El 2026 se presenta complicado para la mayoría de los argentinos. El nuevo año comienza con las obsesiones del gobierno libertario: dólar, deuda, reformas, represión, y el anuncio de más y más ajustes, menos pensiones, menos fondos, menos derechos y más aumentos de precios. Pero, para Javier Milei, primer guardián de las esencias del trumpismo en América Latina y el presidente con más voluntad de representar los intereses estadounidenses en los países del Cono Sur, la asonada militar de Donald Trump en Venezuela del 3 de enero representa, de hecho, un aval en su intención de avanzar en las próximas semanas en las reformas de “segunda generación”, que incluyen la de la seguridad social, la tributaria, la del Código Penal y la llamada modernización laboral.
Tras las políticas desarrolladas en sus dos primeros años de gobierno, y de los objetivos que marcan la ofensiva del recién inaugurado segundo bienio, ya quedan pocas dudas sobre el modelo de país que pretende el gobierno encabezado por Milei y los intereses que lo apoyan. En síntesis, una Argentina que produzca y exporte granos, gas, petróleo, minerales, tierras raras, y actúe en la intermediación financiera, sin industria, sin ciencia ni investigación científica, sin universidad pública, cultura ni clase media. Con un 50% de pobres estructurales, estabilidad monetaria y sin soberanía política. Una especie de colonia gobernada desde Washington y por un puñado de empresas multinacionales.
Ahora, a la luz de los acontecimientos de Venezuela, enmarcados en una estrategia geopolítica muy concreta de la Administración Trump en relación con América Latina, las corrientes profundas del plan económico y político del gobierno Milei adquieren un sentido más claro y un alcance más sólido, más allá de la sinceridad acreditada del presidente, que nunca, desde su ya lejana e inaugural declaración de que los derechos humanos constituyen una aberración, ha ocultado su visión del mundo, de la Argentina del futuro, de sus filias y fobias. Un plan que, con igual sarcasmo e igual acierto, podría definirse como una joint venture, es decir, una alianza estratégica o acuerdo comercial en el que, en este caso, dos países, los EEUU y la Argentina, unen sus voluntades, recursos y conocimientos —subordinados y menores por parte argentina— para alcanzar un objetivo común.
Presupuesto 2026 y reforma laboral, las prioridades
En diciembre, el gobierno apretó el acelerador para cerrar el año con dos medallas: el primer presupuesto de la gestión libertaria y la flexibilización laboral, ambas iniciativas exigidas por Washington. Logró en el Senado la aprobación del presupuesto 2026 pero, ante una combinación de factores políticos, parlamentarios y de rechazo social que impidieron obtener el apoyo y las condiciones necesarias para una tramitación exprés del proyecto, tuvo que posponer el debate de la reforma hasta el 10 de febrero, después de las vacaciones. Una postergación que le ha permitido ganar un poco de margen de acción y de tiempo, capitalizado para acumular fuerzas.
De momento, la amenaza sindical de convocar una huelga general no se ha vuelto a mencionar. Es tiempo de vacaciones, incluso para quienes participarán en las próximas grandes batallas por sus derechos. Por otro lado, la esperanza de un posible diálogo entre el gobierno y la CGT en busca de un consenso mínimo es prácticamente nula. Resulta improbable que el gobierno libertario acepte alguna vía de negociación en torno a los principales puntos que comprometen las condiciones de trabajo y la misma actividad sindical en Argentina. Uno de sus principales objetivos transformadores, y también el más deseado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras los pagos de la deuda.
El debate parlamentario del Presupuesto 2026 anticipó las amenazas y las estrecheces que continuarán condicionando la vida de los ciudadanos argentinos en los próximos meses. Según el periodista económico Alex Bercovich, se trata de un presupuesto que consolida de iure aquello que de facto ya sucedía: el ajuste salvaje de la primera mitad de la gestión de Milei, que ascendió a 100 billones de pesos, 69.000 millones de dólares en valor actual. Un ajuste inédito en las partidas más sensibles que suele financiar el Estado que, medido por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), un centro privado de estudios y consultoría dedicado al análisis económico y político en Argentina, muestra, como antecedente de lo que continuará, sobre quién recayó el dolor de la motosierra.
Resulta improbable que el gobierno libertario acepte alguna vía de negociación en torno a los principales puntos que comprometen las condiciones de trabajo y la misma actividad sindical en Argentina
Una cuarta parte de lo que se recortó fue obra pública, 25 billones de pesos actuales, la cantidad que el Estado nacional dejó de invertir en estos dos años en toda la Argentina. Cerca de esta cifra se situaron las jubilaciones y los programas sociales que, respectivamente, sacrificaron casi dos de cada diez pesos recortados —sin presupuestos ni debate en el Congreso— en estos dos años. Los subsidios a la energía, que tienen como contrapartida aumentos en las tarifas de gas y electricidad, se redujeron a su vez en 11 billones de pesos (7.590 millones de dólares), un 10% del ajuste total aproximadamente. Casi lo mismo que los salarios y un poco más que la educación que, proporcionalmente, sufrió el peor de los recortes.
Educación, ciencia y técnica fueron, efectivamente, los grandes sacrificados. Según un gráfico de la Oficina de Presupuesto del Congreso, un organismo no partidista que no cambia con cada gestión ni siquiera con cada autoridad de la Cámara de Diputados ni del Senado, lo que se ha estado invirtiendo en infraestructura educativa es una décima parte de lo que se invertía hace diez años. Estos dos años de Milei han sido dos años de dejadez y abandono en materia de instalaciones y condiciones, un aspecto muy sensible para poder continuar impartiendo clases en los tres niveles educativos: inicial, secundario y terciario o universitario. Los dos últimos años del gobierno de Alberto Fernández, la inversión en infraestructura educativa llegaba al 1% del PIB, que bajó al 0,1% el primer año de Milei y al 0,2% el siguiente.
Dentro del Presupuesto 2026 aprobado, la educación no alcanza el 6% del PIB requerido por la Ley de Financiamiento Educativo. La proporción real estimada de gasto educativo nacional sobre el PIB se sitúa en torno al 0,7%-0,8%, muy por debajo de este 6% legal. El texto aprobado del presupuesto refleja esta reducción, así como la discusión planteada por el proyecto del gobierno de eliminar la obligación legal que establece este suelo del 6% del PIB en la legislación educativa argentina. Una especie de borrado de las huellas del delito.
Un presupuesto anticientífico
El objetivo que se había propuesto el Estado argentino años atrás era llegar en algún momento al 1% del PIB en inversión en ciencia y técnica, una meta que se iba cumpliendo, con dificultades, pero cumpliéndose, hasta que asumió Javier Milei. Pero si se observa el presupuesto de Ciencia y Técnica para el año 2026, lo que se encuentra es una catástrofe, asegura Bercovich. El Conicet, la joya de la corona de la investigación científica argentina, recibirá menos pesos —incluso con una inflación proyectada demasiado optimista del 14% de media para el próximo año—; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), un 11% menos; la Comisión Nacional de Energía Atómica, un 12% menos; el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), un 15% menos. Son las partidas que concentran el 75% de la inversión en ciencia y tecnología. Brasil, como simple comparación, destina el 1,15% de su PIB a inversión en ciencia y técnica; y China, a años luz de Argentina, invierte más del 2,5% de su PIB. Nada que ver con la Argentina de Milei, que invierte un 0,2% del PIB en ciencia, ¡y en descenso!
Un ítem específico, el de la educación técnica, recibe el peor de los recortes: el 80% de los fondos. Una reducción inexplicable para un sector menor dentro de la educación media, que no concentra la mayor cantidad de alumnos, pero que es el más caro. Razón por la cual casi no hay escuelas técnicas privadas, que el sector privado suele dejar en manos del Estado. La cultura también prevé una reducción media en términos reales del 9,1% respecto a lo ejecutado en 2025, que ya fue un año de ajuste profundo.
El artículo del Presupuesto 2026 que provocó la discordia parlamentaria fue el de las prestaciones por discapacidad y los fondos para familias que tienen un miembro con discapacidad. Con un recorte centrado básicamente en la caída de las prestaciones, los beneficiarios pasan de 1,13 millones a 977.000 debido a revisiones y recortes de beneficios, lo que supone una reducción del 14%. Un recorte sobre el cual el Congreso ya ha votado cuatro veces en el debate sobre la Emergencia en discapacidad, dos en Diputados y dos en el Senado, y en todas ellas se dictaminó que el Estado debe invertir cuatro veces más. Una exigencia que el gobierno de Milei se ha negado a cumplir, razón por la cual el actual jefe del Gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, responsable de que se cumplan las leyes que aprueba el Congreso, corre el riesgo de ser perseguido penalmente.
Finanzas privadas frente a desindustrialización y paro
En el rubicón de finales de 2025, Milei demuestra que no solo pretende reducir el Estado a su mínima expresión. Su plan estratégico incluye liquidar todos los recursos naturales del país, si es posible en beneficio de los EEUU y de sus grandes corporaciones. Su entrega al gigante del Norte es total, sin disimulos. Catorce viajes a los Estados Unidos en 22 meses de gobierno, cuando aún no ha pisado la mayoría de las provincias argentinas, es toda una declaración de intenciones en relación con una política exterior que, hoy en día, se basa exclusivamente en el refuerzo de las relaciones con dos únicos países: los Estados Unidos e Israel. En realidad, Milei y su gabinete entienden la diplomacia como un elemento circunscrito y funcional a la economía y las finanzas, y más específicamente a los negocios.
Lo explicaba de manera transparente Pablo Tigani, doctor en ciencia política, en un artículo extraordinario y aclaratorio publicado en Página12 hace unas semanas: «El tándem Scott Bessent–Luis Caputo opera el Tesoro y el BCRA argentino como si fueran cuentas en Delaware. Dolarizan, pesifican, endeudan, rescatan bancos amigos, venden activos estatales y simulan eficiencia. Milei, el autoproclamado “león” antisistema, hace de showman ideológico de un programa hecho a medida de Wall Street. Argentina se ha convertido en un laboratorio experimental de neoliberalismo tardío. Javier Milei y Luis “Toto” Caputo son los químicos principales del experimento de convertir la deuda pública en negocio privado y al Estado en un fondo buitre institucionalizado. La novedad bajo el binomio Milei–Caputo radica en el grado de naturalización y sofisticación de las maniobras, ejecutadas bajo el mantra de la “libertad económica”, una libertad que, como ironizaba Joseph Stiglitz, suele consistir en liberar a los ricos de sus impuestos y a los pobres de sus derechos». Milei, describe Tigani, «convierte la economía en espectáculo y el espectáculo en política económica. Y su discurso libertario, saturado de insultos, citas de Moisés y dramatizaciones mesiánicas, funciona como un dispositivo de legitimación simbólica para políticas de saqueo. La retórica antisistema disimula la dependencia total del sistema financiero internacional y, sobre todo, del Tesoro de EEUU, ahora bajo el control del dúo Trump–Bessent».
Catorce viajes a Estados Unidos en 22 meses de gobierno, cuando todavía no ha pisado la mayoría de las provincias argentinas, es toda una declaración de intenciones del gobierno de Milei
Absortos e hipnotizados en el mundo de las finanzas, a Milei, a Caputo y al gobierno ultraderechista argentino no les preocupa que la precarización laboral se haya convertido en norma, en clima de época. Tampoco les ocupa que el trabajo juvenil aparezca fragmentado, desprotegido, sometido a un régimen en el que la incertidumbre ya no es la excepción sino la regla. Un 44,7% de la población ocupada, casi la mitad de las personas que trabajan, lo hacen sin cotizaciones ni estabilidad laboral. Con una desprotección que en el segmento joven supera la mitad del total, y una caída del orden del 43% de la ocupación pública juvenil entre 2023 y 2025.
Nadie expresa mejor esta indiferencia por el mercado laboral, por los derechos de los trabajadores, por el futuro de los jóvenes y por la riqueza productiva del país que el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien, como subraya el periodista Mariano Martín, en sus 24 meses de gestión «nunca ha mencionado las palabras producción, desarrollo, salario o trabajo». Caputo, sostiene el periodista, «no es ni siquiera un secretario de Finanzas, es un colocador de deuda, un dealer de deudas. Solo habla de deuda y, para él, la mejor expectativa, lo mejor que te puede ofrecer, es que de aquí a poco podamos endeudarnos más y mejor. Caputo es alguien que no te dirá: “la economía crecerá, estaremos mejor, tengo estas cifras para mostrar”. No; de hecho, cuando se sienta con los gobernadores de las provincias que le piden dinero les dice: “dinero no tengo, lo que te puedo dar es una autorización para que te endeudes”. No tienen nada más para ofrecer».
De experiencia no le falta, sin embargo. Durante su gestión en el gobierno de Mauricio Macri, Caputo, el Messi de las finanzas según Milei, profundizó la dependencia de la Argentina de los mercados internacionales al duplicar la deuda externa en dólares con Wall Street, que pasó de 58.000 millones a 117.000 millones de dólares.
Encuestas favorables a Milei
La primera encuesta del 2026, realizada en diciembre por una consultora privada, reveló el dato clave: cuánta gente votaría hoy la reelección de Milei. Según el sondeo, el 48% de la población no votaría al presidente Javier Milei si hoy se celebraran las elecciones presidenciales de 2027, y un 11% aún no tendría definida su decisión. A poca distancia del voto de castigo, el 41% de los encuestados aseguró que sí se inclinaría por el líder de La Libertad Avanza (LLA). Más allá de la intención de voto, un 58% de la sociedad consideró en el último mes de 2025 que «el gobierno nacional está resolviendo los problemas del país y que necesita tiempo». «Un apoyo importante, aunque no mayoritario, para la reelección», tituló la consultora el apartado en el que desglosa los resultados de la encuesta. En contraposición, el 40% planteó que «no sabe cómo resolver los problemas del país». Al mismo tiempo, un 54% dijo que aprueba la presidencia de Milei, mientras que el 44% la desaprueba.
Los resultados del estudio ponen de relieve que la gestión libertaria «mantiene altos niveles de apoyo popular» después de dos años. «A lo largo del 2024, la sociedad argentina sostuvo mayoritariamente su apoyo al gobierno, con variaciones acotadas, incluso ante los costos sociales del plan de estabilización y el ajuste fiscal», señalan las conclusiones. En cambio, durante el 2025, el informe consignó que «se registraron retrocesos significativos en la aprobación (en un período de dos meses)», pero que el resultado de las elecciones legislativas (octubre del 2025) supuso «un nuevo impulso para la administración». «En cuanto al crédito social, a lo largo de este bienio predomina una mirada de confianza en la capacidad del gobierno para afrontar y resolver los principales problemas del país», indican los resultados.
Hoy, Milei se encuentra en un nivel de popularidad muy superior al que tenía Mauricio Macri en 2017, a mitad de mandato, y muy por encima del que gozaba Alberto Fernández en 2021. Una posición digna de estudio en un contexto en el que el deterioro salarial, la caída del empleo formal y la falta de oportunidades empujan a los jóvenes hacia formas de autoempleo frágil, temporal y sin protección y, además, crece en amplios sectores de la sociedad el temor ante la próxima aplicación de una reforma laboral que comportará una mayor desregulación y un retroceso aún mayor en derechos básicos.
Un balance, en definitiva, que muestra la complejidad del fenómeno Milei y el cambio antropológico de una sociedad que reconfigura la manera en que los individuos se vinculan con la comunidad y perciben el poder, no desde las preferencias políticas e ideológicas del pasado sino desde nuevos marcos mentales. Ya no es la política entendida como opción o proyecto ideológico, sino la respuesta emocional, sea el miedo, la indignación, el cansancio o la esperanza. Y donde pesa más el lenguaje simbólico, el relato, que cualquier programa estructurado. Claves que las fuerzas libertarias y sus promotores han sabido comprender con más rapidez y claridad que el resto de los partidos tradicionales argentinos, incapaces de modernizar lenguajes, narrativa y estrategias.
Los años sabáticos de la oposición
Una oposición que, en realidad, forma parte de la fortaleza de Milei y explica la vigencia de la hegemonía libertaria. Jorge Asís, reconocido escritor y analista político que vivió como alto funcionario del gobierno de Carlos Menem su momento de gloria política, repetía días atrás su tesis de un Milei surgido y sostenido por el peronismo. Sea o no una exageración levantina propia de Asís, quedan pocas dudas de que aquellas victorias previas a su llegada a la presidencia, y también la más reciente del 26 de octubre, no habrían sido tan cómodas sin el rumbo errático de un kirchnerismo sometido a los designios de una Cristina Fernández incapaz de aceptar la caducidad de su liderazgo y su condición de jarrón chino del presente argentino, y menos aún de liderar o favorecer un liderazgo interno capaz de proponer un proyecto de renovación y modernización de ese peronismo dormido, bipolar y sin ningún proyecto transformador.
Un movimiento en crisis, pero de un empuje insultante si se compara con la arqueología de la no menos dividida familia radical, más proclive al alquiler y a la venta de sus servicios de acompañante que a abandonar la unidad de cuidados intensivos y emprender una improbable fase de rehabilitación. O con un PRO, el antiguo gran partido de la derecha nacional y hoy en acelerada descomposición, sin más rumbo que seguir a LLA en el Congreso, la misma fuerza que lo ha conducido de la mano hacia el ostracismo. En suma, una oposición hecha a la medida exacta de los deseos imperiales de Milei. Y la más favorable a sus propósitos de reelección.
Y aquí tenemos a León, ganando elecciones y proponiéndose como líder de la contrarreforma argentina, latinoamericana y mundial. Con un porcentaje de aprobación inverosímil después de dos años de jubilados hambrientos, apaleados y sin medicamentos; después de la estafa de Libra y el escándalo del 3% de la Agencia Nacional de Discapacidades; después del desmantelamiento del Hospital Garrahan; de la renuncia de miles de docentes universitarios por asfixia salarial y de los actos de crueldad contra las personas con discapacidad y sus familias. Quizás, en el fondo, tenga algo de razón aquel provocador oficial de la República que es el Turco Asís cuando, en una de sus brillantes ironías, afirma que «los que siempre cantábamos Patria sí, Colonia no, nos equivocamos. La gente quiere ser colonia. Quizás se premia la actitud colonial, porque ahora lo que hay que hacer es cantar Colonia sí, Patria no».
El punto y el infinito
El dólar subiendo dentro de franjas de fantasía, los nuevos decretos para profundizar la represión, el espionaje interno y el control ciudadano, el proyecto de “inocencia fiscal”, la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad, foco del mayor escándalo de corrupción de su gestión, o la ya clásica búsqueda desesperada de dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda de enero, son algunas de las novedades que definen la despedida del 2025 y el inicio del nuevo año en la Argentina de Milei.
En paralelo a estas y otras medidas, y a contracorriente del Presupuesto recién aprobado, justo al sonar las doce campanadas del último día de 2025 comenzó también la avalancha de aumentos que desmenuzan aún más el consumo y la leve esperanza de unas vacaciones tranquilas. Suben las tarifas del transporte, los alquileres, las mutuas médicas, los precios de los alimentos, el combustible. El golpe al bolsillo se hace sentir con especial fuerza en las facturas de la luz, el gas y el agua. El billete de los autobuses que circulan por la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires se incrementa un 4,5%. Un aumento que podría parecer asumible en otras circunstancias, pero que supone un nuevo y durísimo golpe para la economía de millones de bonaerenses. Basta recordar que, desde diciembre de 2023 hasta noviembre de 2025, 23 meses, la canasta de servicios públicos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se incrementó un 525%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en un 178%. Aumentos inconcebibles a ojos europeos.
Sin que faltara, como recordatorio para los próximos meses, uno de esos habituales gestos de crueldad del presidente, generalmente vinculados a los derechos de la infancia y que, gratuitos e inexplicables desde la lógica política o económica, definen buena parte de su identidad y también de su presidencia.
Suben las tarifas del transporte, los alquileres, las mutuas médicas, los precios de los alimentos, el combustible; el golpe al bolsillo se hace sentir con especial fuerza en las facturas de la luz, el gas y el agua
En esta ocasión, la desarticulación del Programa de Cardiopatías Congénitas, integrado por siete médicos superespecializados y clave para miles de bebés argentinos. Creado en 2008 y con rango de ley desde 2023, el servicio permitía que los más de 7.000 bebés que nacen con ellas en cualquier punto del vasto territorio argentino —de los cuales el 50% requiere cirugía—, accedieran al centro de alta complejidad que necesitan. A diferencia del Primer Mundo, donde la práctica del diagnóstico prenatal hace que este tipo de situaciones no se produzcan, en muchas provincias del interior de Argentina no se tiene este recurso, imprescindible para salvar la vida de los bebés con cardiopatías congénitas. El Programa consiguió que hubiera cardiólogos de referencia en todas las provincias; los formaba, se les pedía que enviaran las imágenes, se les orientaba para estabilizar al paciente y se les derivaba, en las mejores condiciones y tan rápidamente como fuera posible, a centros hospitalarios de mayor complejidad. Realizaba alrededor de 800 procedimientos quirúrgicos al año y recibía más de 6.000 notificaciones en este período. Un cierre sin ninguna justificación, que ha merecido el rechazo generalizado de los profesionales de la sanidad.
Una acción extemporánea, chocante, en un presidente ocupado, por otra parte, en la rugiente política continental de este comienzo de año y que, sabiendo desde hace tiempo que Venezuela es solo el inicio, trabaja en su reivindicación para ejercer como primer socio local, quizás como segundo del virrey Marco Rubio en la creación del grupo de países miembros de la alianza colonial subordinada a los intereses geopolíticos de Trump. Una alianza ampliada con las recientes victorias de José Antonio Kast en Chile y de Nasry Juan “Tito” Asfura Zablah en Honduras, dos fieles ultraderechistas seguidores del actual presidente de los Estados Unidos, coronada por el ataque militar a Venezuela y la captura de Maduro.
Pero, como parecen confirmar —y exigir— estos tiempos oscuros, el diablo siempre está en los detalles. Pequeños, ínfimos. Como el cese de siete médicos y el abandono a su suerte de miles de bebés.