La colonización política de la gestión pública pasa factura al país

El sistema público, en sus diferentes niveles, dispone de una estructura ingente de organismos empresariales que abarcan un gran número de sectores económicos. La mayoría son estratégicos, mientras que otros forman parte de una tradición de años basada en una decisión política puntual. En el mundo público, a diferencia de la vida, los organismos nacen, crecen y se multiplican, pero no mueren. Si hacemos lista, el Estado tiene unas 100 empresas con participación por encima del 50%. La Generalitat suma al sector público institucional unos 210 organismos de diversa naturaleza. En Catalunya, los ayuntamientos suman más de 900 organismos descentralizados. Todo ello, contando presidencias ejecutivas, direcciones generales y direcciones operativas, más de 3.000 cargos directivos a nombrar de manera directa.

Si ponemos el foco en el corazón de la Administración, el Estado dispone de unos 200 cargos de libre nombramiento (direcciones generales, secretarías generales y secretarías sectoriales). La Generalitat unos 200 más y el mundo local catalán, aproximadamente, unos 500 cargos directivos.

En resumen, el Estado, la Generalitat y los entes locales catalanes nombran unos 4.000 directivos públicos a dedo, renovables en cada legislatura / mandato.

Para ver el entrismo político en el sistema público de manera global, debemos sumar también el número de asesores y personal de confianza política no directivo. Estamos hablando, aproximadamente, en los tres ámbitos descritos de unos 3.000 cargos más. Solo la Diputació de Barcelona tiene un centenar. Si lo hiciéramos de todo el Estado, habría que añadir dieciséis autonomías más, y todo el ámbito local no catalán.

En total, casi unas 7.000 personas de nombramiento directo por los partidos políticos en Catalunya y en la Administración del Estado.

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Eladi Torres-La reforma de la Administración en las elecciones: un asunto ausente

¿Quiénes son estas personas y cómo se seleccionan?

Como se ha dicho, son los partidos políticos quienes las eligen. El único límite es que en los cargos directivos deben disponer de una carrera universitaria. No es necesario, sin embargo, que los estudios acreditados tengan relación con el puesto a ocupar.

La práctica general es que más del 90% de los cargos y asesores son miembros del partido que los ha escogido. El sistema de selección es digital, a dedo, basado en la confianza y probablemente en otras razones vinculadas más con las dinámicas partidistas que en criterios de eficiencia pública. Este sistema de elección “digital” puede ser lógico en los casos de los asesores. La función no requiere capacidad y habilidades directivas.

Centrándonos en los directivos, vemos cómo la idoneidad en el cargo no se infiere de los currículums que se publican. Ni por formación, ni por experiencia. Personas que llegan al cargo de director porque han participado en la redacción del programa sectorial correspondiente de su partido, pero nunca han gestionado personas, no saben cómo funciona mínimamente una administración o no tienen conocimiento de la complejidad de la normativa y el procedimiento.

Hace dos años, una DANA en Valencia provocó más de 230 muertos. Los sistemas de alerta se activaron tarde. Hasta el cuarto nivel de mando no se sabía qué era un ES-Alert. Podemos repasar, por ejemplo, los nombres de los altos cargos de Renfe y Adif en los últimos veinte años: pocos ingenieros de caminos encontraremos.

"Se trata de que un 80% de los directores generales y casi todos los directores y gerentes del sector público de la Generalitat sean escogidos con criterios de capacidad, mérito, competencias e idoneidad"

En Catalunya, después de años de lucha del Fòrum d’Entitats per la Reforma de l’Administració (FERA), entre otros actores, se ha conseguido que el Govern de la Generalitat haya aprobado un proyecto de ley que regula la Dirección Pública Profesional. Ahora está en el debate parlamentario con las reticencias de la mayoría de los grupos políticos.

Se trata de que un 80% de los directores generales y casi todos los directores y gerentes del sector público de la Generalitat sean escogidos con criterios de capacidad, mérito, competencias e idoneidad por una comisión formada por expertos que lo acrediten. Los consejeros podrán designar a una persona entre las que estén acreditadas.

El objetivo es mejorar la eficiencia y la calidad de nuestras políticas públicas mediante un órgano profesional, el directivo público profesional, el cual, sujeto a las órdenes del político y de acuerdo con las prioridades políticas del Govern, las ejecute con la máxima profesionalidad.

"El objetivo es mejorar la eficiencia y la calidad de nuestras políticas públicas mediante un órgano profesional: el directivo público profesional"

Parece un objetivo loable de país, incluso en beneficio del gobierno de turno. Si es así, ¿por qué es tan difícil? La respuesta es compleja, pero forma parte de una cultura partidista que definió el profesor Alejandro Nieto como "la Administración es el botín de los partidos". Fortalecer los partidos repartiendo cargos entre los propios o generar recursos económicos derivados de las aportaciones de estos son dos razones; hay otras, pero en la balanza partido / país, pierde de mucho el país.

La diferencia en el impacto en los servicios a la ciudadanía y en la gestión en los dos modelos (dirección política vs dirección profesional) es muy importante, como lo demuestra la comparación con sistemas como el anglosajón. En este último, el rol político y directivo está bien diferenciado, y los resultados evaluados son mucho mejores en términos de coste beneficio social.

La Dirección Pública Profesional es una pieza imprescindible para una buena Administración a la altura de los tiempos. No podemos dejar perder la oportunidad.