"El político no produce". Esta frase, repetida una y otra vez en los bares, en las tertulias y en las redes sociales, se ha convertido en un clásico entre nosotros y, en gran medida, resume el malestar ciudadano. La imagen extendida sobre la clase política es la siguiente: son privilegiados, viven alejados de la realidad productiva y se mantienen de lo que generan los demás. Últimamente, suena con fuerza y contundencia, ya que transmite una idea clara: quienes gobiernan viven de los impuestos, sobre todo de los que pagan quienes crean riqueza en la economía real. Pero, en el mundo de la economía, producir no es un asunto tan simple ni tan sencillo.
Producir es, en general, crear valor añadido, transformar recursos en bienes y servicios útiles para la sociedad. Según esta definición, los políticos no producen de manera clásica, pero son gestores de un marco institucional que puede multiplicar o ralentizar la capacidad productiva. Reducir el debate a un eslogan o a un titular no refleja ni la economía ni la complejidad del mundo moderno.
El estado español es un laboratorio adecuado para analizar este dilema. Si partimos de la frase anterior, desde 1978, el Estado y el papel de los políticos han cambiado por completo. Con la reestructuración industrial de los años ochenta impulsada por Felipe González, miles de trabajadores perdieron su empleo, pero a la vez se establecieron las bases para que los sectores no competitivos no hundieran las cuentas públicas.
La entrada en la Comunidad Económica Europea en 1986 supuso un salto decisivo: los fondos de cohesión y las políticas comunes financiaron carreteras, puertos y ferrocarriles, con un resultado claro, el aumento de la productividad. En los noventa, Aznar llevó a cabo privatizaciones masivas y la liberalización de las telecomunicaciones y la energía, generando ingresos adicionales y competitividad, pero a la vez debilitando el control público sobre empresas estratégicas.
En los años 2000, Zapatero expandió el estado del bienestar y puso en marcha el Plan E. En plena crisis sostuvo miles de puestos de trabajo temporales, pero abrió un debate sobre la eficiencia del gasto, ya que este creció mucho. Después de la Gran Crisis, Rajoy priorizó la austeridad y las reformas estructurales para estabilizar las cuentas públicas. Consiguió reducir el déficit, pero con un coste social elevado.
En los últimos años, Pedro Sánchez gestionó la pandemia con medidas especiales, como los ERTE, protegiendo millones de puestos de trabajo. Asimismo, ha destinado los fondos europeos Next Generation a la digitalización, la transición verde y la innovación.
Crear una empresa en el estado español es más caro y un proceso más largo que en el resto de países de la OCDE
Cada etapa muestra que, lejos de no producir nada, los políticos han tenido un impacto profundo en la estructura productiva del estado español. El problema aparece cuando los resultados de las políticas no son positivos. Cuando las decisiones políticas se alinean a largo plazo, como en la modernización de infraestructuras o la integración europea, el país gana competitividad. En cambio, cuando dominan los intereses cortos o los errores de regulación, como en el recorte retroactivo de las renovables de 2013, la confianza se deteriora y las inversiones se detienen.
Además de lo que hacen los políticos, la administración pública y su eficiencia dependen también de ellos. Hoy, la economía española arrastra el lastre de la burocracia lenta, según datos del Banco Mundial. Crear una empresa todavía es más caro y lento en el estado español que en el resto de países de la OCDE. Esto forma parte de la “producción” de los políticos y requiere una voluntad política decidida para cambiarlo.
El Estado según la teoría económica
La teoría económica ofrece perspectivas diversas sobre la producción. Según los liberales y neoclásicos, siguiendo a Adam Smith y Milton Friedman, los políticos no crean riqueza, solo redistribuyen la generada por los mercados. Friedman decía con ironía: “Si el gobierno gestionara el Sáhara, en cinco años faltaría arena”. En esta visión, cada euro público sustituye a un euro privado, y por lo tanto el papel del Estado debería limitarse a garantizar la propiedad y corregir puntualmente fallos del mercado.
Los keynesianos, en cambio, recuerdan que en tiempos de crisis la inversión pública puede salvar las economías. John Maynard Keynes defendía que “a largo plazo todos estaremos muertos”, y por eso, en recesión, el Estado debe gastar más para reactivar la demanda y asegurar la producción. Tuvimos un ejemplo claro en 2020 y 2021 con los ERTE y la inversión pública a través de los fondos europeos. Según el Banco de España, el sector público contribuyó aquellos años a más de un tercio del crecimiento del PIB.
Desde una óptica marxista, el político no crea plusvalía en sentido capitalista, pero organiza el marco que hace posible la acumulación. Sin leyes, infraestructuras y educación, la producción sería imposible. Los políticos aparecen como gestores del superávit social: deciden cómo se distribuyen impuestos y rentas, y esto condiciona indirectamente el nivel y la tipología de producción.
Las visiones institucionalistas y desarrollistas van un paso más allá. Douglass North subrayó que las instituciones son el factor clave del crecimiento a largo plazo. En la misma línea, Mariana Mazzucato presenta al Estado como un empresario atrevido, capaz de invertir en sectores estratégicos y asumir riesgos que el mercado privado no quiere asumir. Sin esta inversión pública inicial, internet, el GPS o la industria tecnológica de Corea del Sur no existirían.
Mazzucato presenta al Estado como un empresario atrevido, capaz de invertir en sectores estratégicos y asumir riesgos que el mercado privado no quiere asumir
Las comparaciones internacionales lo muestran con claridad. Los países escandinavos destinan más del 50% del PIB a gasto público y, aun así, tienen altas tasas de productividad y competitividad. Estados Unidos, con un gasto proporcionalmente más bajo, lidera la innovación porque el Estado invierte en defensa y tecnología. Corea del Sur ha pasado en pocas décadas de ser un país pobre a una potencia tecnológica gracias a políticas industriales agresivas. En cambio, algunos países latinoamericanos han fracasado a pesar de tener mucho gasto público, debido a la debilidad institucional y la corrupción; otros han tenido éxito con reformas coherentes y sostenidas. La diferencia no radica en el tamaño del Estado, sino en la calidad de las políticas e instituciones.
Podemos decir también que redistribuir es producir, ya que se crea riqueza. En el estado español, las pensiones representan una tercera parte del gasto público. Visto superficialmente puede parecer un gasto puro, porque no crean bienes físicos, pero, mirándolo más a fondo, sostienen el consumo y garantizan la cohesión social. En muchos pueblos pequeños, la pensión de un jubilado mantiene abierta una taberna o una tienda. La sanidad pública garantiza trabajadores más sanos y productivos, y la educación pública aumenta el capital humano. Según la OCDE, un año adicional de escolarización puede hacer crecer el PIB per cápita de un país entre un 2 y un 5% a largo plazo. Aunque estos efectos no se perciban como “producción directa”, son esenciales para entender que un Estado eficiente puede generar valor.
La confianza institucional es también un elemento fundamental. Douglass North decía: “Las instituciones importan”. Sin seguridad jurídica, regulación estable y lucha contra la corrupción, no hay inversión productiva que se mantenga. El estado español ha sufrido crisis de confianza en diversas etapas, y la manera de revertirlas siempre ha sido fortaleciendo las instituciones y recuperando la credibilidad internacional. Cuando los políticos garantizan esta confianza, están creando un bien económico de primer orden.
La economía política no es un juego de eslóganes, determina si la riqueza de un país se multiplica o se pierde
Decir que los políticos no producen nada es tener una visión demasiado simplista. No producen como un campesino o un empresario, pero a través de las políticas, las instituciones, las infraestructuras y la redistribución de la riqueza tienen un impacto directo en la producción. A veces son motor, otras veces freno. El debate fundamental debería ser cómo garantizar que cada euro público genere valor real. El estado español tiene ejemplos de éxitos y de fracasos en su trayectoria. La tarea académica y social es aprender de ellos, medir el impacto de la política y exigir responsabilidades. La economía política no es un juego de eslóganes, es más importante de lo que parece, ya que determina si la riqueza de un país se multiplica o se pierde.
Así pues, podemos concluir que los políticos producen, siempre que fortalezcan las instituciones, inviertan con visión de futuro y garanticen la igualdad de oportunidades. También podemos decir que no producen nada cuando dominan la corrupción o la burocracia insoportable. El reto no es repetir un mantra, sino medir con rigor qué producen nuestras decisiones políticas y cómo podemos producir más y mejor.