Una Ley para estar más cerca de las empresas

Después de más de una década de reivindicaciones y de un duro trabajo de diálogo, interlocución y pacto, hemos conseguido nuestro objetivo. Ahora, por fin, lo podemos decir: la nueva Ley de Cámaras ya es una realidad. En 2014 se aprobó una Ley de Cámaras estatal que definía las bases de las funciones y las atribuciones de las cámaras, estableciendo que cada comunidad autónoma hiciera su propia ley adaptada al territorio, pero Catalunya todavía lo tenía pendiente. Más de diez años después, Catalunya dispone finalmente de un marco legal moderno y adaptado a la realidad actual de su sistema cameral. Esto es una gran noticia, en primer lugar, para las cámaras, pero también para las empresas.

Las cámaras de comercio han sido, históricamente, una de las grandes organizaciones catalanas de apoyo a la actividad económica. Herederas de las antiguas Juntas Particulares de Comercio, hoy están presentes en más de 550 órganos de gobierno de instituciones públicas y privadas del mundo económico. En total, las trece cámaras de comercio catalanas cubren a más de 600.000 empresas del territorio. Además, las cámaras cumplen una función muy importante de divulgación y de análisis de temáticas de actualidad que preocupan a las empresas con la publicación de estudios elaborados por economistas experimentados. Finalmente, también prestan servicios a las empresas en diferentes ámbitos y colaboran con las administraciones públicas.

"Más de diez años después, Catalunya dispone finalmente de un marco legal moderno y adaptado a la realidad, una gran noticia para las cámaras, pero también para las empresas"

Las Cámaras cumplen 140 años, pero la economía del siglo XXI no tiene nada que ver con la del pasado. En la actualidad, las empresas afrontan retos tan diversos como la digitalización, la transición energética, la captación y la retención de talento, la internacionalización de sus negocios o la adaptación a entornos cada vez más cambiantes. La nueva Ley reconoce esta realidad y dota a las cámaras de un marco más adecuado para continuar acompañando el tejido empresarial en estos desafíos.

Una de las principales virtudes de la norma es que reconoce y regula el papel institucional y la representatividad de las cámaras como defensoras de los intereses generales de la economía. Las cámaras ejercen esta función de interlocución desde una visión de conjunto, defendiendo estos intereses generales de la actividad económica y contribuyendo a una mejor conexión entre el mundo empresarial y las administraciones públicas.

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Punto y aparte para las cámaras catalanas: el día después de la aprobación de la Ley

Esto no nos convierte ni en un lobby ni en un agente social -ni nos interesa ni nos corresponde- sino que se regula la participación de las cámaras en aquellos organismos públicos y público-privados donde sea necesario garantizar la presencia de los intereses generales de la economía. De esta manera, el Govern deberá tener en cuenta a las cámaras en la acción pública cuando estén en juego intereses económicos generales.

La Ley también aporta una estabilidad económica. Tras la eliminación de las cuotas camerales y en ausencia de una normativa actualizada, las cámaras de comercio se han visto obligadas a desarrollar funciones de interés general en ámbitos como la formación, la internacionalización, el emprendimiento o el apoyo a la competitividad empresarial sin disponer de un sistema estable de financiación para hacerlo. El nuevo marco reconoce que estas funciones tienen un valor público evidente y establece las bases para que se puedan desarrollar con continuidad, rigor y visión a largo plazo.

Otro aspecto especialmente relevante es el reconocimiento de la proximidad territorial. Las realidades empresariales del país son diversas, y esta diversidad es una de las grandes fortalezas de Catalunya. Las necesidades de una industria en la Catalunya Central, de una empresa exportadora del Penedès, de un negocio turístico de la costa o de una startup del área metropolitana pueden ser diferentes, pero todas necesitan instituciones capaces de escucharlas y acompañarlas. La nueva Ley refuerza este modelo de proximidad, que permite trasladar la voz del territorio a los centros de decisión y adaptar las actuaciones a las necesidades reales de cada demarcación.

"Más reconocimiento institucional, más capacidad de influencia y una financiación más estable. La nueva Ley de Cámaras significa mucho más que una actualización normativa"

La norma también envía un mensaje claro en favor de la colaboración entre empresas y administraciones. Los grandes retos de país, desde las infraestructuras hasta la sostenibilidad, pasando por la formación o la productividad, solo se podrán afrontar con éxito si hay cooperación entre administraciones, empresas y agentes económicos. Las cámaras son, por naturaleza, espacios de consenso y de construcción de acuerdos, y la Ley refuerza este papel de puente y de conexión al servicio del interés general.

Finalmente, vale la pena mencionar la nueva configuración de los Planes Camerales, a través de los cuales las cámaras podrán identificar las necesidades prioritarias de la economía, proponer objetivos de desarrollo y plantear actuaciones específicas para alcanzarlos. La Ley otorga también nuevas funciones relacionadas con la promoción del catalán en el ámbito empresarial, un compromiso con el país que asumimos con orgullo.

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Josep Santacreu-Va de empresas, va de empresarios

Más reconocimiento institucional, más capacidad de influencia, una financiación más estable, un marco de colaboración más potente, y más transparencia y eficiencia. La nueva Ley de Cámaras significa mucho más que una actualización normativa. Es una apuesta por reforzar las herramientas que tiene el país para impulsar la competitividad, la iniciativa empresarial y la prosperidad colectiva. En un contexto marcado por grandes transformaciones económicas, tecnológicas y sociales, Catalunya necesita instituciones modernas, útiles y conectadas con la realidad de las empresas.

Por todo ello, la Ley de Cámaras no es solo una Ley para las cámaras de comercio. Es una apuesta por una economía más competitiva, más innovadora y arraigada al territorio y una muestra de confianza en la capacidad de la colaboración entre instituciones y el sector privado para generar oportunidades, empleo y prosperidad para la sociedad. En definitiva, es una Ley que refuerza las herramientas de que disponemos como país para generar actividad económica, empleo y avanzar hacia un modelo de prosperidad compartida.