Director de Negocio en Vivara

Buenas prácticas de Año Nuevo en el alquiler

07 de Enero de 2026
Llàtzer Puigpelat

El mercado inmobiliario inicia el año 2026 en un punto de inflexión. La inversión en real estate mantiene su dinamismo, pero la encrucijada del acceso a la vivienda persiste como uno de los principales retos sociales y económicos. La demanda crece, impulsada por las dificultades de acceso a la compraventa y por una mayor movilidad, mientras que la oferta de alquiler continúa siendo estructuralmente insuficiente para cubrir todas las necesidades del mercado.

 

"Se estima que faltan entre 450.000 y 600.000 viviendas, una brecha que ejerce una presión significativa sobre los precios"

Se estima que faltan entre 450.000 y 600.000 viviendas, una brecha que ejerce una presión significativa sobre los precios. El año 2025 ha estado marcado por la consolidación de la ley para el desarrollo del derecho a la vivienda digna, con mecanismos de contención de rentas y la definición de zonas de mercado residencial tensionado. Catalunya ha sido pionera en la aplicación de esta medida, declarando hasta octubre de 2024 un total de 271 municipios como zonas tensionadas. Esta arquitectura legal, que afecta tanto a la limitación del precio en contratos nuevos como en la extensión de prórrogas, ha tenido un impacto directo en el flujo de viviendas disponibles para el alquiler de larga duración.

El peor dato trimestral desde el verano de 2010

El balance pone de manifiesto que la regulación, si bien persigue objetivos sociales legítimos, no ha impulsado la creación de oferta nueva y ha generado un contexto de incertidumbre entre los propietarios. Esta inseguridad jurídica, junto con las limitaciones introducidas, ha desincentivado las viviendas de alquiler residencial en el mercado, provocando una contracción del stock disponible.

 

Según los datos de fianzas depositadas en el Institut Català del Sòl (Incasòl), durante el segundo trimestre de 2025 se firmaron 26.416 contratos de arrendamiento en Catalunya, lo que supone una caída del 24,5% en solo dos años y el peor dato trimestral desde el verano de 2010, excluyendo el periodo de pandemia

Entre las principales consecuencias de esta contracción de la oferta destacan el aumento del precio por metro cuadrado, el desvío de stock hacia otros usos, un mayor esfuerzo financiero para los inquilinos y el auge de alternativas residenciales como el living, el coliving, el flex living o el sénior living. Ahora bien, todas estas fórmulas apuntan hacia una misma conclusión: la única solución estructural es aumentar el parque de vivienda residencial permanente.

La triple alianza

Ponemos en marcha este 2026 con un mercado más regulado y, en parte, más profesionalizado, a pesar de que todavía está fuertemente tensionado. Para revertir esta situación es imprescindible impulsar la oferta y generar confianza en un sector que avanza hacia un modelo de triple alianza: alquiler social, alquiler asequible y alquiler libre.

La Administración pública tiene la responsabilidad de acelerar la ampliación del parque público destinado a los colectivos más vulnerables. La colaboración público-privada resulta clave para generar volumen mediante iniciativas de vivienda asequible incentivada. Y el alquiler libre continúa siendo la base del mercado: concentra la mayor parte del stock y soporta buena parte de las tensiones actuales.

"El futuro del alquiler pasa por dignificar el sector a través de buenas prácticas"

La mayoría de viviendas de alquiler se encuentran en manos de pequeños propietarios. Para movilizar esta oferta es necesario reducir la percepción de riesgo e incertidumbre, al mismo tiempo que se impulsa la gestión profesional. No hay alquiler sin propietario, público o privado. Hasta que el parque público no alcance el nivel necesario de vivienda social y asequible, será el sector privado quien deba suministrar oferta al mercado, y para ello se requiere estabilidad regulatoria y también reputacional.

Demonizar al propietario que cumple con la normativa y con sus compromisos solo conduce hacia una falta crónica de oferta, que acaba traduciéndose en controles de precios sin acceso real a nuevas viviendas para los inquilinos.

El futuro del alquiler pasa por dignificar el sector a través de buenas prácticas. La profesionalización se convierte así en una herramienta clave para aportar estabilidad, mejorar la eficiencia y establecer nuevos estándares de confianza en un contexto de elevada inseguridad regulatoria.

Las buenas prácticas para el año 2026

Hablar de buenas prácticas no significa descubrir nada nuevo, sino insistir en el rigor legal y la transparencia. Esto implica contratos de alquiler que sean claros, comprensibles y plenamente trazables desde el punto de vista normativo, evitando cláusulas históricamente consideradas como abusivas. La gestión profesional debe garantizar el cumplimiento de la ley y proteger a propietarios e inquilinos

Mitigar el riesgo es esencial. La gestión integral aporta seguridad al propietario y solo desde esta seguridad se incentiva la incorporación de nuevas viviendas al mercado de alquiler. Atención continuada, garantías de cobro, seguros ante los impagos o actos vandálicos y cobertura legal son algunos de los elementos que más contribuyen a estabilizar este sistema

En un mercado que a menudo oscila entre la intervención y el riesgo de contracción de la oferta, la profesionalización introduce orden, previsibilidad y confianza allí donde la regulación ha generado fricción. La tecnología y la gestión integral pueden ayudar a superar la fragmentación del mercado y garantizar estándares de calidad homogéneos en todo el territorio.

La profesionalización, la seguridad jurídica y la colaboración público-privada son, en definitiva, los tres grandes pilares que pueden impulsar el crecimiento de la oferta y contribuir a la estabilización de las rentas durante 2026. El reto es alinear las administraciones, el sector privado y los agentes profesionalizados para avanzar hacia un mercado del alquiler más equilibrado y socialmente sostenible.