Mi padre, ferroviario, recibió en activo la medalla de la Renfe donde había trabajado 50 años. La actividad profesional desarrollada en una sola empresa le ocupó tres cuartas partes de su vida. Mi hoja de vida laboral fija 42 años laborables, dejando de lado los trabajos precarios anteriores al ingreso en el mercado de trabajo. Según Eurostat, la esperanza de vida laboral en España es ahora de 36,5 años, por debajo de la media de la UE, 37,8 años, aunque países como Suecia, Países Bajos o Alemania superan los cuarenta años.
Esto representa, mal contado, casi un tercio de la existencia. La dimensión de la vida laboral de la generación de mis hijos se acercará más a la de mi padre que a la mía. Las proyecciones que hace la institución de datos comunitaria para los próximos años es la siguiente: en 2030, la expectativa de vida laboral en España será de 37-38 años; en 2040, de 40 años; y en 2050, de 42-44 años. Era mucho más larga hasta los 2000, se encogió en las dos primeras décadas del milenio y no habrá más remedio que aumentarla en las décadas entrantes. El país con mayor esperanza de vida de la Unión Europea (UE) profesa hoy una actividad laboral entre las más bajas, que deberá corregirse deprisa.
Esta zigzaga afecta inmediatamente a la edad de jubilación. En 2027 será de 67 años, pero la década venidera y las siguientes forzosamente se retrasará. Mi padre, que nació con el siglo pasado, se jubiló a 65 años y sólo disfrutó posteriormente de diez años posteriores de vida. El INE proyecta la esperanza de vida de los 84 años en la actualidad a los 84-85 en 2030; a los 86-88 años en 2040; y a los 86,9- 87 años en 2050. Evolucione como evolucione la población laboral activa, dado que nuestros hijos tienen el mismo derecho a una pensión digna como la que recibe gran parte de la generación de los baby-boomers, no sólo se deberá retrasar la edad de jubilación.
La encrucijada actual
Estamos en una encrucijada. En dos décadas, el acceso al mercado laboral se ha retrasado del 20-21 a los 24-25 años; la precariedad avanza hacia la alta temporalidad y la intermitencia laboral, marcando definitivamente la distancia entre los trabajadores fijos y temporales, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, nativos y emigrantes; los salarios tienden hacia el mileurismo; hay menos nini, pero la emigración del mejor talento no se frustra; las enfermedades físicas y mentales afectan a una parte cada vez mayor de la población activa y las bajas laborales se disparan; y las empresas, el sistema educativo y las políticas públicas no terminan de ponerse de acuerdo en una vía aplicable, que pueda ser corregida según la evolución de los distintos parámetros, pero que avance en un consenso unidireccional.
Todos estos factores agregados significan una explosión que no sólo afecta a la edad de jubilación sino también al mismo concepto de trabajo como sinónimo de emancipación personal, a la productividad y a las cotizaciones, al equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, a la proporción entre la población activa y pasiva, a los años de cotización, a la sostenibilidad del sistema; en fin, al estado del bienestar y al modelo de sociedad.
Todos estos factores agregados significan una explosión que no sólo afecta a la edad de jubilación sino también al mismo concepto de trabajo como sinónimo de emancipación personal
Hace décadas que los europeos nos dotamos de un estado del bienestar que incluye vivir dignamente de los frutos de la actividad profesional de cada uno; nada hace pensar, al contrario, que el camino recorrido no haya sido exitoso y cualquier abandono de los mayores se convertiría en un retroceso imperdonable: ¿qué generación se atrevería a dar marcha atrás y con qué derecho? En el XIX, el contrato de trabajo se erigió en elemento de emancipación personal y en el XX, como factor de realización personal, de estabilidad y generador de derechos económicos adquiridos. Una mayor productividad facilitó las pensiones en sistemas diversos de bolsa común regulada por los estados; la edad de jubilación, las ratios de los años de cotización y la cuantía de cada pensión depende del momento, de las decisiones de los gobiernos sean de derechas o de izquierdas. Unos y otros tienen visiones distintas, para los segundos son prioritarias, mucho más que para los primeros, sólo hay que comparar el trato recibido por los pensionistas en los últimos cinco años de liderazgo del PSOE respecto al anterior del PP.
Si para jubilarse a 65 años se requería el año pasado una cotización de 38 años y nos jubilamos un año y medio antes de media, el desfase distorsiona tanto la población activa como la pasiva y hay que ajustarse cuanto antes mejor.
En medio del boom de la IA, la estamos escrutando para saber si ensancha o no el mercado laboral. Es decir, si es capaz de reducir la cantidad de horas de trabajo de los humanos -lo cual liberaría tiempo en favor del ocio-, si los costes de las máquinas es asumible, y si incrementa la productividad. Más aún nos preguntamos si los puestos de trabajo que destruye serán inferiores a los que crea y si mejorarán su calidad. A pesar de que se trata de una incógnita, los avances de las revoluciones desde el siglo XIX se resuelven a favor de una mayor productividad por hora y de un menor esfuerzo humano. En el momento del cambio se agudizan los aspectos negativos, pero a medio y largo plazo los efectos se convierten en altamente positivos. Desde esta perspectiva, la incertidumbre actual impide percibir el impacto de la IA en el mercado laboral que se producirá en una década y media.
Sostenibilidad del sistema
Cualquiera de los recorridos posibles de las sociedades tienen una confluencia clara. La sostenibilidad del sistema pasa, como en los países más avanzados, por tres procesos de convergencia. El primero, que las administraciones públicas utilicen los presupuestos generales para repartir de la caja común una pensión universal generalista, una cantidad que se situaría en torno al salario mínimo; el dinero común equilibra las aportaciones por todos igual.
El segundo, que las empresas y los trabajadores desarrollen mucho más los planes de pensiones propios según las aportaciones y los intereses mutuos, los cuales conformarían el grueso de los ingresos posteriores a la jubilación; es en esta línea que los ciudadanos deben esforzarse en planificar el dinero actual al servicio del bienestar futuro. Y el tercero, que cada persona firme los planes privados para completar su pensión; es verdad que beneficia a las rentas más altas, pero cada uno es dueño de su propio futuro.
A partir de estos tres procesos, cada trabajador debería decidir el horizonte temporal para dejar la ocupación activa -entrar y salir, reducir actividad, retirarse definitivamente- dentro de una edad de jubilación amplia que debería cobijar todas las posibilidades desde los que quieren hacerla antes por las secuelas y enfermedades adquiridas o intereses, hasta los que desean seguir. Es decir, que, dada la calidad de vida con la que llegan los mayores a los sesenta, a los setenta y más, la fecha para pasar a la edad pasiva debería acabar tomándola el mismo ciudadano atendiendo a su estado físico, los intereses personales y los ahorros realizados; los márgenes para hacerlo deberían ser bien amplios.