En el último mes, dos de las empresas más emblemáticas del tejido empresarial catalán, Puig y Freixenet, han protagonizado movimientos estratégicos de gran calado. Puig atraviesa una etapa de transformación marcada por su salida a bolsa y la posible apertura a grandes alianzas internacionales. Freixenet, en cambio, ha culminado su venta total al grupo alemán Henkell, poniendo fin a más de un siglo de gestión familiar. Dos caminos distintos que, sin embargo, arrancan del mismo punto de partida y comparten una misma pregunta de fondo: ¿cuánto puede transformarse una compañía antes de dejar de reflejar la identidad de la familia que la fundó?
La empresa familiar se sustenta sobre tres pilares: propiedad, control y continuidad generacional. Su fortaleza reside en la visión a largo plazo, la identidad corporativa y el arraigo territorial. Sus desafíos, la necesidad de acceso a capital, los posibles conflictos internos y la resistencia al cambio. Cuando estos pilares se tambalean, la pregunta ya no es solo estratégica: es existencial.
¿Cuánto puede transformarse una compañía antes de dejar de reflejar la identidad de la familia que la fundó?
Catalunya no es un caso menor. El 88% de sus empresas son de tipo familiar, generan cerca del 68% del PIB del sector privado y son responsables del 75% del empleo privado. Es, en términos relativos, uno de los territorios europeos donde este modelo tiene mayor peso. Y, sin embargo, el marco institucional que lo sostiene presenta carencias significativas frente al de otras comunidades, en particular Madrid.
La diferencia más tangible aparece en la fiscalidad de la sucesión. En Catalunya, la reducción en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para la transmisión de empresa familiar alcanza el 95% de la base imponible. Es un beneficio relevante que Madrid está a punto de superar de forma sustancial. El Anteproyecto de Ley de Empresa Familiar de la Comunidad de Madrid eleva esa reducción al 99%, amplía el círculo de beneficiarios hasta el cuarto grado de parentesco y elimina el requisito de edad mínima del donante, facilitando así la transmisión anticipada sin condicionar el relevo en la gestión.
Pero la diferencia de fondo no es solo cuantitativa, sino estructural. Madrid está construyendo un marco legal propio y específico, previsto para su aprobación a mediados de 2026, que beneficiará a cerca de 450.000 empresas. Catalunya, en cambio, carece de una iniciativa equivalente y sus empresas familiares dependen principalmente del marco fiscal estatal y de su propia planificación interna para garantizar la sucesión.
El debate sobre la empresa familiar no se entiende solo desde los incentivos, sino también desde el control
El debate no se entiende solo desde los incentivos, sino también desde el control. En Catalunya, el régimen fiscal no solo depende de la norma, sino de su interpretación y aplicación. En los últimos años, se ha intensificado el control administrativo sobre los requisitos que permiten acceder a estos beneficios, con una mayor vigilancia sobre aspectos como la participación efectiva en la gestión, la estructura societaria o el cumplimiento estricto de las condiciones exigidas.
Esto introduce un elemento clave: la incertidumbre. No tanto por la norma en sí, sino por su aplicación. La empresa familiar no solo debe cumplir los requisitos, sino poder acreditarlos con un grado creciente de exigencia. El resultado es un aumento de la complejidad jurídica y del coste de mantener estructuras que permitan preservar su carácter familiar.
Conviene no simplificar en exceso. El hecho de que Freixenet haya terminado en manos alemanas o que Puig haya acudido a los mercados de capitales no puede atribuirse únicamente a la fiscalidad. La globalización, la necesidad de financiar el crecimiento y las dinámicas internas de cada familia son factores igual de determinantes. El marco institucional facilita o dificulta la continuidad, pero no la garantiza por sí solo.
Perder poder familiar es ceder soberanía sobre el rumbo de la empresa y, por extensión, del país
Lo que sí resulta difícil de justificar es que Catalunya no cuente con una agenda política específica para su sostenimiento. No se trata de replicar el modelo madrileño, sino de reconocer que la empresa familiar requiere una atención institucional activa: fiscalidad competitiva, servicios de mediación y formación para la sucesión, y un marco normativo estable y predecible.
Perder poder familiar es ceder soberanía sobre el rumbo de la empresa y, por extensión, del país. Perder el control equivale, en buena medida, a dejar de existir como entidad autónoma. Puig y Freixenet muestran caminos distintos, pero ambos recuerdan que mantener la identidad y la capacidad de decidir sigue siendo el mayor reto de la empresa familiar. Y ese reto no se afronta solo desde dentro de la familia: requiere también un entorno institucional que esté a la altura.