El impuesto que paga el Pirineo (y cómo abolirlo)

Hay un impuesto que nadie ha votado, que no sale en ninguna declaración y que ninguna administración recauda. Pero en el Pirineo lo paga todo el mundo. Es el impuesto de la distancia. Lo paga la empresa que asume unos costes logísticos más altos que la competencia, el profesional que pasa horas en la carretera y el joven que se marcha porque la oportunidad que busca está lejos de casa. Este artículo quiere explicar por qué este impuesto frena la economía pirenaica y qué tres decisiones permitirían abolirlo. La cuestión ha sido el hilo conductor de las Jornadas para la excelencia, que acaban de celebrar en Esterri d'Àneu la decimotercera edición, dedicada a la movilidad y la conectividad. Y la conclusión que se lleva quien asiste es optimista. El Pirineo tiene mucho más potencial de lo que parece.

Empecemos por el punto de partida. El Aran genera un PIB por habitante de más de 40.000 euros, por encima de la media catalana. El turismo ha creado una base económica sólida y una marca reconocida. Y el territorio tiene paisaje, bosque, agua, energía y calidad de vida, unos activos cada vez más escasos y más valorados. El resto del Alt Pirineu parte de una posición más modesta, con un PIB por habitante de unos 27.500 euros, un 26% inferior a la media catalana. El PIB territorial mide la actividad y no la renta de las familias, pero la cifra indica que hay mucho margen para crecer.

"Las infraestructuras no son una concesión, sino una inversión con retorno"

¿Por qué no se crece más? La respuesta tiene tres componentes. Primero, una economía demasiado concentrada en los servicios, que superan el 78% del valor añadido, mientras que la industria no llega al 10%, aproximadamente la mitad que en Catalunya. Esto la hace muy vulnerable a la estacionalidad. Segundo, el impuesto de la distancia, que encarece todo lo que se produce y aleja el talento. Y tercero, la falta de espacio para crecer. Los dieciséis polígonos del territorio suman poco más de 95 hectáreas, el 0,3% del total catalán, y más del 80% de la superficie ya está ocupada.

La buena noticia es que la solución no pasa por renunciar a nada. El turismo debe seguir siendo un activo central. Se trata de diversificar sin sustituir, sumando la agroalimentación de calidad, la bioeconomía forestal, las energías renovables, la pequeña industria y los servicios profesionales que se pueden prestar a distancia. Todas estas actividades tienen algo en común. Necesitan estar bien conectadas. Josep Mateu, presidente del RACC, lo expresó con precisión cuando dijo que la movilidad "va más allá de los desplazamientos, porque es acceso a servicios y oportunidades".

La primera decisión es invertir en conectividad física con criterios económicos. Las infraestructuras no son una concesión, sino una inversión con retorno. El túnel de la Bonaigua es un buen ejemplo. Acortaría de manera notable el trayecto entre el Pallars y el Aran, evitaría los cortes de un puerto de montaña y ampliaría el mercado laboral y comercial de ambas comarcas. Un buen estudio de viabilidad debería cuantificar estos beneficios y también el coste de no hacer nada, que a menudo es el más alto.

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¿Quién trabajará donde nadie puede permitirse vivir?

La segunda decisión es disponer de suelo productivo pensado para potenciar la industria y otras actividades económicas en la montaña. No hacen falta grandes polígonos, sino espacios pequeños, bien conectados y realmente disponibles, porque el suelo planificado no siempre es suelo disponible. Una empresa que no encuentra dónde crecer no se queda esperando. Se va.

La tercera decisión es garantizar una conectividad digital de primer nivel. Con una buena conexión, una ingeniera, una consultora o una empresa tecnológica pueden trabajar desde un valle pirenaico para clientes de todo el mundo. La fibra es la infraestructura que más acorta las distancias y la que menos cuesta.

Jesús Montoliu, presidente de las jornadas, recuerda a menudo que detrás de las políticas de movilidad hay personas, familias y empresas. Tiene razón, y por eso estas tres decisiones no son solo política de infraestructuras. Son política económica y social de primer orden. Si se aciertan, el impuesto de la distancia irá bajando y el Pirineo podrá dejar de ser un territorio de temporada para convertirse en un Pirineo de doce meses.