El mes de enero de 2026 pasará a la historia como uno de los más dolorosos para el sistema ferroviario español. El 18 de enero, dos trenes de alta velocidad colisionaron en Adamuz (Córdoba), dejando 45 personas fallecidas y casi 300 heridas. Días después, otro choque entre un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona) dejó un conductor muerto y más de 37 heridos, con consecuencias operativas que aún perduran.
En este contexto de dolor, la actitud y gestión del gobierno, y de las empresas ferroviarias implicadas, es decir, Adif, Renfe y Rodalies Catalunya (recordemos que es una empresa creada en enero de este año), han estado bajo intenso escrutinio público. La sociedad no solo reclama información completa, sino respuestas claras sobre por qué ocurrieron estos siniestros, cómo se gestionan, y qué se va a hacer para que no se repitan. El miedo a utilizar los ferrocarriles se extiende porque en una crisis el prestigio se pierde muy rápidamente y la credibilidad es el principal valor. Y el gobierno y las empresas gestoras han tenido poca credibilidad, especialmente en las primeras 48 horas.
El miedo a utilizar los ferrocarriles se extiende porque en una crisis el prestigio se pierde muy rápidamente y la credibilidad es el principal valor
El gobierno español, encabezado por el presidente Pedro Sánchez y el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha intentado proyectar una gestión firme de la crisis. Tras el accidente de Adamuz, el Ejecutivo desplegó recursos de emergencia y declaró tres días de luto nacional, además de visitar personalmente la zona y coordinar con servicios sanitarios y de atención a víctimas. Lo normal en la primera fase de una crisis de esta envergadura.
Sin embargo, la comunicación ha sido objeto de debate y críticas. Puente ha insistido repetidamente en que la investigación sobre las causas -muy compleja y técnica- exige tiempo y que no debe especularse sobre responsabilidades antes de conocer los hechos probados. También ha señalado que no existían señales claras previas a la anomalía que causó el accidente, subrayando que ni Renfe ni Adif detectaron indicios que justificaran una intervención inmediata. Su comparecencia de más de dos horas, que algunos han puesto en valor, solo abrió más interrogantes y perdió efectividad a la hora de trasladar los mensajes de manera clara y entendible. Ese es un objetivo irrenunciable en cualquier crisis: lenguaje claro y entendible.
Este enfoque ha sido interpretado por algunos sectores como prudencia necesaria y por otros como falta de voluntad para asumir responsabilidad política temprana. El ministro ha rechazado presentar su dimisión, insistiendo en que lo haría solo si se demostrase que su acción u omisión contribuyó al siniestro, mientras que el presidente de Adif ha afirmado que estaría dispuesto a dimitir si se encuentra responsabilidad de su gestión. Es muy posible que en las próximas semanas sea la cabeza de turco.
La gestión del Gobierno muestra un intento de equilibrar la necesidad de transparencia con la cautela técnica, pero también evidencia la tensión entre exigencia ciudadana de respuestas inmediatas y la complejidad intrínseca de investigaciones técnicas profundas.
Adif y Renfe: operación, seguridad e inspecciones
Adif, la entidad pública responsable de la infraestructura ferroviaria, se ha visto especialmente en el centro del debate. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha señalado que una posible fractura previa en el carril podría haber desencadenado el descarrilamiento en Adamuz, una hipótesis que está siendo investigada y que, de confirmarse, implicaría directa responsabilidad técnica en la gestión de la vía.
Previamente, Adif había advertido a inversores del riesgo reputacional y económico de un accidente grave, señalando que fallos de esa magnitud pueden afectar la confianza del público y la operación del transporte. Tras los siniestros, la empresa ha tomado medidas como reducciones temporales de velocidad y cancelaciones de trenes, así como la suspensión del servicio de Rodalies en Catalunya hasta asegurar la infraestructura. En Catalunya, Adif siempre ha jugado un papel secundario y muy poco proactivo tanto con los medios de comunicación como con los usuarios. Seguramente por eso ha sido el jugador débil en la partida.
Exigir información y respuestas no solo es un derecho, sino una responsabilidad cívica, especialmente cuando se trata de servicios públicos esenciales
Renfe, por su parte, ha colaborado en las inspecciones y en la retirada de material afectado por el choque en Rodalies, y ha participado en reuniones con sindicatos y autoridades para acordar condiciones de seguridad antes de reanudar el servicio. Sus maquinistas han sido el último eslabón protagonista de una crisis que va más allá del accidente y las víctimas.
Los accidentes han generado no solo dolor, sino también una crisis de confianza en la seguridad ferroviaria. Como apuntaba en el párrafo anterior, esto se ha traducido en llamamientos a huelgas y protestas del sindicato mayoritario de maquinistas (SEMAF), que exige auditorías completas de las redes y garantías escritas de seguridad antes de reanudar operaciones de Rodalies.
Este contexto subraya una lección clave para cualquier democracia: exigir información y respuestas no solo es un derecho, sino una responsabilidad cívica, especialmente cuando se trata de servicios públicos esenciales. La gestión de crisis requiere no solo acciones técnicas eficaces y transparentes, sino también una comunicación responsable por parte de las autoridades y empresas, que ayude a construir confianza y evitar la polarización.
La respuesta a esta doble tragedia depende tanto de la capacidad técnica de investigar y corregir fallos, como de la actitud para dialogar sobre soluciones reales en lugar de agravios y especulaciones
La respuesta a tragedias como las de Adamuz y Gelida depende tanto de la capacidad técnica de investigar y corregir fallos, como de la actitud ciudadana, mediática y política para dialogar sobre soluciones reales en lugar de agravios y especulaciones. Exigir explicaciones es indispensable, pero hacerlo desde una posición informada, respetuosa y orientada a aprender -no solo a señalar- fortalece la sociedad. En última instancia, la integridad institucional, la gestión responsable y el compromiso ciudadano son pilares para enfrentar y superar crisis tan dolorosas como esta.
En las próximas semanas se escribirán nuevos capítulos de esta crisis. Habrá debates, artículos, reuniones, comparecencias y manifestaciones. Lo importante a partir de ahora será recuperar la credibilidad del servicio y su fiabilidad y prepararse para el proceso judicial que será largo y complejo.