nuevos modelos de negocio como estos les pedimos que penetren en lo más nuevo y satisfactorio para el cliente, innovando los sistemas y las tecnologías, pero las ganancias no deben venir por menospreciar a la parte laboral.