La próxima Asamblea General Ordinaria del FC Barcelona, que se ha programado para el domingo 19 de octubre, a las 10 de la mañana, en primera convocatoria, volverá a ser únicamente telemática, sin la presencia física de socios en el Auditori 1899. Joan Laporta lo ha vuelto a hacer!
Con motivo de la pandemia de la covid-19, el Govern de la Generalitat de aquel momento (septiembre de 2020), aprobó un Decreto ley que habilitaba a las entidades deportivas de Catalunya a utilizar medios electrónicos para reunirse y que sus órganos de gobierno pudieran tomar acuerdos. Se aplicaba en los casos de asambleas ordinarias, reuniones y renovación de mandatos de las juntas de gobierno, siempre que sus estatutos no lo prohibieran expresamente. Los estatutos del Barça ni tan solo hablan de este supuesto.
A través de la modificación del Decreto Legislativo 1/2000 por el que se aprobaba el Texto único de la Ley del deporte, en el que se introducía un nuevo artículo 31 bis, el Govern hacía esta intervención normativa en el marco de la situación de excepcionalidad generada por la pandemia de la Covid-19, con la voluntad de garantizar el funcionamiento básico de las entidades deportivas catalanas. Acogiéndose a esta situación legislativa plenamente vigente, pero absolutamente desfasada porque, afortunadamente, la pandemia de la covid-19 ya ha quedado atrás hace tiempo, Joan Laporta se ha aficionado a convocar las Asambleas de socios de manera telemática únicamente. Ya ni da explicaciones ni justifica el porqué lo hace, simplemente lo hace porque la ley se lo permite y punto.
Ya ni da explicaciones ni justifica el porqué lo hace, simplemente lo hace porque la ley se lo permite y punto
Esta situación provoca la irritación de algunos socios, expresada a través de diferentes medios, que consideran que Joan Laporta abusa de la ley y los aparta, con prepotencia y arrogancia, de la vida del Club. Los medios electrónicos son una herramienta formidable para facilitar la participación de aquellos socios compromisarios que tienen difícil desplazarse físicamente a Barcelona para participar en las Asambleas y podrían eliminar obstáculos por la participación de los socios más perezosos, pero no tiene ningún sentido ni ninguna justificación de que las asambleas solo se hagan en versión telemática.
Entonces, ¿por qué lo hace Joan Laporta? Basta un único argumento: la ley se lo permite. La siguiente pregunta es: ¿si la pandemia de la covid-19 ya se ha acabado hace tiempo, porque el actual gobierno de la Generalitat no deroga el Decreto Ley publicado en 2020 y corrige la posibilidad de seguir abusando de la situación? Seguro que cualquier gobierno democrático de un país democrático quiere que sus ciudadanos participen masivamente en las urnas, tanto es si es en formato telemático como si es en formato presencial.
¿Por qué el gobierno catalán no hace la reforma necesaria? ¿No interesa a ninguno de los partidos políticos representados en el Parlament de Catalunya que esto ocurra? ¿Puede ser que alguno o algunos de estos partidos, tengan interés, precisamente, en que esta reforma no se haga? ¿Por qué? ¿Qué interés pueden tener? Estaría bien que los máximos responsables de la situación dieran urgentemente una explicación. También estaría muy bien que aquellos socios que tanto se indignan por el caso y lo manifiestan en las redes y en discursos de sobremesa, lo exigieran de manera eficiente a aquellos que tienen la solución en sus manos. Podría ser un buen servicio y una magnífica aportación a la vida democrática del Barça, que tanto dicen querer y desean servir.
Solo con la participación activa de los socios en las Asambleas del Club, se podrá intervenir para saber cómo puede ser que Laporta presente de nuevo números rojos al final del ejercicio. El Barça presentó oficialmente unas pérdidas de 91 millones de euros en la temporada 2023-2024 y de 17 millones la temporada 2024-2025. ¿Qué está pasando? Después de activar todas las palancas y vender de antemano la gran mayoría de los recursos futuros del Club, ¿cómo es que exhibimos este descalabro económico sin ninguna vergüenza?
El Barça presentó oficialmente unas pérdidas de 91 millones de euros en la temporada 2023-2024 y de 17 millones la temporada 2024-2025
También por los efectos de la pandemia de la covid-19, Joan Laporta consiguió que la Asamblea del Club le permitiera en el año 2021, eliminar de los Estatutos aquellos artículos que obligaban a dimitir y a convocar elecciones inmediatamente a aquellas Juntas que presentaran números rojos en dos ejercicios consecutivos. La pandemia ya hace tiempo que ha pasado, pero la exigencia legal de una conducción eficiente y responsable de la economía del Club todavía no ha vuelto. Ya sería la hora, ¿no?
Honradez y buena gestión
Precisamente, seguro que, para preservar la honradez y la buena gestión de la economía del Barça, el día 1 de febrero de 2022, Joan Laporta presentó una denuncia ante la Fiscalía y después el Ministerio Público interpuso una denuncia contra el expresidente azulgrana Josep María Bartomeu que fue admitida por el Juzgado de Instrucción 16 de Barcelona.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona cifra en unos 13 millones de euros el perjuicio que Bartomeu y su junta habría causado al club. En la denuncia, la fiscal del servicio especial de Delitos Económicos sostiene que Bartomeu “como presidente en aquel momento del FC Barcelona y principal administrador del patrimonio del club, omitió los deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio que le era ajeno, usurpando además una capacidad de decisión que correspondía a la junta directiva, a quien habría ocultado” los pagos ahora cuestionados.
La Fiscalía de Delitos Económicos de Barcelona cifra en unos 13 millones de euros el perjuicio que Bartomeu y su junta habría causado al club
En concreto, la fiscal detalla tres supuestas irregularidades económicas de la junta de Bartomeu, presidente del Barça, desde el 24 de enero de 2014 al 20 de octubre de 2020. Precisa dos sistemas vigentes en el club azulgrana: hasta el 11 de diciembre de 2017 se estableció que los contratos firmados por el club que excedieran los 200.000 euros los tenía que aprobar la junta directiva. Y después de esta fecha se acordó crear el comité de adjudicaciones y aprobaciones, siendo este el órgano encargado de aprobar las operaciones mercantiles del Club por un importe comprendido entre los 200.000 euros. Estas medidas de control no fueron cumplidas por el entonces presidente del Barça y su junta, según la fiscal.
Así, la primera irregularidad apuntada por la Fiscalía tiene relación con el contrato, firmado el 1 de julio de 2018, entre el FC Barcelona con la entidad Business Fútbol España por su gestión como intermediario y consultoría para conseguir el contrato del futbolista brasileño Malcom Filipe Silva de Oliveira. Inicialmente, la Fiscalía indica que la entidad hizo una factura de 8.442.500 euros por cobrar al Barça en 2018. Además, después añade que el jugador hizo un acuerdo con la sociedad Elenko Sports y que el Barça pagó a la entidad 855.600 euros, en 2019.
En esta operación también indica que el club presentó declaración complementaria en relación con los ejercicios 2018-2021, en los que se habrían producido los anteriores pagos diferidos con la retención hipotéticamente alterada. E ingresó 2.960.883 euros en concepto de cuota tributaria, recargos e intereses de las retenciones no practicadas, por lo que la fiscal también sostiene que “se podría haber causado un perjuicio al Barça a consecuencia del abono de recargos e intereses derivados de las retenciones no practicadas”.
La fiscal detalla tres supuestas irregularidades económicas de la junta de Bartomeu, presidente del Barça, desde el 24 de enero de 2014 al 20 de octubre de 2020
La segunda irregularidad es el pago de dos facturas al abogado José Ángel González Franco —también imputado—, por supuestamente haber negociado con la Fiscalía y la Abogacía del Estado la exoneración de los presidentes del Barça Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu en el caso de delitos fiscales por la contratación de Neymar Junior. En este caso, el Barça fue la primera entidad jurídica condenada por este caso. Las facturas fueron: una de 950.000 euros, el 16 de agosto de 2016. Se le hizo un segundo pago de 769.111 euros en abril de 2017. No obstante, la fiscal añade que González Franco no participó en las negociaciones. “Estos pagos se realizaron sin que este letrado hubiera intervenido en la conformidad plasmada” y precisa que la resolución de la Audiencia de Barcelona recoge el nombre de otro abogado como el defensor del Barça, según explica El Nacional.cat.
La tercera irregularidad, en opinión de la Fiscalía, es que Bartomeu y Òscar Grau, CEO del FC Barcelona en aquel momento, aprobaron el 14 de noviembre de 2017 pagar un total de 1.077.807 euros al Club Esportiu Laietà (CEL) por los cambios urbanísticos impulsados por el proyecto del Espai Barça. La modificación urbanística, sin embargo, “no afectaba a las fincas e instalaciones ni del Club Deportivo Laietà (CEL) ni de la Fundación Privada Deportiva Club Deportivo Laietà (FPCEL)”, concluye la fiscal.
La Justicia es la que ahora tiene que seguir trabajando con firmeza y decidir qué hay de cierto en todas estas acusaciones contra Bartomeu y su Junta. Pero aunque la situación es grave y provoca una angustia evidente entre la masa social del FC Barcelona, deja muy clara la voluntad de la entidad de que quien la hace la paga. Y eso es bueno para el Club y vale para todos, sea quien sea y se llame como se llame. ¡Aviso a todos los navegantes!
Aunque la situación es grave y provoca una angustia evidente entre la masa social del Barça, deja muy clara la voluntad de la entidad de que quien la hace la paga
Nos reencontramos el sábado 18 de octubre, si ustedes lo deciden.