2030, 2032 y 2035 son los años previstos para los cierres de las centrales nucleares de Ascó I, Ascó II y Vandellòs II, respectivamente, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del gobierno español. Unas fechas cada vez más próximas que han empezado a encender las alertas a las partes interesadas: a principios de mayo, Foro Nuclear aseguraba en un encuentro con la prensa que “no se podían cerrar” los tres reactores nucleares catalanes, ya que supondría “volver a la edad de piedra”. Por su parte, un informe de PwC España publicado el mes de marzo alertaba de que Catalunya sería la comunidad autónoma más afectada por el apagón nuclear y que las tres centrales están permitiendo que las emisiones actuales de CO₂ sean un 28% menores. Según datos de Red Eléctrica, las nucleares produjeron un total de 22.178,159 millones de kilovatios en 2024 en Catalunya, el 59% de la energía producida en todo el Principat.
Más allá de las consecuencias ambientales y energéticas, la clausura de las centrales de Ascó y Vandellòs prevé un importante impacto económico para los municipios del territorio. “El sector energético tiene un peso del 23% sobre el total del valor añadido bruto (VAB) de las comarcas de las Terres de l'Ebre, lo que demuestra un peso bastante elevado de este sector”, analiza la vicepresidenta de la sede de Tarragona del Col·legio d'Economistes de Catalunya, Mercedes Teruel. En la Ribera d'Ebre, comarca que acoge los reactores de Ascó, el conjunto de actividades formadas por las industrias extractivas, la energía, el agua y los residuos representó el 94,45% del PIB industrial del territorio en 2022, sector que a su vez generó el 71,4% del PIB de toda la comarca. “Indirectamente, esto afecta al PIB per cápita: en la Ribera d’Ebre es casi el doble que la media catalana, y no es por la riqueza familiar, ya que la renta familiar bruta per cápita es de alrededor del 70 y el 75%”, aporta Teruel.
Para la vicepresidenta de la sede de Tarragona del Col·legi d'Economistes, el cierre de las centrales nucleares supondrá “una bajada de la actividad productiva directa”, es decir, de los trabajadores vinculados directamente con las plantas. A estos profesionales hay que sumar aquellos que proveen “algún tipo de servicio o provisión a estas industrias”, como los servicios de mantenimiento, las consultorías o los servicios de limpieza; y de manera más indirecta, comercios locales de sectores como la restauración o la hostelería. “Hay toda una serie de actividades que se encuentran alrededor de este motor territorial que se pueden ver repercutidas indirectamente”, deja claro Teruel. En términos cuantitativos, Ascó I, Ascó II y Vandellòs II ocupan a unas 3.000 personas entre trabajos directos e indirectos, pero el estudio de PwC sitúa en 10.500 los puestos de trabajo que se perderán con el cierre de las centrales.
Impulso público a la transición nuclear
Con la voluntad de allanar esta bajada, la Generalitat puso en marcha en 2020 el Fondo de Transición Nuclear, un fondo económico que busca acompañar la transición económica de los territorios afectados con una línea de ayudas directas. El fondo es financiado con un impuesto medioambiental sobre el 50% de los ingresos de producción, almacenamiento y transformación de energía eléctrica de origen nuclear, que durante 2023 recaudó 83 millones de euros y durante 2024, 76,59 millones.
Estas ayudas se destinan a los 96 municipios que forman parte del Plan de emergencia nuclear exterior a las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs (PENTA). El plan incluye dos zonas de planificación: las poblaciones que se encuentran en un radio de 10 km de los reactores (zona I) y las que se encuentran en un radio de 30 km (zona II). Los consistorios de estos municipios reciben unas cuantías equivalentes (en función de la zona PENTA a la que se adscriban) para financiar proyectos de transición energética, de promoción económica y de generación de puestos de trabajo en las zonas afectadas por el cierre de las centrales nucleares.
Desde que se puso en marcha el fondo, se han ejecutado 118 millones de euros a través de diversas ayudas y convocatorias, los cuales ya han beneficiado a 378 empresas y han permitido crear 679 puestos de trabajo, según datos de la Generalitat. Entre las compañías seleccionadas se encuentran Salaet, que recibió 1,99 millones para cofinanciar la ampliación de la producción de bandejas de papel y cartón para la industria alimentaria en su planta de Gandesa, en la Terra Alta; la unión de compañías entre la cornelanense SOFTLED y la tortosina DCLED, que han recibido 1 millón por la puesta en marcha de una fábrica de pantallas y paneles LED en Batea, dentro de la misma comarca; o bien el Grupo Saica, que ha invertido 17 millones para ampliar y modernizar la fabricación de productos de cartón ondulado para embalaje en su fábrica de Saica Pack de l’Aldea (Baix Ebre), de los cuales 2,25 millones provendrán del fondo.
El Fondo de Transición Nuclear ha repartido 118 millones de euros entre 2023 y 2024, los cuales han beneficiado a 378 empresas y han permitido crear 679 puestos de trabajo
La iniciativa también ha financiado proyectos de empresas internacionales, como el de la austriaca Amiblu, que ha invertido 4,2 millones de euros para digitalizar su planta de Camarles (Baix Ebre) con una ayuda de 2,25 millones del Fondo de Transición Nuclear. Por otro lado, también se han atraído nuevas empresas al territorio, como es el caso de las seis tecnológicas que han empezado a operar desde el hub digital CoEbreLab de Móra d'Ebre (Ribera d'Ebre). Se tratan de AonChip, especializada en soluciones IoT, que trabaja en un proyecto de sensorización aplicado a las fincas de la Escuela Agraria de Gandesa-Terra Alta; Somosdron, que implementará un servicio intercomarcal transversal de drones para dar respuesta a necesidades locales; Park4DIS, que desarrolla un servicio de gestión de plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida en zona urbana; Biomedical Logistics, que trabaja en un servicio de transporte con drones entre el Hospital de Móra d’Ebre y el Hospital de Tortosa; DarkLight Studio, que se especializa en proyectos audiovisuales para empresas y administraciones públicas, y Sominternet, que abrirá una nueva línea de negocio para gestionar una red IoT de ámbito municipal en diferentes ayuntamientos.
Paralelamente al dinero recaudado a través del impuesto medioambiental, la Generalitat también ha impulsado una línea de ayudas propia de 35 millones de euros. Esta nueva subvención tiene previsto abrir la convocatoria antes del verano y va destinada a seis ámbitos: nuevas inversiones en activos, elaboración de planes de crecimiento empresarial, creación de nueva ocupación, emprendimiento de nuevos negocios de valor añadido (sobre todo tecnológicos), cooperación entre empresas e implantación de proyectos tecnológicos para digitalizar o mejorar en cuestiones de sostenibilidad.
De la apuesta por la agricultura a las nuevas tecnologías
Iniciativas como el Fondo de Transición Nuclear son valoradas positivamente por Teruel, quien considera que “cualquier tipo de ayuda que acompañe esta transición y transformación territorial siempre es positiva, especialmente en estos núcleos territoriales en los que la dinámica económica está muy polarizada en unas actividades concretas”. Con todo, la experta alerta de que “las transiciones económicas y evoluciones territoriales no se hacen en el corto plazo, sino en el medio”, y que cualquier “semilla” que se plante hoy no dará frutos hasta dentro de unos años. La vicepresidenta de la sede de Tarragona del Col·legi d'Economistes también apunta que el impacto para compensar la pérdida de puestos de trabajo también dependerá de los sectores en los que se dirijan los esfuerzos: “Sectores como el turístico siempre son más intensivos en mano de obra y ocupación que un sector tecnológico, donde la inversión en capital es superior a la inversión en trabajadores”.
Sea como sea, Teruel considera que las Terres de l'Ebre deben apostar por los sectores que hoy ya son fuertes en el territorio, como es el caso del campo: “La agricultura sigue siendo uno de los motores territoriales, con un peso de cerca del 6% del total del valor añadido bruto, cuando en el Camp de Tarragona representa solo un 1%”. La economista aconseja impulsar el sector agroalimentario, pero hacerlo a través de una “hibridación sectorial” con otras industrias, particularmente la turística, para así poder “aumentar el valor añadido”.
Teruel: “La agricultura sigue siendo uno de los motores territoriales, con un peso de cerca del 6% del total del valor añadido bruto, cuando en el Camp de Tarragona representa solo un 1%”
La otra vía es la de las nuevas tecnologías, unos sectores ya contemplados dentro de las ayudas del Fondo de Transición Nuclear y que para Teruel pueden actuar como “elemento dinamizador de zonas rurales”. Una transformación que el territorio puede alcanzar a través de iniciativas como “clústeres digitales que se podrían crear en algunos núcleos” para atraer nómadas digitales y emprendedores; pero también de grandes plantas industriales como la fábrica de láminas de cobre (elecfoil) que Lotte Energy construirá en Mont-roig del Camp (Baix Camp) o la gigafactoría europea de IA que un consorcio publicoprivado encabezado por Telefónica quiere hacer aterrizar en Móra la Nova (Ribera d'Ebre), a la que este mismo miércoles el Govern ha ratificado su apoyo.
El primero de estos dos grandes proyectos ha tenido especial relevancia mediática. Por un lado, por la inversión económica prometida: la compañía surcoreana prevé invertir hasta 1.200 millones de euros en el levantamiento de tres plantas en un territorio de 30.000 metros cuadrados, que una vez en marcha (las últimas declaraciones de la empresa hablan de 2027) daría trabajo a 600 profesionales. Sin embargo, también lo ha sido por la oposición local: entidades como Gepec, Unió de Pagesos, la Associació de Veïns Club Mont-roig o la Organització Ecologista l'Escurçó han rechazado el proyecto, han presentado dos recursos contra el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) —que han sido desestimados— y el pasado mes de mayo organizaron una protesta que reunió a 3.000 personas y que consistió en replantar los terrenos reservados para las fábricas. “Evidentemente, se debe hacer una valoración exacta del impacto, sea medioambiental o socioeconómico, pero indudablemente el impacto socioeconómico será importante si se acaba desarrollando la actividad”, opina Teruel. De momento, la junta del gobierno local de Móra d’Ebre ha sacado adelante la aprobación del POUM, lo que da luz verde a Lotte para empezar a urbanizar los terrenos, y el proyecto cuenta con el apoyo explícito del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que visitó personalmente las oficinas de la compañía en Seúl en su visita institucional a Corea del Sur el pasado mes de mayo.