Telefónica añade 223 personas más a su proceso de salidas de trabajadores, con otro expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a la filial Telefónica Innovación Digital. En concreto, este martes la compañía ha constituido con los sindicatos la mesa para el ERE en la filial, que tiene una plantilla de 993 trabajadores. Telefónica, por tanto, prevé la salida de un 23,46% del personal de esta compañía.
Todo ello sitúa, por ahora, la cifra de afectados por los ERE en el grupo en 5.692 personas: 3.649 trabajadores de Telefónica España, 1.124 de Telefónica Móviles, 267 de Telefónica Soluciones, 279 de Movistar+ y 140 de Global Solutions. Quedan por concretar las afectaciones en una filial más: Telefónica SA.
A partir de la constitución de las mesas de negociación, hay 30 días para negociar el número final de despidos y las condiciones económicas. Los sindicatos reclaman que “cualquier medida” que se adopte se articule como un proceso “estrictamente voluntario” basado en prejubilaciones, tal como se había hecho en expedientes anteriores.
Ahora mismo, la filial que sale peor parada es la más numerosa, Telefónica España, con un 41% de trabajadores afectados. Esta sociedad gestiona los servicios de telecomunicaciones fijas e infraestructuras. En segundo lugar se encuentra la plataforma televisiva Movistar+ con un porcentaje que se eleva al 32,45% de la plantilla, mientras que en tercera posición está Telefónica Móviles con un 31,34% de empleados incluidos en la lista de salidas. Los porcentajes son más bajos en Telefónica Soluciones (23,89%), que presta servicios a empresas; Telefónica Innovación Digital (23,46%) y Telefónica Global Solutions (21,94%), que provee servicios multinacionales.
Telefónica ya hizo un ERE el año pasado, que se saldó con 3.420 afectados, un 30% menos de lo que se planteó inicialmente. El coste global del recorte de plantilla se situó en 1.300 millones de euros antes de impuestos.
Divergencia de opiniones entre ministros
El movimiento ha sido abiertamente criticado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha contactado por carta a la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), órgano público que es propietario de un 10% de la operadora, para expresar su malestar por esta decisión empresarial. “No compartimos en absoluto que una empresa que tiene beneficios y que está participada con recursos públicos de los ciudadanos españoles despida a más de 5.000 trabajadores”, ha dicho Díaz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “El dinero público no está para despedir a nadie”, ha añadido
En cambio, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, había dicho anteriormente que el proceso debe contar con el acuerdo de los empleados, pero no se había opuesto abiertamente, como sí ha hecho Díaz. “La posición del gobierno será muy clara: lo que pase debe ser siempre con el acuerdo de los sindicatos”, afirmó López.