Durante décadas, el paro ha sido el indicador central de la economía española. Ha servido para explicar crisis y recuperaciones, justificar reformas laborales, orientar presupuestos, activar políticas públicas y ordenar buena parte del sistema de protección social. La tasa de paro y los índices de población activa han sido mucho más que estadísticas: han sido herramientas de gobierno. El problema es que hace tiempo que no describen la realidad del mercado de trabajo y, a pesar de ello, continuamos utilizándolas como si lo hicieran.
En España —y también en Catalunya— el paro se mide básicamente a través de la Encuesta de Población Activa y de los registros oficiales de personas inscritas en los servicios públicos de empleo. A partir de aquí se definen categorías como población activa, inactiva, parados registrados o paro “oficial”. Este sistema ha sido útil históricamente, pero hoy es incapaz de captar la complejidad real del trabajo existente. Quedan fuera —o mal clasificadas— cientos de miles de personas que trabajan de manera informal, que querrían trabajar pero no buscan activamente, que encadenan trabajos precarios o que entran y salen de los registros según incentivos administrativos. El resultado es una fotografía distorsionada: un mercado laboral aparentemente devastado que, a la vez, es capaz de sostener consumo, crear empleo y funcionar con normalidad en muchos sectores.
Esta distorsión no es inocente. Alrededor de la tasa de paro se ha construido un ecosistema institucional inmenso. Los indicadores de paro determinan el acceso a prestaciones y subsidios, orientan las políticas activas de empleo, condicionan servicios sociales, sirven de referencia en convenios colectivos, definen complementos salariales, justifican becas, ayudas escolares, bonificaciones de transporte, vivienda social y programas formativos. Millones de personas están afectadas directa o indirectamente por estos índices. Cualquier cambio súbito sería socialmente inasumible, y esta es precisamente la razón por la cual el debate se ha ido aplazando una y otra vez.
En el año 2018, la patronal Cecot hizo una propuesta tan sencilla como realista al Gobierno catalán: crear un nuevo indicador laboral sin tocar los existentes. El planteamiento partía de una constatación evidente: no había —ni hay— suficiente coraje político para reformar la tasa de paro oficial sin provocar una reacción inmediata de los sindicatos y de todos los actores que tienen derechos, recursos y legitimidades vinculadas a los registros actuales. La propuesta de la Cecot pretendía medir un elemento clave ausente hasta hoy: la disponibilidad real de las personas a trabajar, y excluir aquellos perfiles inscritos únicamente para acceder a ventajas sociales o beneficios indirectos. La iniciativa no prosperó, no porque fuera errónea, sino porque era profundamente incómoda.
La propuesta de la Cecot el año 2018 pretendía medir un elemento clave ausente hasta hoy: la disponibilidad real de las personas a trabajar
Y aquí aparece una pregunta que continúa sin respuesta: ¿cómo se pueden hacer políticas activas de empleo con datos que no describen la realidad? Ninguna empresa planificaría ventas, inversiones o contrataciones sobre la base de un mercado inexistente. Si lo hiciera, iría a la ruina en menos de un año.
En el ámbito público, sin embargo, la lógica se invierte: el mal dato no solo no se penaliza, sino que se recompensa. España ha sido durante años uno de los principales receptores de fondos europeos vinculados al paro —especialmente del Fondo Social Europeo y de programas de empleo juvenil— gracias a unas tasas oficiales persistentemente elevadas. En comunidades como Andalucía o Extremadura, con provincias que han llegado a superar el 30% de paro, este mecanismo ha sido clave. La paradoja es evidente: Bruselas acaba alimentando con fondos públicos unos datos que no reflejan la realidad del mercado laboral, de forma que perpetúa un sistema ineficiente. El mundo al revés.
Este modelo ha convivido durante décadas con una economía informal estructural, trabajos precarios y sueldos bajos compensados con ayudas públicas. En España —y también en Catalunya, aunque de manera menos visible— muchas familias han sobrevivido combinando ingresos formales, informales y prestaciones. Programas asistenciales como el PER y otros mecanismos han permitido sostener rentas bajas mientras las estadísticas mostraban un mercado laboral oficialmente hundido. Hemos aceptado este juego porque mantenía el status quo. Hemos preferido la vergüenza de dar datos malos notoriamente distorsionados a cambio de evitar conflictos políticos y garantizar flujos de financiación.
Alemania diferencia claramente entre paro registrado, subempleo y disponibilidad efectiva, mientras que los países nórdicos miden la intensidad real de la búsqueda de empleo
En este contexto, la propuesta reciente del Banco de España es especialmente relevante. El organismo plantea la creación de una tasa de predisposición laboral que mida cuántas personas, aunque no consten como paradas oficiales, están realmente disponibles para incorporarse al mercado de trabajo. Este indicador incluiría parte de los llamados “inactivos” y excluiría perfiles sin voluntad efectiva de trabajar. Según el Banco de España, esta métrica anticipa mejor los cambios del ciclo económico, tiene una correlación más alta con las variables macroeconómicas y explica por qué en fases de recuperación el paro oficial baja menos de lo que tocaría. Es, en esencia, el mismo diagnóstico que hacía la Cecot seis años antes. Llega tarde, pero llega, y es de agradecer.
No es ninguna excentricidad. Otros países europeos hace tiempo que han asumido que un solo indicador no puede explicar mercados laborales complejos. Alemania diferencia claramente entre paro registrado, subocupación y disponibilidad efectiva. Los países nórdicos miden la intensidad real de la búsqueda de empleo. Los Países Bajos incorporan indicadores de trabajo parcial involuntario. Ninguno de estos sistemas ha eliminado el indicador clásico. Lo han complementado.
Alguien podrá decir que solo faltaba crear un indicador nuevo, como si no hubiera ya suficientes. Pero cuando un modelo público no funciona, no se mantiene por inercia: se corrige. Nadie plantea romper de golpe con el sistema actual. Sería imposible y socialmente inasumible. Precisamente por eso, la solución implica consensuar un indicador complementario, pensado exclusivamente para la gestión de las políticas de empleo. Con el tiempo, este indicador podría modular los índices actuales, mejorar la asignación de recursos y ajustar las políticas públicas a la realidad.
Además, un indicador de disponibilidad laboral no serviría solo para el empleo. Permitiría planificar mejor las ofertas futuras de trabajo, anticipar la necesidad —o no— de determinados flujos migratorios, ajustar la planificación educativa y de formación profesional y universitaria, detectar desajustes entre oferta formativa y demanda real, reducir picarescas y sobreprotecciones y aportar eficiencia a los presupuestos públicos. En definitiva, permitiría pasar de un modelo reactivo a un modelo predictivo.
Mantener indicadores irreales penaliza colectivos, distorsiona territorios, malgasta recursos públicos y condena las políticas de empleo a repetir errores
Alrededor de la tasa de paro se han creado demasiados intereses. Pero mantener indicadores irreales penaliza colectivos, distorsiona territorios, malgasta recursos públicos y condena las políticas de empleo a repetir errores. No se trata de hacer estadística. Se trata de gobernar mejor. Y gobernar mejor empieza siempre por el mismo lugar: medir bien la realidad que quieres transformar.