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Sonrisas, aplausos y suspiros. Este miércoles, una foto de familia en las escaleras del Parlament de Catalunya ha capturado el momento más anhelado desde hacía más de una década por las trece cámaras de comercio que conforman el Principado. Con el aval del Consell de Garanties Estatuàries y la aprobación de la Ley de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Catalunya, el tejido cameral ha resuelto una deuda pendiente desde la entrada en vigor de la normativa estatal de 2014. El nuevo texto actualiza el marco legal catalán -vigente desde 2002-, reconoce el papel de las cámaras como corporaciones de derecho público y establece un doble sistema de financiación, público y privado. 114 votos a favor, nueve en contra y once abstenciones son los que se han contabilizado en el hemiciclo.
El resultado supone un punto y aparte a una tramitación que ha avanzado durante años entre gobiernos, cambios de legislatura y diferencias patronales. La red cameral catalana despliega su actividad a través de las cámaras de Barcelona, Sabadell, Terrassa, Manresa, Girona, Sant Feliu de Guíxols, Palamós, Tàrrega, Lleida, Tarragona, Reus, Valls y Tortosa. Todas ellas se coordinan a través del Consell General de Cambres de Catalunya. Para entender el peso histórico de esta aprobación, sin embargo, hay que remontarse unos cuantos siglos atrás. La tradición bebe de la Llotja de Mar, el Consolat de Mar y la Junta de Comerç, un legado que la nueva normativa también ha querido ensalzar. De hecho, durante el debate de la proposición de ley se ha recordado que las actuales cámaras son herederas de estas instituciones.
El nuevo texto resuelve una deuda pendiente desde la normativa estatal de 2014, actualiza el marco catalán de 2002 y reconoce el papel de las cámaras como corporaciones de derecho público
En el año 2010, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero eliminó la obligatoriedad de pagar el llamado recurso cameral permanente al que estaban sometidas todas las empresas, ya que más del 60% de los ingresos de las cámaras provenían de esta cuota. Durante el debate parlamentario, el diputado de Junts, Joan Canadell i Bruguera, ha señalado aquel año como el origen de la crisis de ingresos y ha atribuido al gobierno de Zapatero -a quien se ha querido referir como “el de las joyas”- la pérdida de una gran vía de ingresos. “Más de quince años esperando que la financiación volviera”, ha sentenciado Canadell.
La cuestión no se resolvió con la legislación posterior. En abril de 2014 entró en vigor la ley básica estatal, que daba un plazo de ocho meses -hasta el 1 de enero de 2015- para que las comunidades autónomas adaptaran sus marcos reguladores. Catalunya, sin embargo, mantuvo la ley de 2002 como referencia. Después de intentos fallidos como el de 2016 o del encargo que hizo en 2019 la entonces consejera Àngels Chacón, el proceso se había encallado en un largo laberinto negociador. El presidente de la Cambra de Comerç de Sabadell, Ramon Alberich, resumía en VIA Empresa el sentimiento de estos años de espera con dos palabras: “Decepción y desesperación”.
Inyección de tres, cinco y siete millones
Minutos después de la votación en el hemiciclo, los presidentes y presidentas de las cámaras han comparecido para valorar el hito. Jaume Fàbrega, presidente de la Cambra de Girona y vicepresidente del Consell General, ha apuntado que “el hecho de estar unidos es lo más importante de todo y es lo que ha hecho posible que hoy estemos aquí”. También ha recordado que las trece cámaras parten de realidades y dimensiones muy diferentes, y que esto ha hecho especialmente complejo y difícil mantener una posición común. A pesar de ello, ha explicado, las corporaciones alcanzaron un acuerdo que se ha mantenido durante toda la tramitación.
Sílvia Gratacòs, presidenta de la Cambra de Manresa, ha puesto el foco en la dimensión territorial de las cámaras y en las personas que las integran. “Con esta aprobación reconocemos también el trabajo y el rol de 400 personas que forman parte de los plenos camerales", ha señalado. Gratacòs ha apuntado que estas representan el interés general a la vez que aportan la visión de sus empresas y territorios. La presidenta manresana ha ampliado esta fotografía con la red de colaboraciones que las cámaras han construido durante años: unas 500 entidades con las que participan en iniciativas públicas y privadas, desde proyectos de formación profesional y desarrollo económico local hasta la gestión de equipamientos e iniciativas empresariales.
La comparecencia también ha dejado un dato significativo sobre la composición de las cámaras. Gratacòs ha querido incidir en el hecho de que actualmente solo hay dos mujeres entre los trece presidentes y presidentas: "Creo que ya sé que no somos paritarios, pero de momento es lo que tenemos", ha apuntado, en referencia a una señalada que se ha hecho durante las enmiendas de los Comuns. En concreto, uno de los diputados del grupo ha pedido que se leyera la número 72, que proponía una composición paritaria de las candidaturas mediante una “lista cremallera”, con ningún sexo por encima del 60% ni por debajo del 40%.
En la misma línea, el presidente de la Cambra de Barcelona y del Consell General, Josep Santacreu, ha definido la jornada como “un día de alegría. Pero también nos lo tenemos que hacer mirar como país, porque hemos tardado muchos años", ha lamentado. Al mismo tiempo, ha remarcado que la amplitud de la mayoría parlamentaria -a pesar del momento político, que vislumbra unas elecciones para el próximo 29 de noviembre- compensa en parte esta demora y permite abrir una nueva etapa con un marco legal “moderno y adaptado”.
Santacreu ha querido subrayar que la nueva norma reafirma las cámaras como organizaciones defensoras de los intereses generales de la economía y como organismos de colaboración con las administraciones, pero sin convertirlas en agentes sociales. “No somos ni queremos ser agentes sociales”, ha subrayado, en referencia al papel que ejercen los sindicatos en el diálogo social. "Queremos que la Generalitat y el resto de administraciones nos tengan en cuenta cuando estén en juego los intereses económicos generales", ha recalcado.
Santacreu: “No somos ni queremos ser agentes sociales, queremos que nos tengan en cuenta cuando estén en juego los intereses económicos generales"
En cuanto al contenido del nuevo texto legal, la norma ordena el rol de las corporaciones alrededor de tres ejes principales. En primer lugar, garantiza una financiación pública progresiva mediante un convenio plurianual a tres años con la Generalitat, que inyectará tres millones de euros el primer año, cinco millones el segundo y siete el tercero. Asimismo, se introducen los llamados Planes Camerales como herramientas de colaboración público-privada para coordinar el desarrollo económico territorial y reforzar el papel de las cámaras en ámbitos como la FP Dual, la digitalización o los polígonos industriales. El texto también regula la prestación de servicios a empresas bajo principios de libre competencia y fija nuevos estándares de transparencia, buen gobierno y retribución, y promueve el uso de la lengua catalana en la empresa.
Con este telón de fondo, Ramon Talamàs, presidente de la Cambra de Terrassa, ha apuntado a este diario que la Ley es "un punto de partida que no termina ningún camino”. A la vez, ha atribuido una relevancia capital al reciente dictamen, el cual "fija una clara jurisprudencia y avala las competencias público-administrativas camerales que justifican la adscripción obligatoria de toda empresa y autónomo al censo". Según Talamàs, el dictamen deja claro que las competencias camerales "pueden ser diferentes o complementarias, pero nunca inferiores a las de los agentes sociales".
¿Cómo quedan los tira y afloja de las sillas de plata?
La cuestión de la representatividad también ha sobrevolado el debate en el pleno del Parlament. En especial por las conocidas sillas de plata de la cámara barcelonesa, que este mes de julio han vuelto a ocupar el debate empresarial después de que el pleno aprobara ampliarlas de dos a diez. Las vocalías permiten a grandes empresas obtener representación en el pleno mediante una aportación voluntaria de 75.000 euros anuales. La ampliación obtuvo luz verde después de un empate a 29 votos, que Santacreu deshizo a favor del incremento. El mecanismo ya había sido reducido en 2019, cuando Eines de País pasó de catorce a dos vocalías -el mínimo legal- ocupadas en la actualidad por el Racc y CriteriaCaixa.
Santacreu ha situado las críticas de los Comuns y de Vox -desde puntos de vista opuestos, los primeros por considerar excesiva la influencia privada y los segundos por cuestionar la intervención pública- como una muestra, a su entender, del equilibrio que busca la norma. “No es una ley intervencionista, y me habría gustado que alguno de los diputados la hubiera leído”, ha defendido, y ha reivindicado que las cámaras deben poder colaborar con los gobiernos y, a la vez, actuar con criterio propio.
Santacreu ha querido aclarar que "no es una ley intervencionista", mientras que Talamàs ha reconocido que las cámaras requieren "la responsabilidad de todos en favor de un desarrollo armónico de Catalunya"
En paralelo, Pimec ha hecho una valoración positiva de la aprobación del texto al considerar que permite ordenar el ecosistema empresarial catalán y concretar la naturaleza de las corporaciones de derecho público. En un comunicado, la patronal ha señalado que la norma delimita la función institucional de las cámaras respecto de la representación y defensa del interés empresarial que corresponde a los agentes sociales, a la vez que preserva la autonomía del mundo asociativo ante posibles injerencias públicas.
Con todo, la organización ha mantenido su rechazo firme a las sillas de plata, y ha alertado de que el ingreso de vocalías por aportaciones económicas distorsiona la representación democrática y reduce el peso electoral de sectores clave como el comercio, la hostelería, el transporte o la industria. Por su parte, Santacreu ha querido restarle tensión. “Los sindicatos y las patronales ya tenían su ley; hoy nosotros tenemos la nuestra actualizada”, ha remachado, y ha explicado que se trata de una situación que había que planificar y que no va en detrimento de nadie. “El país nos necesita a todos, aquí no sobra nadie y tenemos unas magníficas relaciones con todos los agentes sociales”, ha aseverado.
En este sentido, Talamàs ha reconocido que las cámaras requieren "la responsabilidad de todos en favor de un desarrollo armónico de Catalunya. Debemos encontrar puntos de colaboración con el resto de agentes", ha defendido, antes de apelar al Departamento de Empresa y Trabajo para que actúe como un árbitro "objetivo, pragmático y facilitador". "Por ejemplo, en la perfección de las diversas acciones que prevé el recién aprobado Pacto Nacional para la Industria hay diversos puntos en los que, evitando duplicidades, la colaboración y complementariedad será necesaria", ha exigido.
En definitiva, la nueva Ley se entiende por las corporaciones de derecho público como una "Ley de país", y en palabras de Talamàs, la decana de las cámaras catalanas mantendrá su compromiso con la aportación de un valor basado "más en una auctoritas que nos tenemos que ganar día a día, que no en la potestas que nos aporta la legislación". Un trabajo que a partir de este miércoles, 7 de octubre, siempre será recordado como el día en que el tejido cameral catalán desatascó finalmente su marco legal para abrir una nueva etapa de estabilidad y reconocimiento.
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