Catalunya: el país más diagnosticado de Europa
25
de Junio
de
2026
Si un extraterrestre aterrizara en Catalunya y se dedicara a leer los informes producidos durante la última década en nuestro país, probablemente llegaría a la conclusión de que se encuentra ante uno de los territorios mejor gobernados del mundo. Descubriría una sociedad que conoce perfectamente sus problemas, que los analiza con rigor, que los debate con intensidad y que, además, dispone de un repertorio sorprendentemente amplio de soluciones para abordarlos. Pensaría que se trata de un país extraordinariamente preparado para afrontar los retos del siglo XXI. Después saldría a la calle, observaría el estado de algunas infraestructuras, las dificultades para acceder a la vivienda, la lentitud administrativa, los déficits energéticos, la pérdida relativa de productividad o las tensiones de los servicios públicos, y probablemente llegaría a una segunda conclusión mucho menos amable: algo falla entre lo que sabemos y lo que hacemos.
Catalunya se ha convertido en una auténtica potencia mundial del diagnóstico. Puede parecer una exageración, pero no lo es tanto. Pocos territorios europeos disponen de una sociedad civil tan activa, tan estructurada y tan dispuesta a dedicar tiempo, recursos y conocimiento a pensar el futuro colectivo. Durante los últimos años se han producido cientos de informes, libros blancos, planes estratégicos, observatorios, congresos y propuestas de reforma impulsados desde prácticamente todos los sectores y es que nuestra sociedad está triste y desesperanzada de gritar al viento sin que nadie la oiga.
Entidades como la Cambra de Comerç de Barcelona, Foment del Treball, Cecot, FemCAT, Cercle d'Economia, Barcelona Global, colegios profesionales de economistas, ingenieros industriales, ingenieros de caminos, arquitectos o médicos. La Fundació Bofill, Cidob, Fundació Catalana per a la Recerca, CoNCA, Fundació Catalunya Cultura, Càritas, Foessa, PINCat, Racc, Catvol, femVallès, etc.
La lista de entidades e informes es tan extensa que resulta imposible reproducirla entera. Pero lo más interesante no es la cantidad y bondad de documentos producidos sino la coincidencia de muchas de sus conclusiones. Cuando se leen conjuntamente, desaparece buena parte del ruido político que domina el debate público. El país real parece mucho más de acuerdo consigo mismo de lo que a menudo aparenta.
Si quieres saber más
Hay un consenso extraordinariamente amplio sobre la necesidad de simplificar la administración, aumentar la productividad, reforzar la industria, ejecutar las infraestructuras pendientes, reformar la formación profesional, impulsar la investigación, conectar universidades y empresas, atraer talento, acelerar la transición energética, ampliar la oferta de vivienda, afrontar el envejecimiento demográfico, reducir la pobreza infantil, modernizar la sanidad, mejorar la educación, reforzar la cultura, reformar el sistema de financiación, la inmigración, la gobernanza territorial y cualquier otro aspecto de la vida de nuestra sociedad.
De hecho, si alguien construyera un programa electoral únicamente a partir de los consensos acumulados por la sociedad civil durante la última década, probablemente obtendría una veintena larga de medidas compartidas por entidades que en muchos otros aspectos piensan de manera muy diferente y que podrían sacar al país del callejón sin salida en que se encuentra.
Por eso resulta tan tentador afirmar que Catalunya no tiene un problema de diagnóstico. Tiene un problema de estrategia de ejecución.
La pregunta es inevitable. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí?
"Cualquier proyecto de transformación tiene más dificultades cuando una parte significativa de la riqueza producida desaparece de nuestro sistema de forma injusta"
La respuesta probablemente no es única. La primera causa es bien conocida. Es difícil transformar un país cuando arrastras un déficit fiscal que, según buena parte de los estudios disponibles, supera los 22.000 millones de euros anuales. En esta cuestión existe un consenso transversal casi insólito. Desde ámbitos muy diferentes se reconoce que Catalunya dispone de menos recursos de los que genera y que equitativamente le tocarían. Cualquier proyecto de transformación tiene más dificultades cuando una parte significativa de la riqueza producida desaparece de nuestro sistema de forma injusta.
Sin embargo, sería demasiado cómodo atribuir todas las responsabilidades a este factor. Hay algo más profundo. Cualquier persona que ha entrado en la administración con voluntad sincera de servicio público acostumbra a explicar una experiencia similar. Alcaldes, consejeros, directores generales o gerentes de todo tipo de sensibilidades políticas diferentes coinciden en una reflexión sorprendentemente recurrente: no imaginaban que fuera tan difícil cambiar nada.
El descubrimiento es casi siempre el mismo. Las estructuras permanentes son extraordinariamente resistentes al cambio. Los procedimientos se multiplican. Los controles aumentan. Las responsabilidades se diluyen. Los recursos realmente disponibles para transformar la realidad suelen ser mucho más limitados de lo que parece observando las cifras globales de los presupuestos.
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A esto se añade una cultura administrativa que tiende a ser más protectora de la estructura existente que promotora de la reforma. El corporativismo no es un fenómeno exclusivo de la administración, pero tiene una presencia especialmente relevante, ya que los incentivos suelen premiar más la preservación del sistema que su transformación. Cualquier propuesta de cambio suele generar resistencias inmediatas, aunque los resultados actuales sean manifiestamente mejorables.
La política tampoco ayuda. Gestionar una administración que supera los 50.000 millones de euros requeriría atraer a algunos de los mejores directivos, gestores y profesionales del país. Sin embargo, una parte significativa de este talento no considera atractiva la entrada en la vida política por razones obvias. Los salarios son inferiores a los del sector privado para los perfiles muy cualificados, la exposición pública es enorme, la inestabilidad es permanente por la fragmentación parlamentaria y el margen real de maniobra a menudo decepcionante. Se estima que, de media, el presupuesto de libre disposición anual no supera el 10% del total que les toca gestionar.
Esta situación ha contribuido a una progresiva profesionalización de la política. No en el sentido positivo del término, sino en el hecho de que una parte creciente de sus protagonistas desarrollan la totalidad de su trayectoria dentro del ecosistema político e institucional. Cuando la principal preocupación pasa a ser la supervivencia, la reelección o la conservación de la misma posición, el riesgo se convierte en un enemigo. Y las grandes reformas siempre implican riesgo.
Este es probablemente el núcleo del problema. Catalunya no sufre una falta de inteligencia colectiva ni tampoco una falta de propuestas o de consenso social, lo que sufre es una falta de coraje para convertir los consensos en decisiones.
"Catalunya necesita asumir una verdad incómoda: los países no progresan porque entienden sus problemas, progresan cuando deciden afrontar los costes de resolverlos"
Por eso, nuestra sociedad civil que ya no sabe qué informe hacer más ni qué tiene que hacer para ser escuchada, debería plantearse un nuevo objetivo. Dejar de producir informes sobre aquello que ya sabemos y unificar esfuerzos, coordinar prioridades y construir una agenda compartida de país con horizonte de quince o veinte años. Una agenda centrada en las 25 reformas estructurales sobre las cuales existe un consenso amplio y que ningún gobierno ni oposición pueda ignorar fácilmente.
Con el resto de agenda, que los partidos hagan política. Que discrepen, se peleen, compitan y defiendan proyectos diferentes. Pero sobre los grandes consensos estratégicos de país habría que exigir, por responsabilidad institucional, una continuidad de acción que hoy no existe.
Porque la realidad es que Catalunya no necesita más diagnósticos. Necesita más cirugía. Y sobre todo necesita asumir una verdad incómoda: los países no progresan porque entienden sus problemas, progresan cuando deciden afrontar los costes de resolverlos.
Mientras tanto, continuaremos haciendo aquello que hacemos extraordinariamente bien: reunir a los mejores expertos, redactar informes excelentes, celebrar jornadas impecables, presentar conclusiones irreprochables y sentir aquella agradable sensación de inteligencia colectiva que produce tener razón. Una sensación reconfortante, sin duda. Pero que, por sí sola, no ha construido nunca una infraestructura, no ha levantado ninguna vivienda, no ha reducido ninguna lista de espera ni ha transformado ningún país.