La burocracia no es gratis

Si Groucho Marx viviera, probablemente encontraría en los nuevos contratos de trabajo material suficiente para actualizar aquella mítica escena de Una noche en la ópera sobre “la parte contratante de la primera parte” donde de forma magistral hacía una sátira mordaz de cómo cuanto más intentamos precisar qué dice un contrato, más absurdo resulta.

Desde el pasado 5 de octubre está en vigor el Real Decreto 723/2026, que transpone la directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles y amplía la información escrita que las empresas deben facilitar a las personas trabajadoras en el momento de la contratación.

Es difícil estar en contra de la transparencia y la previsibilidad. ¿Quién no querría que una persona trabajadora conociera con claridad sus condiciones de trabajo? Esta no es la cuestión.

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Emma Gumbert-Rompecabezas

La pregunta es si, después de incorporar toda esta información que ahora se exige con el nuevo real decreto, tendremos relaciones laborales más transparentes y personas trabajadoras mejor informadas. O simplemente contratos más largos y encorsetados que corren el riesgo de acabar pareciéndose al manual de instrucciones de un electrodoméstico: cada vez más exhaustivo, más detallado y, probablemente, menos leído y menos útil.

El exceso de información tiene esta paradoja: llega un momento en que deja de aclarar y empieza a generar infoxicación porque cuesta distinguir qué es importante entre tanto dato.

Y a esto se añade una segunda cuestión: la burocracia no es gratis.

"Detrás de cada nueva obligación hay alguien que debe interpretarla, adaptar contratos y procedimientos, revisar sistemas, asesorarse y asegurarse de que todo se ha hecho correctamente"

Toda esta información debe gestionarse. Detrás de cada nueva obligación hay alguien que debe interpretarla, adaptar contratos y procedimientos, revisar sistemas, asesorarse y asegurarse de que todo se ha hecho correctamente. ¿Podrá repercutirse este coste en los negocios? Seguramente no.

Eso sí, estas nuevas exigencias se sumarán a las 41,1 horas de media al mes que las pymes catalanas dedican a gestionar trámites con la Administración pública, según el informe elaborado por el Observatori de la Pime de Catalunya de Pimec.

Por lo tanto, nuevamente, un incremento de gestión administrativa que no hará otra cosa que ser un freno a la productividad y a la competitividad, a la vez que ampliará la brecha para aquellas pymes que intentan crecer y ganar dimensión.

"Vamos engordando los costes empresariales procedentes de la obsesión por la hiperregulación que impera en Europa, y que la norma española supera incorporando exigencias que van sustancialmente más allá"

Vamos engordando los costes empresariales procedentes de esta obsesión por la hiperregulación que impera en Europa, y que la norma española supera incorporando exigencias que van sustancialmente más allá de lo que requería la directiva. Con estas, impone no solo una sobrecarga administrativa, sino una rigidez contractual con la voluntad de huir de relaciones laborales flexibles y participativas, al mismo tiempo que deja cada vez más vacía de contenido la negociación colectiva.

Si Groucho Marx levantara la cabeza tendría material para una segunda parte, seguro.