Entre el silenci i el concert. Este era el título de un artículo en un renacido Diari de Barcelona que un joven economista publicó a finales de los años 80. Tocaba revisar el modelo de financiación autonómica de Catalunya. Pero eran los años de euforia preolímpica, el maragallismo había impuesto su relato y aún no habían trascendido los trapos sucios de los gobiernos de Felipe González. Apenas nadie habló de la nueva financiación. Silencio.
Solo una refundada Esquerra Republicana (ERC) levantó, por primera vez y con las escasas fuerzas que le daban sus exiguos diputados, la bandera del concierto económico, con el País Vasco de referente. Hace casi cuarenta años y seguimos, más o menos, en el mismo lugar. En algunos aspectos, aún peor.
Más Estado, más déficit fiscal
Decíamos aún peor porque la depauperada e ineficiente Administración que el franquismo había dejado equivalía al 25 % del PIB español de la época. Pero, en pocos años, a medida que la Administración fue homologándose a la de los estados europeos occidentales, su peso en el total del PIB se duplicó. Y aunque no tenemos datos fehacientes del déficit fiscal de Catalunya en aquella época, no es muy arriesgado pensar que este al menos también debió multiplicarse por dos como contribución forzada a una Administración que había crecido en una proporción similar. El elevado crecimiento económico de aquellos años, una vez desmantelados los principales cuellos de botella que el franquismo económico había dejado, y la incorporación a Europa en 1986 contribuyeron a disimular la situación.
En 2021, último año para el que la Generalitat ha podido hacer estimaciones, la balanza fiscal entre Catalunya y el sector público central se saldó con un déficit de 22.000 millones de euros, equivalente al 9,6 % del PIB que genera Catalunya. O, lo que es lo mismo, 2.283 euros por habitante y año. Hay que tener en cuenta que el gasto no financiero de la Generalitat en 2022 fue de 4.203 euros por habitante.
La financiación singular
Esta es la denominación que PSC y ERC convinieron para el acuerdo de financiación que hace un año permitió la investidura de Salvador Illa. El propósito de denominarlo concierto económico solidario sucumbió para no exasperar la previsible reacción negativa de la oposición -y de algunos miembros de la mayoría gubernamental- y del resto de autonomías. ¡Santa inocencia!
Feijóo ya dijo el otro día que admite que Catalunya está mal financiada, pero que el nuevo modelo debe generalizarse a todo el mundo
Después, desde la Moncloa se ha insistido en que de singular nada y que todas las comunidades que lo desearan podrían apuntarse. Las beneficiarias serían en principio el resto de los Países Catalanes y Madrid. Es cierto que con otras reformas ha sucedido lo mismo. Las supuestas mejoras para Catalunya se han generalizado a todas las comunidades, que se han acabado apuntando. De hecho, al final todas las de régimen común.
Ahora, sin embargo, se ha extendido la idea de que estamos a final de ciclo político y que el desgaste a la actual mayoría gubernamental implica oponerse sin matices a toda nueva iniciativa y aún más a un acuerdo de financiación que lleva caducado desde 2014. De hecho, Feijóo ya dijo el otro día que admite que Catalunya está mal financiada, pero que el nuevo modelo debe generalizarse a todo el mundo. Más o menos lo que dicen desde la Moncloa, vaya.
La clave de la caja
Llegue o no a buen puerto, el acuerdo inicialmente pactado entre ERC y PSC debería comportar algunos cambios sustanciales. De hecho, en el aspecto que más se acerca al concierto económico vasco -y también al navarro- es que se abandona el criterio de calcular el coste efectivo de los servicios traspasados para establecer la financiación y se parte de los recursos recaudados, del esfuerzo fiscal efectivamente efectuado. Esto se traduciría en dos cosas.
Primero, que sería la Haciendacatalana quien recaudaría todos los impuestos, empezando por el más importante, el IRPF, a partir de 2026. Querría decir tener la clave de la caja y, en caso de desavenencia posterior, disponer de los recursos desde Catalunya y no tener que aflojar la exigencia en las negociaciones porque el Estado es quien tiene la recaudación fiscal catalana en su caja.
Segundo, la introducción del esfuerzo fiscal catalán quiere decir incorporar una variable que hasta ahora nunca era tenida en cuenta. Después, la cuota de solidaridad establecida será más o menos elevada, pero transparente por fácilmente cuantificable y aceptada por ambas partes. Las competencias que mantiene el Estado -defensa, exterior, etc.- también podrán estar más o menos sobrevaloradas. Pero partir de la recaudación efectiva de impuestos en Catalunya abre claramente la vía a futuras renegociaciones en mucho mejores condiciones que hasta ahora.
No está establecida ni aproximadamente en cuánto se fijará la cuota de solidaridad, pero sí que PSC y ERC acordaron que se mantendría el principio de ordinalidad. Es decir, si Catalunya es la tercera en aportaciones por habitante, a la hora de financiarse no puede ser la décima como hasta ahora. Esto ayuda a cerrar el abanico de los recursos que oficialmente deberá entregar Catalunya al Estado como contribución solidaria, aportación conceptualmente inexistente en el País Vasco y en Navarra.
El agua al vino
Hasta aquí los acuerdos iniciales, teóricamente aceptados también por el PSOE. Sin embargo, en la reunión bilateral entre el Estado y la Generalitat de este lunes, se empezó a poner agua al vino. Como ocurrió con el reciente acuerdo sobre el aeropuerto, las informaciones filtradas -hay que suponer que por el PSC y/o el Gobierno catalán- invitaban a un mayor optimismo que el que después se reflejó en el acuerdo oficial. Pero, mientras tanto, hemos tenido entretenida a la opinión pública que ya no sabe exactamente si se han cumplido las informaciones anunciadas o ha habido rebajas sustanciales. Se trata de liar bien la madeja.
La diferencia más importante entre lo que se había acordado entre ERC y PSC hace un año -y se había dado como bueno en las filtraciones- y lo que finalmente se formalizó es que desaparece toda referencia al mencionado principio de ordinalidad. Como no se ha puesto ninguna cifra sobre la mesa -esto ya se esperaba-, respetar la ordinalidad ya acotaba los intervalos económicos. Han circulado estimaciones que defendían que aplicar este principio podría comportar una mejora de 6.000 millones de euros en la financiación. ¡Ojalá! De esto no se ha dicho nada y queda todo abierto -en la Moncloa dicen que lo tienen que acordar con todo el resto de autonomías-, por lo que resulta preocupante.
La diferencia más importante entre lo que se había acordado entre ERC y PSC hace un año -y se había dado como bueno en las filtraciones- y lo que finalmente se formalizó es que desaparece toda referencia al mencionado principio de ordinalidad
Únicamente por tener una referencia de las magnitudes de la actual distorsión, Extremadura pasa de ser la decimocuarta comunidad en esfuerzo fiscal por habitante a ser la tercera en recursos recibidos también por habitante. Cada extremeño, como media, recibe casi el doble de lo que aporta fiscalmente.
El otro elemento que queda en entredicho es que la Hacienda catalana no estará en condiciones de recaudar el IRPF en el año 2026 porque no dispondrá de suficientes efectivos ni de los conocimientos y la experiencia de la AEAT. Y esto es especialmente importante si realmente estamos a las puertas de un cambio de ciclo político que pueda hacer fácilmente marcha atrás en todo lo acordado si no está efectivamente materializado.
El silencio de los corderos
Hablábamos al principio del silencio y el concierto. El concierto está vivo como objetivo final de financiación autonómica y ahora, entre las fuerzas políticas, no es solo ERC quien lo reivindica. El silencio ya no es exactamente el mismo. Todo el mundo se ha dado cuenta de la trascendencia de disponer de recursos suficientes -en última instancia de administrar el dinero resultante de un esfuerzo fiscal del que cada vez estamos más fatigados- para poner al día unos servicios públicos claramente desbordados por el aumento de población y el envejecimiento, unas infraestructuras que, bien gestionadas, son un elemento clave para la competitividad y para impulsar políticas efectivas para promover la modernización de la economía. Y para ajustar a la baja algunas figuras fiscales, también.
Ahora el silencio ya no es mediático. Más bien es el de las fuerzas vivas catalanas -donde destaca la siempre locuaz gran patronal- que tanto se opusieron al proceso independentista bajo el argumento de que quedarnos en España era lo mejor para todos -sobre todo para ellas-, y que era posible conseguir reformas sustanciales del trato del Estado con Catalunya. De hecho, en estos últimos días solo hemos oído a la nueva presidenta del Cercle d’Economia haciendo suya la tesis de que ninguna reforma de la financiación es viable si no es aplicable a todo el mundo. Ni una palabra de la banca ni de las grandes empresas que, en muchos casos, se apresuraron a sacar la sede fiscal de Catalunya en 2017.
Ahora, es incuestionable que para que la financiación de Catalunya -y del resto de comunidades mal financiadas- mejore sustancialmente y el resto de autonomías no se vean perjudicadas, el Estado debería estar dispuesto a transferir a las comunidades entre 20 y 25.000 millones de euros anuales adicionales. Parece una cifra enorme, pero si tenemos en cuenta que la recaudación fiscal del Estado solo en 2024 creció en 54.000 millones de euros respecto al año anterior, no debería ser un objetivo inabordable, aunque fuera repartido en unos cuantos años.