El 91% de los catalanes cree que es difícil o muy difícil acceder a una vivienda adecuada para sus necesidades en Catalunya, una opinión transversal por sexos y edades. Se trata de una de las conclusiones de la encuesta sobre vivienda del Centro de Estudios de Opinión (CEO) presentado este viernes, que también muestra que el 89% de la ciudadanía cree que la situación habitacional actual afecta negativamente la calidad de vida. Además, un 35% afirma que la crisis de la vivienda le afecta personalmente de forma negativa.
La encuesta, realizada entre los meses de febrero y abril de este año a más de 3.000 personas, recoge “la percepción de que existe una problemática social con la vivienda, que debe tener una respuesta social con intervención de los gobiernos”, en opinión del director del CEO. Joan Rodríguez afirma que una de las principales conclusiones de la encuesta es la inclinación de la sociedad por tener vivienda en propiedad, “como un seguro”.
En este sentido, la encuesta concreta que algo más del 20% de los catalanes mayores de 16 años ha pensado en comprarse un piso a lo largo del último año. Esta misma intención la declaran hasta la mitad de los jóvenes de entre 25 y 34, es decir alrededor de medio millón de personas, en cifras redondas que ha aportado Rodríguez. En este sentido, el director del CEO avisa de que estas “expectativas” de compra “quedarán insatisfechas de acuerdo con la oferta disponible”.
Afectación a la calidad de vida
Según la encuesta, existe un amplio consenso del 89% de catalanes que creen que la situación actual de la vivienda afecta a la calidad de vida de las personas. Sin embargo, son sólo dos de cada tres los encuestados que dicen que la problemática les afecta a su propia vida. En el caso de los menores de 40 años, la preocupación afecta a cerca de la mitad.
En el caso de los menores de 40 años, la preocupación afecta a cerca de la mitad
Uno de los “riesgos” que conlleva la dificultad de acceder a la vivienda es el de tener que cambiar de lugar de residencia. Una situación que puede afectar a uno de cada cuatro catalanes. El 13% tendría que moverse fuera de su municipio actual. De hecho, según la encuesta, el desplazamiento (dentro del mismo barrio o pueblo, en otro barrio o en otro municipio), ya ha afectado en los últimos cinco años a un 13% de los encuestados. El 5% de éstos han cambiado de municipio.
La vivienda como recurso económico
Como apunta el director del CEO, de la encuesta se desprende, por un lado, el interés creciente de la población por adquirir una vivienda en propiedad para asegurar el futuro, que convive con la opinión mayoritaria de que la vivienda no es “un recurso económico que se compra y vende libremente en el mercado”. La excepción a este posicionamiento son los hombres jóvenes (16-24 años), que en un 71% tienen esta visión, al contrario que las mujeres de su misma edad, que son las más contrarias a esta premisa.
Siguiendo con las expectativas sobre el acceso a la vivienda, el 74% de los encuestados consideran que tener una vivienda en propiedad es “un objetivo importante en la vida”. De hecho, también el 82% de los que viven en régimen de alquiler querrían tener vivienda propia (y entre éstos todos los menores de 35 años lo declaran). “Esto plantea un conflicto, porque muchos de éstos no podrán tenerlo”, apunta el director del CEO. En términos generales, casi la mitad de los catalanes y la mitad de los inquilinos consideran hoy que vivir de alquiler es “tirar el dinero”.
La herencia como vía de acceso a una propiedad inmobiliaria divide a la sociedad casi en dos mitades, según la encuesta. Un 55% de los encuestados dice que no heredará ningún tipo de propiedad en el futuro. Los que sí, cerca de un 30% heredarán propiedades compartidas (con hermanos u otros familiares), y sólo el 16%, en propiedad exclusiva.
Construir, regular el precio del alquiler y limitar los pisos turísticos
El CEO ha pedido la opinión sobre diversas medidas para afrontar la situación de la vivienda en Catalunya, de entre las cuales el Plan de construcción de 50.000 viviendas públicas hasta 2030 del Gobierno es la que obtiene un apoyo mayoritario, de un 86%. La construcción de vivienda pública, en general, también tiene un amplio apoyo de los encuestados (el 84%) y también aprueban ampliamente la limitación de los pisos turísticos (74%) y la regulación del precio del alquiler (72%). En el otro extremo, la expropiación o compra de pisos por parte de las administraciones suspende entre los encuestados, y sólo el 38% le da apoyo.