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La sesión de control al gobierno británico del miércoles en la Cámara de los Comunes ha marcado un punto de inflexión sutil pero trascendente en la carpeta escocesa. Ante la pregunta del diputado del SNP Chris Law, el primer ministro, Andy Burnham, ha vinculado formalmente las condiciones de un segundo referéndum de independencia en Escocia con el mecanismo del border poll recogido en el Acuerdo de Viernes Santo para Irlanda del Norte. Al afirmar que solo se planteará una nueva consulta cuando exista un consenso claro y un cambio sostenido en la opinión pública, Downing Street ha abandonado el bloqueo absoluto y ha trasladado el debate de la estricta legalidad constitucional a la correlación de fuerzas sociales.
Este cambio de discurso supone un movimiento de ficha de alcance incierto. Pasar de la negativa cerrada o de declarar la consulta como una cuestión "fuera de límites" a definir un umbral basado en las encuestas altera las reglas del juego. Aunque Downing Street haya matizado rápidamente que la postura oficial no ha variado y que hoy no se aprecia una mayoría clara a favor del referéndum, el simple hecho de admitir que la voluntad popular puede abrir la puerta institucional redibuja el horizonte político entre Edimburgo y Londres.
"Aceptar el espejo irlandés implica reconocer que el Reino Unido sigue siendo, al menos teóricamente, una unión voluntaria"
Aceptar el espejo irlandés implica reconocer que el Reino Unido sigue siendo, al menos teóricamente, una unión voluntaria. Sin embargo, establecer como criterio la "claridad del consenso" introduce una ambigüedad calculada que el gobierno británico utilizará como dique de contención. Sin una cifra fijada por ley, la decisión de cuándo la opinión pública ha cambiado lo suficiente seguirá en manos de Westminster, convirtiendo la demoscopia en el principal campo de batalla político.
Desde la perspectiva que otorga conocer por dentro la realidad de Westminster y de Escocia por haber trabajado allí como asesor político del SNP, el soberanismo se encuentra hoy en un momento de profunda reconfiguración estratégica. Después de años de hegemonía institucional y de desgaste en la gestión cotidiana, el partido liderado por John Swinney necesita superar la fase del tacticismo y reconstruir un proyecto de país capaz de atraer a los sectores indecisos del tejido económico y social.
El reto inmediato para el SNP ya no consiste en exigir unilateralmente una orden de la Sección 30 para traspasar competencias referendarias, sino en consolidar una mayoría social indiscutible que supere holgadamente el 50% de manera sostenida. Si el listón fijado implícitamente por Westminster exige demostración de fuerza demoscópica, la tarea del soberanismo pasa inevitablemente por ensanchar su base más allá de los ya convencidos y articular una propuesta de gobernabilidad sólida.
En esta ecuación, la dimensión económica será la variable determinante que decantará la balanza. El electorado central escocés exige respuestas claras sobre el modelo fiscal, la transición energética del Mar del Norte, las relaciones comerciales con el mercado interior británico, resolver la cuestión de la moneda y el eventual reingreso en la Unión Europea. Sin una propuesta económica rigurosa que ofrezca certidumbres al tejido empresarial y a los trabajadores, ninguna mayoría demoscópica será duradera. Por su parte, el gobierno laborista de Burnham se enfrenta a un dilema estratégico de primer orden. Por un lado, necesita transmitir estabilidad y defender la integridad territorial de la Unión para no ceder terreno ante la oposición de la derecha; por otro, no puede negar indefinidamente el principio de legitimidad democrática sin erosionar la misma naturaleza del pacto constitucional británico.
El horizonte hacia un nuevo referéndum no será ni inmediato ni sencillo. Se trata de una carrera de fondo donde el tiempo y la perseverancia jugarán un papel decisivo, supeditada a la evolución de las próximas elecciones en Holyrood y a la capacidad de Edimburgo para condicionar la agenda política de Londres. La ventana de oportunidad no se abrirá por concesión espontánea de Westminster, sino por la presión institucional y social que Escocia sea capaz de generar.
En definitiva, las declaraciones de hoy en las Prime Minister Questions apuntan hacia una misma conclusión: el futuro de un nuevo referéndum en Escocia no se decidirá en los tribunales sino en los parlamentos. La clave de la independencia ya no reside en pedir permiso, sino en construir un consenso social y económico tan incontestable que ningún gobierno en Londres pueda ignorarlo.
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