Financiación autonómica: ¿y ahora qué?
06
de Febrero
de
2026
Ya parece claro que la propuesta de acuerdo inicial de nueva financiación autonómica, tal como la formuló la vicepresidenta del gobierno español con el plácet inicial de ERC y algunos acólitos, difícilmente saldrá adelante en los términos pactados, como algunos habíamos predicho. Ni siquiera el nombrado G8 en un comunicado lo da por bueno, a pesar de las ganas, comprensibles, que tienen de volver al business as usual y enterrar un proceso que no ha llevado a ninguna parte. Se califica reconocidamente como insuficiente, y dice que hay que continuar negociando. Se entiende de forma bilateral con todas las fuerzas que no sean sumisas, de obediencia españolista y dependientes de sus sedes centrales.
A estas alturas, la cuestión debería ser, pues, qué se ha de negociar en esta nueva fase, que no puede durar demasiado, de manera que no se pongan líneas rojas imposibles que estropeen el objetivo mismo de mejora. Como lo es ahora, la exigencia de ERC sobre la gestión al completo del IRPF –cuando continúa siendo obvio que el tema no es quién hace la recaudación, sino a qué caja van los dineros–; o la de cerrar con la nueva financiación el déficit fiscal, significativamente de golpe, como pide Junts. Pero sí que se trata de que, de otro modo, en la negociación se pongan líneas-objetivo más factibles
Si quieres saber más
La tarea debería ser ahora la de blindar la ordinalidad para Catalunya y Baleares (aquí, el gobierno balear está atrapado porque esto no se acordará nunca desde una mesa multilateral), la consideración de los costes diferenciales (un euro no compra los mismos servicios en términos reales sobre la geografía) y el peso de la inmigración que una comunidad acoge (debido a los estragos que provoca sobre los servicios sociales). En los dos primeros casos, esto supondría el reconocimiento de una singularidad evidente, a pesar de todavía permanecer en el régimen común. A partir de aquí no se acaba el mundo, y a futuro todavía se pueden hacer muchas cosas, trabajando por otras realidades operativas basadas en más capacidad tributaria y responsabilidad fiscal. En definitiva, salir finalmente de modelos como el actual, donde el Estado, más o menos, lo recauda todo, estima las necesidades de gasto de poblaciones ‘ajustadas’, y determina recaudaciones tributarias normativas para cada uno desde su administración general
Para ver el camino de las tareas pendientes de futuro iría bien a estas alturas que se publicase de una vez el Informe elaborado por la Comisión nombrada por el gobierno catalán, después de muchos meses y reuniones. Sabríamos así lo que era la hoja de ruta del gobierno del president Illa, y que se postergó, a pesar de estar el informe concluido y asumido, para evitar las posibles contradicciones con el contenido que deprisa y corriendo presentó el gobierno de Madrid. Asimismo, sería conveniente que la Generalitat publicase ya la balanza fiscal que debe acompañar la propuesta de presupuestos, a la cual la obliga el Parlament. Que no se condicione esta a la que pueda emitir el Gobierno español ante la presión de Junts publicando todas las balanzas fiscales del Estado. Balanzas que, por cierto, muchas comunidades nunca han pedido y que verán en su publicación una ‘crueldad intolerable’ -¡más leña al fuego!-.
"Tarde o temprano habrá que favorecer una propuesta que se ajuste a la realidad política; dos velocidades, como se pide también hoy en la Unión Europea"
Para Catalunya, con las dos piezas de información y coordinación sobre la mesa tendríamos evidencia de la voluntad catalanista del gobierno del PSC, podríamos valorar mejor el peso ejercido por ERC y qué residual podría aportar la negociación de Junts para la mejora global de la financiación de Catalunya. En el tramo final para dar un empujón a la mejora de la financiación de Catalunya, identificaría en estos aspectos mencionados la tarea ahora pendiente.
En todo caso, creo que tarde o temprano habrá que favorecer una propuesta que se ajuste a la realidad política. Dos velocidades, como se pide también hoy en la Unión Europea (UE), que muy ampliada -café para todos- se quiere hacer operativa. En la Constitución española, esta diferencia ya era reconocida, distinguiendo "nacionalidades y regiones", comunidades de vía rápida y de vía lenta, del artículo 151 y del 143.
Un modelo que acogiera, a elección de las comunidades, una versión más bien basada en las capacidades fiscales y en la autonomía financiera, y que no sea solo en el gasto, a cambio de más responsabilidad fiscal, para que no fuera “gratuita”. Que conviviera con una versión más garantista, basada en la estimación de necesidades fiscales por aquellas comunidades que así lo quieran. Al estilo de la actual, pero mejorada. Que acogiera las preferencias de aquellos ciudadanos que declaran persistentemente que con la descentralización actual tienen bastante y de sobra, respecto de aquellos que la consideran insuficiente y que aspiran a una convivencia en libertad, federal, pactada, a cambio de compartir ingresos y ser solidarios. Que así acepten compartir un mismo Estado en que nadie haga trampas: ni dumping fiscal, ni reclamar incesantemente recursos “necesarios” – a veces después de bajar impuestos –, ni estimaciones discrecionales de recursos, ni con comunidades que se aprovechan de sus derechos históricos para eludir sus contribuciones solidarias.