La Cámara de Comercio de Barcelona ha pedido este martes la implantación de un sistema de pago por uso en la red viaria de altas prestaciones del Estado, alineado con los principios europeos de “quien usa paga” y “quien contamina paga”. Según la corporación, un modelo homogéneo para todo el territorio y destinado íntegramente al mantenimiento y digitalización de las carreteras es imprescindible para garantizar su sostenibilidad.
En un comunicado, la Cámara ha recordado que el levantamiento de los peajes en las autopistas catalanas en 2021 -con la finalización de las concesiones de la AP-7, la AP-2, la C-32 norte y la C-33- ha provocado un fuerte incremento del tráfico, especialmente en la AP-7, donde en cinco años la circulación de vehículos ligeros ha crecido un 37%, y la de pesados un 55%. Este aumento ha comportado "más congestión, siniestralidad y un desgaste acelerado de la infraestructura", ha remarcado la Cámara.
El levantamiento de los peajes en las autopistas catalanas en 2021 ha provocado un fuerte incremento del tráfico, especialmente en la AP‑7, donde en cinco años la circulación de vehículos ligeros ha crecido un 37%, y la de pesados un 55%
A esta presión se suma un déficit creciente de inversión en conservación viaria. Según la Asociación Española de la Carretera (AEC), el déficit acumulado ha pasado de 9.453 millones de euros en 2022 a 13.491 millones actualmente, mientras que la inversión anual efectiva en mantenimiento se sitúa alrededor de los 2.000 millones. "Los datos señalan que más de la mitad de las carreteras del Estado y de Catalunya presentan un deterioro grave o muy grave", ha subrayado la corporación barcelonesa.
Ante este escenario, la Cámara considera urgente reanudar el debate sobre la financiación de la red y recuperar el proyecto de un modelo de tarificación por uso. Recuerda que el Estado se comprometió con la Unión Europea a implantarlo en 2024, pero el plan quedó parado dos años después.
La corporación defiende que cualquier nuevo esquema debería aplicarse a toda la red de altas prestaciones y vías alternativas, para vehículos ligeros y pesados, con tarifas variables según el tipo de vehículo y sus emisiones. También apuesta por planificar el traspaso de las carreteras estatales a Catalunya, y seguir modelos como el del País Vasco, para garantizar una gestión integral y coherente.
Como modelo final, la Cámara considera más eficiente el pago por distancia recorrida, mientras que la viñeta solo debería contemplarse como una solución transitoria y con fecha de caducidad. La entidad subraya que la cooperación entre administraciones y entre el sector público y privado será clave para garantizar una transición ordenada y evitar desequilibrios territoriales.