Este miércoles, 22 de julio, era el día previsto para aprobar la Llei de Cambres, el texto legislativo que fija el estatus jurídico de las trece cámaras de comercio catalanas que hace más de una década se encuentra encallado. Si bien hace un año el presidente del Consell General de Cambres de Catalunya, Josep Santacreu, celebraba el “consenso” alcanzado para presentar al Parlament la propuesta de ley, esta deberá esperar a que, como mínimo, pase el verano. ¿El motivo? Las ya populares -y polémicas- sillas de plata de la Cambra de Comerç de Barcelona, que el pasado jueves se aprobó su ampliación de dos a diez en el Pleno de la entidad cameral.
Después de una votación empatada a 29 votos para volver a ampliar el número de sillas, con las que grandes empresas pueden obtener una vocalía en el Pleno de la Cambra a cambio de una aportación de 75.000 euros anuales, Santacreu desempató a favor del incremento. Así, el número de sillas vuelve a crecer después de que en 2019 Eines de País las redujera de catorce a dos -el mínimo legal-, ocupadas en la actualidad por el Racc y CriteriaCaixa. “La Cambra no es solo la Cambra de las pymes, es la de todas las empresas”, sentenciaba Santacreu este domingo en una entrevista en La Vanguardia.
Después de empatar a 29 votos la propuesta de volver a ampliar las sillas por 75.000 euros al año para grandes empresas, Santacreu desempató a favor del incremento
Tanto la mencionada votación como las reacciones a la entrevista publicada este domingo son solo un reflejo del dilema que yace en el Pleno: “No habíamos tenido nunca una discrepancia de este tipo”, aseguraba el presidente, a pesar de matizar que “es mucho más lo que nos une”. La sensación de fragmentación dentro del Pleno, sin embargo, se ha mantenido a raíz de las declaraciones que el abogado y miembro del Pleno de la entidad cameral, Toni Fitó, ha compartido en su usuario de LinkedIn en relación con la entrevista, y ha asegurado que la sentencia de Santacreu es “gravísima, inadmisible e indigna del máximo representante de la Cambra de Comerç de Barcelona”.
“El debate no es si estamos a favor o no de que la gran empresa esté representada en la Cambra; y tanto que debe estarlo”, apunta Fitó a VIA Empresa. Ahora bien, Fitó, que fue vicepresidente primero de la Cambra de Barcelona asegura que las sillas de plata “no deben ser la vía”. Entre los argumentos que rechaza Fitó se encuentra el económico: las ocho sillas de plata que se añadirán a razón de 75.000 al año se traducirá en un ingreso de 600.000 euros, cifra que no llega al 1,8% del presupuesto anual del organismo, que supera los 34 millones. “La proporción que representa es insignificante”, sostiene Fitó, quien añade que la figura de la silla de plata “no es la forma tradicional de financiar la Cambra, ni responde a una tradición cameral”.
Fitó, además, analiza diversos indicadores a la hora de valorar si la gran empresa se encuentra correctamente representada en la entidad cameral. Si bien recuerda que esta tiene un peso del 0,2% del tejido productivo catalán, reconoce que las empresas de gran dimensión concentran cerca del 30% de la mano de obra, y entre el 35% y el 38% de la aportación al valor añadido bruto (VAB) catalán. Aun así, el abogado apunta que “de las 60 empresas del Pleno con derecho a voto, quince son grandes empresas, y la representación en el comité ejecutivo supera el 40%”. "La gran empresa está, incluso, sobrerrepresentada”, sentencia. Una visión que comparte con VIA Empresa la patronal Pimec, en tanto que máxima representante de la pequeña y mediana empresa catalana, y recuerda el peso del 99,8% que esta tiene sobre el tejido productivo.
Fitó: "La gran empresa está, incluso, sobrerrepresentada”
Por otro lado, el abogado recuerda que hay “otras vías de representación” que no están aprovechadas, como las 25 vocalías consultoras que el comité ejecutivo de la entidad cameral puede ofrecer más allá de los 60 miembros del Pleno. Firmas como la inmobiliaria Colonial o el grupo industrial MatHolding cuentan con este tipo de representación, y, actualmente, quedarían hasta 12 de las 25 vocalías sin cubrir: “Es una vía desaprovechada”, argumenta Fitó, quien lamenta la ruptura de “equilibrio sectorial” que implica el incremento de las sillas de plata: “A estas sillas solo pueden acceder unas empresas determinadas, ya que deben ser capaces de aportar 75.000 euros anuales durante cuatro años, es decir, 300.000 euros”.
La visión de las cámaras vallesanas
Sin embargo, hay quien no discrepa tanto de Santacreu. Con el titular de la discordancia en el centro, Ramon Alberich, presidente de la Cambra de Comerç de Sabadell, reconoce a VIA Empresa que “se distorsionó un poquito la realidad de las cosas”. Sostiene que fue una situación “desafortunada” y añade que “la han intentado enmendar” desde la cámara barcelonesa. En este sentido, Alberich pone el acento en el rasgo diferencial de las entidades camerales: el censo universal. “Todas las empresas de la demarcación están adscritas por ley a la cámara de su territorio, desde los autónomos y las pequeñas y medianas empresas hasta las grandes corporaciones”, recuerda.
Por lo tanto, a su entender, no se trata de una cuestión de tamaño, sino de participación democrática en los órganos de gobierno. “Lo que intenta la Cambra de Barcelona con la ampliación de estas vocalías de aportación es que el segmento de las grandes empresas también esté presente en su gobernanza”, apunta Alberich. Ahora bien, el presidente sabadellense no se priva de reivindicar la razón de ser del día a día cameral: “Las cámaras trabajamos mucho más para las pequeñas empresas, porque las grandes ya tienen medios y recursos propios. Lo que necesitan las grandes de una cámara es muy diferente de lo que requiere un autónomo o una pyme”.
De hecho, señala que la inmensa mayoría de los servicios, la formación y el asesoramiento que ofrecen las cámaras van destinados precisamente al segmento de las pymes. Por eso, considera que el revuelo generado es “una vez más, una distorsión de la realidad cameral, y una prueba de los tira y afloja habituales que existen entre una patronal y la propia cámara”.
Alberich: “Lo que intenta la Cambra de Barcelona con la ampliación es que el segmento de las grandes empresas también esté presente en su gobernanza”
A estas reflexiones se suma Ramon Talamàs, presidente de la Cambra de Comerç de Terrassa, quien afirma a este diario que encuentra bastante “jugosos” los sucesos de los últimos días. Explica que a las patronales les ha sido "fácil” convencer a los Comuns y la CUP para pedir el dictamen al Consell de Garanties Estatutàries y tirar del hilo de la polémica, ya que el debate de las sillas de plata encaja con la postura de estos grupos de vigilar "que en el dinero público no hubiera de privados".
Al mismo tiempo, argumenta que el movimiento se tenía que hacer ahora por una cuestión de plazos legales: “La Generalitat nos pidió el 30 de marzo como fecha límite para definir la composición de los plenos de cara a las próximas elecciones de 2027. Quizás no era el mejor momento para presentar esto, pero se tenía que presentar". Al mismo tiempo, ilustra la distancia entre la realidad de Barcelona y la de Terrassa: “En Terrassa, la mayoría de las empresas son medianas y grandes, y este tejido ya queda representado de manera natural en los plenos”.
En Barcelona, por la vía electoral ordinaria, alerta que “la gran empresa no queda representada", porque un gigante corporativo tiene el mismo voto individual que cualquier negocio pequeño. "¿Quién quiere votar al Banco Sabadell? Pues los gestores de seguros o las empresas financieras”, ejemplifica. “Aquí en Terrassa el sector farmacéutico vota bastante poco. Quizás a una farmacia le interesa más votar a la de al lado que no a un gran grupo".
¿Qué se espera de la futura Llei de Cambres?
En abril de 2014 entró en vigor la Ley Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, la regulación estatal de las entidades camerales que daba un plazo de ocho meses -hasta el 1 de enero de 2015- para adaptar las regulaciones autonómicas -la catalana data de 2002- a la normativa estatal. “Vamos muy tarde”, recalca Fitó. La nueva ley catalana, que ahora se espera que sea aprobada pasado el verano, redefine el papel de las cámaras de comercio como “verdaderas entidades de desarrollo económico” y propone grandes medidas en materia de financiación.
“Es sin duda el aspecto más relevante de la nueva ley”, comenta Fitó, quien explica que parte de la financiación de las entidades camerales vendrá dada por recursos públicos directos que el Govern deberá consignar anualmente en los presupuestos de la Generalitat. “Esto no existía, es novedoso y confiere una estabilidad presupuestaria a las cámaras de comercio muy importante”, subraya Fitó.
La nueva ley catalana, que se espera que sea aprobada pasado el verano, propone grandes medidas en materia de financiación: “Es sin duda el aspecto más relevante de la nueva ley”
Una necesidad que comparte Alberich, quien destaca como punto crucial la recuperación de la “financiación pública para la función pública de las cámaras”. Según el presidente, el texto se ha articulado alrededor de tres ejes principales que deben resolver los deberes pendientes. En primer lugar, la normativa debe servir para construir un “marco legal consistente” en Catalunya que se ajuste a la ley básica estatal. Una vez hecho este encaje, Alberich destaca la recuperación de la “financiación pública para la función pública de las cámaras”. A la vez, el redaccional busca desplegar y reforzar la gobernanza del Consell de Cambres con el objetivo de mejorar el diálogo, la interlocución y el trabajo conjunto con las administraciones, “especialmente con la Generalitat”.
El nuevo texto regulador también contempla ingresos públicos de convenios u otros instrumentos cuando las cámaras lleven a cabo actividades delegadas de la administración y refuerza el papel del consejo. Precisamente en este punto, Talamàs sitúa el trasfondo político y patronal que ha impedido avanzar la ley y carga contra Pimec por “haberse opuesto siempre”. "Son entidades de servicios y muchos son servicios en las cámaras competimos; como algunos tienen dotaciones económicas, ellos opinan y tienen su derecho a que, cuanto más estemos, menos tocará a repartir", recalca. Respecto al aplazamiento, prefiere quitar hierro al calendario: “No nos tenemos que hacer sangre. Después de esperar diez años, ahora no vendrá de tres meses”.
Lo cierto, sin embargo, es que entre el resto de las cámaras el gusto es mucho más amargo. “Decepción y desesperación” es el sentimiento compartido que, según Alberich, se respira entre las trece cámaras catalanas. “¿Qué país somos que somos incapaces de sacar adelante una ley que no tendrá demasiado impacto social?”, pregunta. “En el año 2019, la exconsejera de Empresa, Àngels Chacón, hizo el encargo formal para elaborar una propuesta de ley”, rememora el presidente de la cámara vallesana. Un intento que ha encontrado la resistencia de las organizaciones empresariales y los agentes sociales por un debate "interesado" sobre la representatividad: "Los actuales agentes sociales lo que pretenden es tener la exclusividad de la representación empresarial y querrían que las cámaras quedaran excluidas", sentencia.
"El Estado define un modelo en 2014 y las comunidades autónomas tienen la obligación de tomarlo como referencia y transponerlo, igual que pasa con las directivas europeas", insiste. En este sentido, Alberich defiende que la norma estatal deja bien claro que las cámaras tienen la función de "defender los intereses generales de la economía y de las empresas", un principio fundacional que espera que la nueva ley catalana blinde definitivamente.
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