Matar a los becarios para protegerlos

España tiene una capacidad casi ilimitada para transformar las buenas intenciones en problemas. Es una especialidad nacional poco reconocida, pero persistente. Cojamos una necesidad real, le añadimos una dosis generosa de buenas intenciones, la condimentamos con regulación, registros, protocolos, comisiones de seguimiento, inspecciones y regímenes sancionadores y, después de meses de trabajo administrativo, acabamos obteniendo exactamente lo contrario de lo que pretendíamos conseguir.

El Estatuto del Becario tiene todos los números para incorporarse a esta larga tradición. Nadie con un mínimo de sentido común discute que había que actuar contra determinados abusos. Durante años hemos visto estudiantes haciendo funciones estructurales de trabajadores bajo la etiqueta de prácticas, cubriendo vacantes permanentes o alargando situaciones que poco tenían que ver con la formación. Corregir estas desviaciones es positivo y necesario. El problema aparece cuando, una vez más, se confunde la protección con la sobreprotección.

"Durante años hemos visto estudiantes haciendo funciones estructurales de trabajadores bajo la etiqueta de prácticas. Corregir estas desviaciones es positivo y necesario"

La lectura del anteproyecto y, sobre todo, del dictamen elaborado por el Consejo Económico y Social (CES), deja una sensación curiosa. Por un lado, el CES reconoce la importancia estratégica de las prácticas como mecanismo de conexión entre el sistema educativo y el mercado laboral. Recuerda que las empresas son un actor imprescindible para facilitar la transición de los jóvenes hacia el empleo y advierte repetidamente de la necesidad de conseguir un equilibrio entre la protección de los estudiantes y la participación efectiva de las empresas. Por otro lado, el mismo documento alerta de los riesgos que pueden generar las nuevas cargas administrativas, los costes de tutorización y las dificultades que pueden tener las pequeñas empresas para asumirlas.

Es decir, el diagnóstico está perfectamente hecho. El problema es que, como ocurre a menudo en nuestro país, una cosa es diagnosticar y otra muy diferente es actuar en consecuencia. La norma parece redactada observando la realidad empresarial desde la ventana de una gran corporación. Desde allí todo parece fácil. Hay departamentos de recursos humanos, asesorías jurídicas, responsables de formación, técnicos de cumplimiento normativo y personal administrativo capaz de absorber cualquier nueva exigencia reguladora. Si llega un nuevo formulario, alguien lo rellenará. Si aparece un nuevo protocolo, alguien lo redactará. Si hay que elaborar un nuevo informe, alguien lo preparará.

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La realidad económica catalana y española es radicalmente diferente. Más del 95% de las empresas son pequeñas empresas o microempresas. No tienen departamentos de recursos humanos. No tienen técnicos de formación. No tienen asesores internos especializados en interpretar novedades legislativas. Cuando una empresa de ocho trabajadores incorpora a un estudiante, el tutor acostumbra a ser el mismo propietario, el director comercial, el responsable técnico o el jefe de producción. Es decir, alguien que ya va saturado de trabajo.

Y es precisamente aquí donde la norma empieza a chirriar. Durante décadas existió una figura extraordinariamente eficiente que hoy parece casi desaparecida del debate público: el aprendiz. Aquel joven que llegaba a una empresa sin experiencia, observaba, escuchaba, ayudaba, se equivocaba y aprendía. No era un sistema perfecto, pero formó a varias generaciones de profesionales. Miles de empresarios, directivos, industriales, comerciales y técnicos empezaron así. El país construyó buena parte de su capital humano a través de este sencillo mecanismo de transmisión de conocimiento. 

"Hay una figura extraordinariamente eficiente que hoy parece casi desaparecida del debate público: el aprendiz"

El empresariado tiene la sensación de que esta figura se la cargaron hace tiempo y que ahora se pretende sustituirla por una arquitectura burocrática que ignora completamente la realidad cotidiana de las pequeñas empresas. Porque un becario no es mano de obra gratuita. Es exactamente lo contrario. Durante los primeros meses consume tiempo, recursos y energía. Necesita explicaciones, supervisión y correcciones constantes. Comete errores. Hace preguntas. Obliga a los profesionales más experimentados a dedicar horas a formarlo. Las empresas asumen este coste porque entienden que están contribuyendo a formar futuros profesionales y porque saben que muchos de estos estudiantes acabarán incorporándose al mercado laboral y a sus empresas con unas competencias que difícilmente adquirirían exclusivamente en el aula.

El problema es que ahora, a este esfuerzo natural, se añade una capa creciente de burocracia. Convenios más complejos. Planes formativos individualizados. Seguimientos específicos. Documentación adicional. Nuevos requisitos. Posibles inspecciones. Nuevas obligaciones de registro y control. El mismo CES habla de una "complejidad administrativa significativa". El lenguaje institucional acostumbra a ser elegante. Traducido al lenguaje de cualquier empresario quiere decir más horas de gestión, más papeleo, más costes indirectos y menos incentivos para participar.

La paradoja es fascinante.

Se legisla para proteger a los becarios, pero se corre el riesgo de reducir el número de empresas dispuestas a acogerlos. Y aquí aparece un viejo problema de la política española contemporánea: la dificultad de entender la concertación. La ministra Yolanda Díaz ha demostrado sobradamente su habilidad para generar titulares, ocupar espacios mediáticos y situar determinados debates en la agenda pública. El problema es que una parte significativa de estas iniciativas tienen muchas dificultades para transformarse en consensos estables y operativos.

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La concertación no consiste únicamente en convocar reuniones con agentes sociales. Consiste en construir acuerdos que hagan que las partes afectadas quieran participar activamente en el éxito de las medidas adoptadas. Cuando una regulación es percibida como una imposición, la colaboración se convierte en cumplimiento mínimo. Y cuando la colaboración desaparece, la calidad de los resultados acostumbra a deteriorarse rápidamente.

Esta es probablemente la gran debilidad del Estatuto del Becario. Está construido desde una lógica de control más que desde una lógica de incentivación. La Administración continúa asumiendo el papel de vigilante del sistema mientras las empresas son observadas como potenciales infractoras. Es una aproximación que puede generar satisfacción política a corto plazo, pero que difícilmente ayudará a construir un sistema sólido de prácticas a largo plazo.

Los países que funcionan mejor en este ámbito han recorrido un camino diferente. Alemania, Suiza o Austria no han construido sus modelos sobre la sospecha. Los han construido sobre la confianza, los incentivos y la corresponsabilidad. Las empresas son consideradas socios educativos. Se las ayuda. Se las reconoce. Se las incentiva. Se las acompaña.

Aquí, en cambio, continuamos creyendo que cada problema se resuelve añadiendo una nueva obligación. Quizás sería más inteligente empezar a pensar en incentivos fiscales para las empresas formadoras. En ayudas directas a los tutores. En sistemas simplificados para microempresas. En plataformas únicas que eliminen burocracia. En programas específicos para facilitar la participación de las pymes.

"Sería una ironía muy propia de nuestro tiempo que, en el intento legítimo de acabar con los falsos becarios, acabáramos reduciendo las oportunidades de los becarios de verdad"

Porque la pregunta fundamental no es cuántos expedientes sancionadores seremos capaces de abrir. La pregunta es cuántas empresas estarán dispuestas a formar jóvenes de aquí a cinco años. Y la respuesta dependerá mucho menos de los controles que de los incentivos. La protección es necesaria. Todo el mundo está de acuerdo. Pero hay una regla que se cumple con una regularidad extraordinaria en la economía, en la sociedad e incluso en la naturaleza: la sobreprotección acaba destruyendo aquello que pretendía proteger.

Sería una ironía muy propia de nuestro tiempo que, en el intento legítimo de acabar con los falsos becarios, acabáramos reduciendo las oportunidades de los becarios de verdad. Y aún sería más irónico que esta posibilidad hubiera sido advertida por el mismo CES antes de que la norma entrara plenamente en funcionamiento. Pero también sería muy español. Diagnosticar correctamente el problema, escribir un informe excelente, identificar los riesgos con precisión y, finalmente, avanzar decididamente en la dirección que el informe recomendaba evitar.