En un artículo reciente, Ferran Piqué definía la soberanía empresarial como ese “pilar invisible de la autonomía estratégica”: la capacidad de una empresa o un territorio para decidir sobre su propio destino económico sin depender de factores externos que limiten su acción. Es un concepto silencioso, que no se vota ni se legisla, pero que condiciona la fuerza real de la economía.
La soberanía empresarial, en otras palabras, no es solo un mapa de sedes o fábricas, sino un delicado equilibrio entre centralidad, producción y propiedad del capital. Y ese equilibrio, que durante décadas pareció un asunto estrictamente doméstico —una competencia entre territorios, entre modelos de desarrollo, entre capitales con aspiraciones distintas—, revela hoy una tercera dimensión que los debates territoriales tienden a ignorar: la de un capital global que no entiende de fronteras internas y que toma decisiones desde latitudes que no aparecen en ningún mapa autonómico.
La geografía aparente del poder
Madrid ha construido un modelo basado en la centralidad corporativa: sedes, servicios avanzados y proximidad regulatoria. Esa concentración le otorga una ventaja formal en términos de soberanía empresarial, pero solo mientras el domicilio del capital que decide coincida con la sede que figura en el registro mercantil. Condición que, con frecuencia creciente, deja de cumplirse.
Madrid ha construido un modelo basado en la centralidad corporativa, y Catalunya, por su parte, mantiene un modelo más industrial y productivo
Catalunya, por su parte, mantiene un modelo más industrial y productivo, con clústeres consolidados y empresas exportadoras que generan valor tangible. Pero muchas de estas compañías dependen de financiación internacional, mercados globales y alianzas extranjeras que condicionan sus decisiones estratégicas desde fuera, con independencia de dónde estén sus trabajadores o sus plantas.
Sin embargo, entre la centralidad de Madrid y la densidad productiva de Catalunya existe un movimiento constante, casi imperceptible pero revelador: el traslado de sedes sociales entre comunidades autónomas. En 2025 se contabilizaron 5.307 movimientos. Madrid registró 1.628 entradas y 1.698 salidas; Catalunya, 699 entradas frente a 814 salidas. Saldo neto negativo para ambas.
La lectura habitual de estos datos alimenta un relato de competencia entre territorios. Pero hay una lectura más perturbadora: ninguna de las dos comunidades ejerce un dominio estable sobre la localización formal de las empresas. Cada traslado es también un síntoma de que la sede, como indicador de poder, ha perdido parte de su significado. Las empresas se mueven; el capital que las controla, también.
La amenaza del capital global
Si los traslados internos revelan limitaciones locales, el verdadero desafío procede de la propiedad del capital. En los últimos años se han multiplicado las adquisiciones de empresas españolas por fondos de inversión internacionales, grupos industriales extranjeros y consorcios globales.
La sede puede permanecer en Madrid o en Barcelona, pero el centro real de decisión pasa a depender de accionistas que operan desde Londres, Nueva York o Abu Dabi
Telecomunicaciones, infraestructuras, educación superior, distribución: sectores enteros han cambiado de manos sin que necesariamente se modificara la actividad productiva ni el empleo visible. La sede puede permanecer en Madrid o en Barcelona, pero el centro real de decisión pasa a depender de accionistas que operan desde Londres, Nueva York o Abu Dabi, que responden a lógicas de rentabilidad financiera ajenas a cualquier agenda territorial.
Incluso en el Ibex 35, el 48,7 % de la capitalización bursátil estaba en manos de inversores extranjeros al cierre del primer trimestre de 2025, demostrando que el control de las principales empresas cotizadas depende cada vez más de fondos globales. Este fenómeno introduce una asimetría fundamental: la soberanía empresarial no solo se redistribuye dentro de España; se externaliza. Y cuando eso ocurre, ganar sedes o conservar fábricas se convierte en una dudosa victoria.
La soberanía se diluye
La conclusión es menos binaria de lo que sugiere el debate territorial habitual. La soberanía empresarial no ha migrado simplemente de Barcelona a Madrid; se está desplazando, de forma más silenciosa y más profunda, fuera de ambas.
La soberanía empresarial no ha migrado de Barcelona a Madrid; se está desplazando, de forma más silenciosa y más profunda, fuera de ambas
Las ciudades siguen compitiendo por sedes, talento y actividad económica, y esa competencia tiene consecuencias reales en términos fiscales, de empleo y de capacidad de influencia política. Pero la propiedad y las decisiones estratégicas se globalizan a un ritmo superior al de cualquier traslado de domicilio social. El poder empresarial se vuelve menos local y más financiero, menos territorial y más transnacional.
En la economía global, el centro de decisión ya no coincide necesariamente con el lugar donde se produce ni con el lugar donde figura la sede. Cuando eso ocurre de forma sistemática, la soberanía deja de ser una cuestión de ciudades para convertirse en una cuestión de capital. Y el capital, como es sabido, no tiene domicilio ni arraigo.