La tributación de la empresa familiar: ¿una antigualla fiscal?

La actual estructura de la empresa familiar en España se ha convertido en un refugio fiscal potencial que permite acumular capital bajo dos prerrogativas: exención en el impuesto sobre el patrimonio, y reducción del 95% en el impuesto de sucesiones y donaciones. Sin embargo, más allá de la inequidad fiscal entre tipos de formas empresariales, origen de la propiedad y dimensión, también puede producir importantes distorsiones que generan una ineficiente asignación de recursos que resultan difíciles de justificar.

De entrada, la diferencia entre desarrollar una actividad económica a través de una sociedad o como autónomo o trabajador de alta cualificación es bastante importante, a causa del efecto combinado del impuesto de sociedades y el IRPF. El autónomo/trabajador que tributa directamente por IRPF lo hace a tipos que, en los tramos altos, se sitúan alrededor del 50%. La empresa societaria no supera el 25% en el impuesto sobre sociedades (IS). Uno paga por ingresos, mientras el otro lo hace por beneficios (ingresos menos gastos). Además, si estos dividendos no se reparten, el socio persona física no pagará ni un céntimo de euro hasta que se distribuyan de forma efectiva.

La distorsión más importante se produce, sin embargo, cuando entre la sociedad y el socio se interpone una sociedad. Una de las razones de hacerlo es porque, al cobrar los dividendos esta y no el socio, tiene derecho a una exención del 95% con la finalidad de evitar la doble tributación. Si esta sociedad holding los utilizara para canalizar inversiones empresariales, es decir, los invirtiera en activos productivos, no habría nada que decir sobre esta mayor capacidad inversora. Pero en la realidad, muchas empresas, normalmente familiares, usan esta sociedad holding para canalizar sus inversiones particulares. Si bien la ley obliga a que los socios declaren como renta aquellos beneficios en especie (alquiler, coches, embarcaciones) en su IRPF por el uso personal de estos activos, la realidad es que se trata de una fuente de elusión fiscal importante y muy difícil de controlar.

"Si bien la ley obliga a que los socios declaren como renta aquellos beneficios en especie en su IRPF, la realidad es que se trata de una fuente de elusión fiscal importante y muy difícil de controlar"

La otra fuente de distorsión, en este caso consecuencia de los beneficios fiscales a las empresas familiares, proviene del impuesto sobre sucesiones. Al heredar, el heredero aplica la reducción del 95% sobre un patrimonio que puede incluir los beneficios que aún no se han distribuido y que, por lo tanto, no han pagado impuestos en el IRPF del socio persona física. Pero aquí el punto más crítico es el salto de valor fiscal: el heredero actualiza el valor de las acciones al precio de mercado actual sin haber pagado ni un céntimo por la plusvalía generada por su antecesor.

Vista la situación, ¿es realmente necesario proteger la sucesión de algunas fortunas con todas aquellas prerrogativas? ¿Tiene sentido que dividendos de muchos millones de euros circulen hacia una "sociedad hucha" casi sin tributar, mientras un emprendedor digital, pongamos por caso, que empieza de cero paga el máximo desde el primer euro de beneficio que saca de su empresa? Y es que la ley no distingue entre la continuidad operativa (que la fábrica no cierre) y la perpetuidad de la riqueza (que la familia no pague).

"¿Tiene sentido que dividendos de muchos millones de euros circulen hacia una ‘sociedad hucha’ casi sin tributar, mientras un emprendedor digital paga el máximo desde el primer euro de beneficio?"

Los privilegios de la empresa familiar se han convertido así en una especie de "derechos adquiridos" que nadie se atreve a tocar por miedo al lobby empresarial. Arrastramos como resultado una legislación que premia el capital heredado por encima del talento generado. Cuando en una economía moderna, lo que hay que proteger es la inversión en I+D+i y la creación de puestos de trabajo, no la capacidad de un holding de comprar fincas o carteras de valores con dinero que nunca ha pasado por el tamiz del IRPF.

No se trata con esto de castigar a la empresa, especialmente la familiar, sino de desmontar el escudo fiscal que permite que algunas familias vivan en un paraíso fiscal interno mientras el resto de la sociedad financia los servicios públicos. Tenemos que decidir si queremos una economía de "propietarios rentistas" o una economía de emprendedores y trabajadores competitivos.

Firman también este artículo: Antoni Durán Sindreu y Albert Sagués, profesores asociados de la UPF.