El debate sobre la riqueza no es un tema menor reservado a los grandes economistas y foros de gente sabia. Es un elemento central de la justicia fiscal y de la sostenibilidad social para gobiernos de todo el mundo, y para familias de toda clase. Y en Francia han abierto un debate muy interesante sobre los criptoactivos. Según ellos, la riqueza que permanece “dormida” puede ser vista como un problema tanto de democracia como de economía y se debe empezar a regular de una manera bastante valiente: redefiniendo qué entendemos por patrimonio y ampliando el impuesto sobre la riqueza para que incluya también aquellos activos digitales que, a pesar de crecer en valor, no generan ningún retorno productivo ni social.
Esta semana, los diputados franceses han aprobado una enmienda que redefine el actual sistema del Impôt sur la Fortune Immobilière (que grava solo bienes inmuebles) para introducir un nuevo impuesto sobre la “riqueza improductiva”, que incluiría activos como joyería, arte, barcos, automóviles de lujo y… activos digitales como las criptomonedas.
Evidentemente, no ha gustado nada a los cripto-bros franceses, y por eso tenemos que hablar de ello.
Según la enmienda, y en resumen, el exceso de patrimonio neto superior a dos millones de euros estaría sujeto a una tasa fija del 1% anual sobre la parte que excede este umbral.
Esto implicaría también que las ganancias no realizadas (por ejemplo, valoraciones de criptodivisas aún no vendidas y que estén en cartera) entren en el cálculo del patrimonio gravable.
Y hasta aquí, lo que ha sido aprobado en la Cámara Baja, pero todavía falta tramitación en el Senado para que se convierta en ley.
Y en nuestra casa, ¿cómo vamos? En Catalunya y en el estado español tenemos tres elementos que hacen oportuno reflexionar sobre una iniciativa similar:
- Desigualdad creciente en la acumulación de patrimonio. Cuando la riqueza se acumula en activos que no están conectados de forma directa a la actividad económica productiva (empleo, innovación, infraestructuras), se genera una brecha entre quien contribuye y quien simplemente espera que su capital se revalorice.
- Fiscalización desigual. Muchos impuestos gravan la renta del trabajo o la actividad empresarial, mientras que la riqueza pasiva (como activos volátiles o especulativos) queda fuera de un control fiscal efectivo.
- Posibilidad de movilización de capital y de inversión. Si el capital queda inmovilizado o prefiere activos que no generan externalidades positivas (investigación, economía verde, formación), estamos perdiendo una oportunidad para poner en marcha proyectos colectivos que beneficien al conjunto.
"Durante la revolución industrial en Catalunya, el amo era también parte activa de la cadena productiva, y eso creo que sigue formando parte del ADN del empresariado catalán que debemos conservar"
Cuando estaba en el Govern, me reuní con cientos de personas que habían hecho fortuna con startups y empresas, actividad económica productiva, y las escuchaba mucho cuando decían que tenían ganas de seguir contribuyendo con otras empresas y proyectos al territorio. No era una manera de aumentar su patrimonio, sino de seguir contribuyendo a que en Catalunya nos fueran bien las cosas. La tentación de comprar un bloque de pisos y hacer negocio estaba pocas veces sobre la mesa en estos casos, y por eso su opinión debía ser escuchada con atención.
Me recordaba a cuando en la revolución industrial en Catalunya, el dueño de la fábrica textil se levantaba temprano para ir a la fábrica. No para tejer y teñir y coser, pero sí para hacer que el sistema funcionara correctamente. El dueño era también parte activa de la cadena productiva, y eso creo que sigue formando parte del ADN del empresariado catalán que debemos conservar.
"Si queremos una economía viva y una sociedad justa, es necesario que el capital también sea parte activa de la sociedad catalana"
Cuando escuchaba a estos emprendedores y empresarios me vinieron a la cabeza tres cositas que podríamos tener en cuenta:
- Diferenciar claramente entre riqueza “pasiva” y riqueza “activa”. Por ejemplo, quien invierta en startups, I+D, economía circular, debería tener beneficios fiscales; mientras que quien tenga activos que simplemente se valorizan sin ningún otro retorno social, puede estar sujeto a un tributo diferente.
- Fijar umbrales que no penalicen a pequeños inversores ni fomenten el exilio de capital. Por ejemplo, un umbral elevado (como los dos millones de Francia, pero debería adaptarse a la naturaleza de casa) ayuda a que no afecte más que a una minoría con gran patrimonio pasivo.
- Simplicidad y transparencia en la valoración de los activos. Uno de los riesgos es la dificultad de valorar criptodivisas, arte, barcos, etc. Si la administración no es clara y eficaz, se multiplican las fugas, evasiones e ineficiencias. Los cripto-bros van tres pasos por delante de Hacienda, y aunque se están poniendo las pilas, no parece que los atrapen.
En definitiva, no se trata de castigar quien tiene riqueza, sino de incentivar que esta trabaje para el país. Quien invierte, crea empleo o impulsa innovación es un aliado, no un adversario. Pero la riqueza que permanece inmóvil, la que solo se acumula sin ningún retorno colectivo, tiene un coste que todos acabamos pagando: menos oportunidades, más desigualdad y más poder concentrado. Si queremos una economía viva y una sociedad justa, es necesario que el capital también sea parte activa de la sociedad catalana: que participe, que llegue, y que deje de mirar desde el yate cómo el resto nos mojamos por los demás.