La verdad es que hablar del trabajo siempre es un poco fastidioso. Quiero decir que ir a comer y que los asistentes siempre te castiguen con preguntas sobre tu trabajo, cansa. Pero, claro, haber estado en política, en primera línea de acontecimientos importantes, siempre es tentador. Este es un país que funciona al revés de lo que debería ser. Uno trabaja normalmente y, en un momento dado, se mete en política. Y, al cabo de un tiempo, vuelve a salir. Ojo, hablo de los no profesionales, de los cargos ejecutivos —por ejemplo, acción de gobierno—. Aquellos que no son de oficio.
Ahora bien, ¿qué sucede cuando eres del oficio y te echan? Porque lo más habitual consiste en ir languideciendo hasta convertirse en una vieja gloria. En lugares donde te han colocado para que sobrevivas. La sensación de inutilidad debe de ser muy intensa, digo yo. En cualquier caso, me temo que se produce el efecto Calvo-Sotelo, el antiguo jefe de gobierno español que, cuando le preguntaron qué se siente al abandonar la primera línea política, dijo: “El teléfono deja de sonar”.
El caso es que a ti te cortaron la línea telefónica. Quiero decir que nadie podía llamarte...
Efectivamente. En marzo de 2017 me inhabilitaron por los hechos del 9-N. En concreto, por haber desobedecido las instrucciones del Tribunal Constitucional, que no parecían lo suficientemente específicas, a mi entender.
O sea, te dijeron que, durante un período de tiempo, no podías trabajar.
Recuerdo que nos sentamos con mi mujer y nos dijimos que, en lo que respecta a mi futuro profesional, teníamos que empezar de cero. Si te soy sincero, yo ya esperaba que en algún momento de mi vida tendría que dejar la política y empezar una nueva actividad. La sentencia puso fecha. Con casi cincuenta años me encontré en la calle.
En cierto modo, Marchena te hizo un favor. Mejor alrededor de los cincuenta que no a los sesenta...
Sí, eso es cierto. En cualquier caso, no ha sido fácil. Cuando uno ha trabajado en política, las animadversiones generadas en el mundo privado, a cierto nivel —sobre todo en un país pequeño como el nuestro— se hacen notar. Hasta cierto punto es lógico, pero es evidente que no ayuda. Aun así, no puedo quejarme. Las cosas me van razonablemente bien. No me jubilaré tirando cohetes, pero sí bastante satisfecho de todo ello. Lo he hecho sin red.
"No me jubilaré tirando cohetes, pero sí bastante satisfecho de todo ello. Lo he hecho sin red"
Ya sabes que este rincón de conversación se llama Sobre hombros de gigantes. ¿Cuáles han sido los tuyos? Debieron de marcarte de manera importante, puesto que has tenido que utilizarlas en un momento avanzado de tu vida.
El núcleo familiar siempre ha sido fundamental para mí. Para seguir sus consejos o, quizá, para rebelarme contra ellos. La familia en la que crecí era muy catalana y tenía una idea de la vida que incluía un concepto del riesgo muy presente. De gran tradición. “¡Niño, no te metas en líos!”, “nuestro mal no quiere ruido”, “poco a poco se llena el cántaro...”, etc. Recuerdo un dicho de mi abuelo que, refiriéndose a la posición que cada uno ocupaba en la vida, decía: “¡Cuidado, que hay sitios donde te ponen con el dedo y te sacan con la punta del pie!”. ¡Ya lo ves!
Vistos los resultados, todo eso te sirvió para estimular la reacción. Un poco rebelde. Has hecho todo lo contrario...
La verdad es que sí. Una tozudez en cuanto a ser independiente y no tener que pedir nada a nadie. Nunca me ha gustado. En los partidos —todos, incluido el mío— siempre te encuentran un rincón donde colocarte. Dentro o fuera. Cuando es fuera, estamos ante el fenómeno de las puertas giratorias. Personalmente, las únicas que conozco son las de los hoteles y otros lugares similares. Nunca he creído en ellas y tuve ocasión de reafirmarme en 2017, cuando tuve que replantearme todo el futuro. Quise preservar la independencia personal y abandonar la primera línea política.
Me habías dicho que en el despacho os centráis en temas mercantiles, básicamente, y que, entre ellos, muchos alrededor del tema de la edificación. Este tema es muy interesante.
Sí, claro. Y apasionante. Entiendes muchos de los problemas que tenemos planteados en el país sobre la vivienda. A pesar de una ley que favorece la construcción de viviendas de alquiler.
¿Cuál?
Mira, en la época de Zapatero se promulgó una ley para posibilitar la creación de un tipo de empresa (SOCIMI) que debía impulsar la construcción de viviendas. Esta regulación es una demostración del populismo que denuncia los paraísos fiscales. En realidad, estas empresas lo tienen todo a favor: tributan al 0% en el impuesto de sociedades y tienen una bonificación del 95% en el ITP/AJD en la compra de bienes (terrenos u otras edificaciones). Ahora bien, deben destinar al alquiler las promociones que realizan (al menos tres años), y el 80% de los beneficios deben repartirlos entre sus accionistas cada año.
"Desde la covid, cualquier trámite requiere el doble de tiempo, y el teletrabajo es su principal responsable"
Pero el problema de la vivienda persiste.
Sí. Y es que hay más demanda que oferta. Además, parece como si las administraciones hicieran todo lo posible por no solucionar el problema. Empezando por la burocracia. Una burocracia que comienza desde arriba, cuando se confeccionan los planes urbanísticos. Un error típico consiste en seguir diseñando planes que impiden la construcción de pisos para jóvenes o para solteros. Planes que no se hacen pensando en pisos pequeños de una sola habitación, por ejemplo. Eso sí, se quieren hacer leyes para regular el alquiler de habitaciones.
Este es un hecho que me parece inconcebible. Nos lleva a la época de las casas de huéspedes, las que describen Josep Pla o Honoré de Balzac. Es un retroceso evidente.
Sí, pero es así. Todo son obstáculos. Fiscalidad en contra (sin reducción en el IRPF para quien compra), una burocracia desmesurada, con un celo funcionarial inconsistente (que no acepta la declaración responsable) y un servicio público mejorable. Tengo que decirte que, desde la covid, cualquier trámite requiere el doble de tiempo. Lo tengo calculado. ¿Qué ha cambiado? No lo puedo demostrar, que conste, pero creo que el teletrabajo es el principal responsable.
Yo sí que lo puedo decir. La pereza que se esconde detrás de las demandas de teletrabajo es evidente. La empresa privada lo ha medido. La pública, no.
Además, creo que si hay un campo enorme que tiene recorrido para la IA, es la administración pública. Buena parte de sus procedimientos son perfectamente automatizables con estas nuevas herramientas. Pero también preocupa que la administración no se adapte a una realidad que cambia, y mucho. En la construcción ha cambiado de forma formidable.
¿Como por ejemplo?
Antes, en el precio final de un edificio, tenía un peso desmesurado el valor del terreno. Quiero decir que la especulación tenía un papel muy elevado. Ahora es muy diferente. Mientras que los precios de los solares se han contenido, lo que ha subido es el coste de producción: la mano de obra y los materiales. Faltan profesionales y, por lógica, son caros. Carísimos. A veces, no hay. Pagues lo que pagues. E innovar en este sector se ha empezado a hacer, pero es muy difícil.
Este es el coste de no haber planificado una FP adecuada. Innovar en bienes que no se pueden importar es una barrera para la competitividad. No hay competencia extranjera. Solo en los materiales. En los procesos es muy complicado.
Por eso, una posible solución de cara al futuro es la fabricación industrial de edificios. Paredes, elementos, etc. Hay empresas que empiezan a hacerlo en madera para plantar cara al cemento, que es un sector muy condicionado por los compromisos de reducción de emisiones de CO₂ y descarbonización. Pero esta industrialización necesita una actitud positiva por parte de la administración.
¿Todavía?
Y tanto. Te pondré un ejemplo. Esta industrialización hace que la construcción de un edificio tenga dos etapas: en fábrica se construyen todos los elementos; sobre el terreno se realiza una instalación. Es decir, no se construye sobre el terreno y, por tanto, los plazos de cada etapa son distintos de los tradicionales. En cambio, la legislación no ha cambiado y la financiación puede ser un drama, ya que en una construcción tradicional las certificaciones de obra, que liberan pagos, se van produciendo a lo largo del proceso. Con la prefabricación, solo puedes certificar cuando llegas al terreno, que es al final del proceso. Mientras tanto, ¿quién financia todo lo que se ha hecho en fábrica? Un vacío regulador de primer orden.
En resumen, crees que las soluciones al problema de la vivienda existen. Falla el elemento regulador y la administración pública.
Evidentemente.
Todo esto del mundo mercantil es lo que te permite vivir, pero yo te he visto en actos relacionados con el juicio del Procés.
Sí. Aún me ocupo de casos de personas que han estado en prisión. De todo aquello que sigue coleando en Europa a raíz de los recursos, etc. Pero ahora vivo del ejercicio de la abogacía en el ámbito del derecho privado.
"Aún me ocupo de casos de personas que han estado en prisión, pero ahora vivo del ejercicio de la abogacía en el ámbito del derecho privado"
Como nos conocemos desde hace tiempo, siempre he observado que, cuando hablas de derecho administrativo, te brillan los ojos. Tú que lo has probado, ¿qué ha pasado con la justicia?
Llegado un momento, en la época de Franco, una serie de juristas del régimen articularon todo un sistema legal que permitió al franquismo convertirse en un Estado de derecho. No democrático, pero de derecho. Las leyes no las hacían personas elegidas por sufragio universal directo. Pero disponías de un código, de una lista de cosas que no podías hacer y, al lado, la pena que te correspondería si te atrevías a hacer alguna. En este sentido, la arbitrariedad y la discrecionalidad estaban formalmente limitadas.
Sí, este es un aspecto que a la gente le cuesta aceptar. En el franquismo no había desaparecidos, como ocurre en otras dictaduras. Y, si los había, el hecho era ilegal.
Exacto. Cuando muere Franco, se redacta una constitución, que es una especie de cuña democrática en un edificio legal que ya existía. Para que no chirriara demasiado, se tuvo que encajar dejando algunos aspectos hilvanados para que la costura no reventara.
¿Como cuáles?
El ejército —tema que se podía arreglar, como ocurrió, con leyes y la entrada en la OTAN— y el poder judicial, que era mucho más complicado. Aun así, se proveyeron las herramientas. Mira, he tenido algunas reuniones con Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, que es un jurista, a mi entender, notable. Él lo explica con claridad. Las herramientas judiciales que se pusieron en manos de la España democrática fueron, básicamente, dos: el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. Ambas, dependientes de los políticos. Y de gran utilidad, si se utilizaban bien.
Sí, pero parecen pervertidas.
Y así ha sido. El Tribunal Constitucional no es un simple tribunal para controlar la constitucionalidad de las normas y las competencias de las distintas administraciones. También puede enmendar sentencias que no respeten los derechos fundamentales, situándose por encima del Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional de los años 80 fue muy útil a la hora de establecer que, por ejemplo, obtener confesiones bajo tortura no era válido. Y lo hizo en contra de mucha opinión de policías, fiscales y jueces —y de la opinión pública, dicho sea de paso—. Ahora ya no es así. Y del Consejo General del Poder Judicial, tengo poco que decir. Puede cambiarlo todo: sistema de nombramientos, funcionamiento, etc. Pero no lo ha hecho.
¿Y qué ha pasado?
Pues que el juego político de vuelo bajo ha estropeado estas dos herramientas. Y el poder judicial campa a sus anchas, sin control democrático. Ahora bien, dicho esto, también conviene remarcar que este proceso de degradación es reversible. Si los políticos consensúan unos nombramientos adecuados de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, se podría tener un sistema moderno, independiente y adecuado. Podrían cambiarlo todo. Nunca estos aspectos habían estado en manos de los políticos elegidos, como ocurre a partir de la Constitución de 1978. Y si no mandan los políticos, que son los únicos elegidos democráticamente y que se pueden cambiar, ¿quién manda?
Ya. En cualquier caso, yo pienso que la Constitución debería haberse modificado en el año 2000. Terminar lo que no se había podido rematar justo tras la muerte de Francisco Franco...
El Estatut de 2006 pretendía hacerlo. Una especie de modificación indirecta. Forzar el reconocimiento de determinadas realidades que la Constitución no había podido recoger —al menos para Catalunya—. Pero el esfuerzo se torció por unas actitudes políticas que son las que son. Y que perduran. Y es que el Estado español —la maquinaria y los políticos— se siente amenazado. Ha perdido poder por arriba —competencias en moneda, ejército y relaciones internacionales— y por abajo —las autonomías—. Todo eso no lo digiere.
Siempre he pensado que lo que preveía la Constitución —tres nacionalidades y el resto simples regiones administrativas— fue torpedeado por el PSOE cuando reclamó que Andalucía también fuera nacionalidad.
Tú lo has dicho. Entonces, todo se fue al traste. La singularidad catalana se diluyó, intencionadamente, entre diecisiete. Y es un hecho que me irrita especialmente. Y debería ofendernos como pueblo el hecho de que se nos nieguen derechos históricos. Somos una nación milenaria y ¿no tenemos reconocimiento histórico? ¡Esto es inaceptable! Solo se le han reconocido por ley al País Vasco y a Navarra. Y todo ello, seamos sinceros, y dejémoslo aquí, por oportunismo político.
"En la política comprendí que es necesaria una cierta forma de coherencia y rigor si no se quiere caer en la frivolidad"
Hace tiempo que pienso que, para ejercer competencias administrativas, en Francia lo han hecho mejor. Trenes, aeropuertos, carreteras, enseñanza... Y sin estatutos ni tanta complicación parafernalia.
Sí. Pero lo más grave es que las competencias que tenemos otorgadas por el Estatut, y que son exclusivas, no se ejercen. Hay casos en los que funcionamos con dejadez competencial... Nosotros tenemos un estatuto que nos da competencias políticas —en muchos casos exclusivas—. No lo son por delegación administrativa.
Y si hablamos del futuro político del país, ¿cómo lo ves? ¿Crees que el regreso del presidente Carles Puigdemont es inminente?
Yo tengo mis reservas. El sistema judicial en el poder en España quiere procesarlo. Y diga lo que diga Europa, lo procesarán. Ya encontrarán la manera. Y entonces, en el mejor de los casos —y dependiendo de quién gobierne en Madrid—, creo que podría ser indultado. Y, aunque parezca que todo acaba bien porque España evita que vaya a prisión, la realidad es que en el imaginario catalán permanecería el relato de que hay un antiguo presidente de Catalunya que va por la calle gracias a la magnanimidad española. La realidad es que España en su conjunto —y aquí vuelven a estar de acuerdo— quiere las dos cosas: castigarlo y perdonarlo. Y el hecho resulta humillante.
Bueno, así estamos. Pero todo esto es política y, por lo visto, hay quienes piensan que fuera de su mundo político no hay vida. Y lo que yo quería destacar al encontrarnos es que, tú ya lo sabes, la vida civil tiene muchos recovecos. Quiero decir que, después de tu experiencia, nadie podrá acusarte de no ser profesionalmente versátil...
En la política comprendí que es necesaria una cierta forma de coherencia y rigor si no se quiere caer en la frivolidad. Estoy satisfecho con mi vida actual. Y, aunque no reniego de la política, mi estado personal de bienestar hoy es alto. Algo que no estaba asegurado.