En Catalunya, la ambición existe; el capital, no

En Catalunya no falta ambición; lo que falta es margen para desplegarla. Por eso sorprende leer, en este mismo medio, que un antiguo responsable político afirme que el empresariado catalán “no es lo suficientemente ambicioso”, una lectura difícil de sostener si se tiene en cuenta que la economía catalana opera bajo cuatro drenajes fiscales —descritos en un artículo de febrero de 2026— que limitan de manera objetiva la capacidad de inversión y crecimiento del país: el déficit fiscal con el Estado; una política fiscal autonómica que, con tramos altos y quince tributos propios, penaliza el ahorro y la inversión; el déficit fiscal con la Unión Europea (UE), donde Catalunya es contribuyente neta pero recibe retornos de periferia; y un régimen fiscal español que favorece a las grandes corporaciones mientras pymes y autónomos —el corazón del tejido productivo— soportan la carga más elevada. En un entorno así, lo difícil no es ser ambicioso: es mantenerse empresario.

A este contexto se añade un diagnóstico reciente que no podemos ignorar. El Informe Fénix, coordinado por el compañero articulista Xavier Roig, alerta de que Catalunya pierde fuelle económico por el peso excesivo de sectores con salarios tan bajos que acaban siendo económica y socialmente deficitarios. Si yuxtaponemos este diagnóstico con los drenajes fiscales, el mensaje es inequívoco: Catalunya debe recuperar la capacidad de invertir en sí misma. Necesitamos mejores infraestructuras, más productividad, más capital para empresas de alto crecimiento, un sistema educativo más fuerte y un entorno que retenga talento. Y, sobre todo, necesitamos evitar que empresas sólidas acaben vendiéndose a fondos internacionales simplemente porque aquí no encuentran el capital necesario para dar el salto de escala.

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Antoni Castells: "Al empresario catalán le falta ambición"

Esta realidad nos obliga a repensar cómo movilizamos nuestros propios recursos. La renacimiento económico que el país necesita no vendrá del sector público —demasiado condicionado por ciclos electorales y por la dependencia de un Estado que necesita nuestro dinero—, sino de lo que siempre ha funcionado en Catalunya: la sociedad civil y el sector privado. La Sagrada Familia es la metáfora perfecta: una obra maestra financiada por la ciudadanía, gestionada con independencia y orientada al largo plazo. Una obra de arte, sí, pero también una lección de gobernanza y arquitectura financiera.

A todo esto se suma un reto silencioso: el encarecimiento de la vida y el estancamiento salarial están erosionando el poder adquisitivo de las familias. Muchos catalanes dependerán de una pensión contributiva estatal limitada por cotizaciones basadas en salarios bajos. Es un riesgo social y económico que no podemos ignorar.

"Catalunya necesita una organización privada, sin ánimo de lucro, independiente de los partidos y de los gobiernos, pero con vocación pública"

Ante estos dos retos —falta de capital para invertir en el país y pensiones futuras insuficientes— es necesaria una respuesta que los aborde a la vez. Catalunya necesita una organización privada, sin ánimo de lucro, independiente de los partidos y de los gobiernos, pero con vocación pública, que gestione aportaciones voluntarias o pactadas de trabajadores y empresas. Un instrumento que invierta con criterios profesionales, que retorne a los ciudadanos en forma de complemento de pensión y que tenga un mandato mínimo de inversión en la economía productiva catalana.

No es una idea nueva. Es el modelo de fondos de pensiones privados con mandato nacional que, en parte, ya funciona en Canadá, en Australia y que se estudia en el Reino Unido. La diferencia es que aquí habría que adaptarlo a nuestra realidad: un país con muchas pymes, mucho ahorro privado y poca capacidad de canalizarlo hacia proyectos productivos del país.

Imaginemos su impacto. Si cada trabajador aportara 100 euros al mes, el fondo movilizaría 383 millones de euros mensuales —4.600 millones anuales— a los que se sumarían las aportaciones de las empresas. En el Reino Unido, por ejemplo, empresas y trabajadores aportan por ley un mínimo del 8% del salario bruto a un plan de pensiones privado, y muchas empresas añaden hasta el 12%, el 14% o más para retener talento. En el Reino Unido, todos los trabajadores a jornada completa reciben, como mínimo, el equivalente a unos 200 euros mensuales en aportaciones combinadas de empresa y trabajador.

"No se trata de cerrarnos al mundo, sino de disponer de un músculo propio suficiente para negociar de tú a tú con los grandes actores globales"

Con un volumen de recursos así, Catalunya podría financiar el crecimiento de sus empresas, impulsar proyectos industriales y reforzar sectores estratégicos. Además, estos fondos —protegidos de decisiones externas y fuera del alcance de terceros— actuarían como multiplicadores de inversión, atrayendo capital institucional y generando un efecto de arrastre sobre la economía productiva. No se trata de cerrarnos al mundo, sino de disponer de un músculo propio suficiente para negociar de tú a tú con los grandes actores globales y garantizar que una parte significativa del valor creado aquí pueda quedarse aquí.

Catalunya ha demostrado siempre que, cuando la sociedad civil se organiza, el país avanza. Ahora nos encontramos ante un reto que dura demasiado: construir un instrumento colectivo que permita a los catalanes invertir en el futuro del país y asegurar su jubilación. No es solo economía; es dignidad y confianza en nosotros mismos. La pregunta no es si podemos hacerlo. La pregunta es si nos atrevemos a hacerlo. Lee Kuan Yew decía que había llevado Singapur “del Tercer Mundo al primero”. Nuestro reto es evitar el camino inverso. Y eso solo lo haremos invirtiendo en nosotros mismos.