Un goteo de consejeros va explicando todas las cosas nuevas que harán con los nuevos presupuestos de la Generalitat para 2026. Que si más cursos de catalán, que si más juzgados, que si más médicos... ¿Quién puede estar en contra? Si alguien lo está, es que no quiere al país, ¿verdad?
Este es el relato que el gobierno de Salvador Illa intenta imponer para que sus socios de investidura acepten sacar adelante los presupuestos. Los Comuns ya se han avenido convenciendo al ejecutivo de continuar y profundizar en su cruzada contra la especulación en la vivienda. Es cierto que esta captura de los socialistas por parte de planteamientos de izquierda radical les comporta problemas ante la gran patronal, que siempre apuesta por políticas que no vayan más allá de la sociovergencia.
Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para la escenificación del apoyo al nuevo proyecto de presupuestos por parte de patronales y sindicatos. Forma parte del relato que se quiere imponer. Una operación, la del acuerdo con los agentes sociales, que el gobierno de Pere Aragonès ya practicó, pero que la última vez resultó infructuosa.
La guerra de Irán ha provisto de un nuevo argumento para el relato del presidente Illa: actuar con "sentido de país ante la inestabilidad global".
El puñetazo en la mesa equivocada
Después de la lamentable gestión de la crisis de Rodalies y de nuevas movilizaciones de maestros y sanitarios por parte de un gobierno con el presidente hospitalizado durante un mes, este se dio cuenta de que era necesario dar un puñetazo sobre la mesa y tomar de nuevo la iniciativa política. Por eso sacó adelante el proyecto de presupuestos, sabedor -o no- de que no tenía garantizados suficientes apoyos parlamentarios. Decimos que quizás se lanzó a la piscina pensando que habría agua, en forma de acuerdo con el gobierno español para que la Generalitat recaudara todo el IRPF. Y, según dicen, a última hora el acuerdo se fue por el desagüe.
Después de la desastrosa gestión de la crisis de Rodalies y de nuevas movilizaciones con el presidente hospitalizado durante un mes, este se dio cuenta de que era necesario dar un golpe sobre la mesa
La excusa para aplazar sine die el cumplimiento de los acuerdos de investidura -tanto de Sánchez como de Illa- sobre el traspaso de la recaudación del IRPF son las vísperas electorales de la ministra Montoro, ahora recién nombrada vicepresidenta primera. Unas elecciones andaluzas en las que la máxima aspiración socialista es que el PP no alcance la mayoría absoluta y tenga que pagar el peaje de pactar con VOX.
Sin embargo, no hace falta explicar al aparato del Estado la cesión de poder que representaría perder esta recaudación y, entonces, todas las excusas son buenas. Illa ha dado el golpe en la mesa de ERC cuando no se ha atrevido a hacerlo en la del PSOE.
El martirio de los suplementos de crédito
Ya relativizamos hace un año la trascendencia de disponer de nuevos presupuestos y la existencia de mecanismos suficientemente operativos para ir proveyendo de nuevos recursos al Govern a partir de la prórroga de los presupuestos existentes. De hecho, en el relato que ahora intenta imponerse, ya no se hace mucha incidencia en un tema que todo el mundo ha visto que era poco relevante.
El problema de los suplementos de crédito es que en cada tanda el Gobierno tiene que negociar otra vez con los socios e ir cediendo parcelas de decisión. Una tortura.
El problema de los suplementos de crédito es que en cada tanda el Gobierno tiene que negociar otra vez con los socios e ir cediendo parcelas de decisión
Sin embargo, como apuntábamos, la falta de nuevos presupuestos también representa una falta de decisión, una dificultad para transmitir a la población cuáles son las prioridades del Gobierno con el gasto y, en última instancia, una falta de ambición. Más grave aún cuando la bandera de la buena gestión que tanto blandía Illa se ha visto enturbiada los últimos meses.
Puesto que han presentado el proyecto, veamos qué dice
Primero de todo cabe recordar que el proyecto de nuevos presupuestos se basa en el sistema vigente y legalmente caducado desde hace doce años, los últimos siete años y medio de gobierno socialista. El acuerdo alcanzado, con todas sus limitaciones, debería representar una mejora sustancial de los recursos disponibles por parte de la Generalitat. Pero si todo va bien, que es mucho decir, el nuevo sistema de financiación no entrará en vigor hasta el año que viene.
Se trata de una cifra equivalente al 8,2 % del PIB y toca a 2.500 euros anuales por cada ciudadano de Catalunya
En el anexo del informe que acompaña el proyecto de presupuestos nos hemos encontrado -porque el Govern no ha hecho ninguna comunicación expresa- que el déficit fiscal para 2022 se estima en 21.092 euros, un importe similar a la media de los últimos años. Se trata de una cifra equivalente al 8,2 % del PIB y corresponde a 2.500 euros anuales por cada ciudadano de Catalunya. Pensamos que todo el presupuesto conjunto previsto para Educación y Salud es de 22.000 euros.
Unos presupuestos expansivos, pero no tanto en términos reales
Los ingresos no financieros del proyecto de presupuesto aumentan en más de 10.500 millones de euros y crecen un 22,8 % respecto a 2023 en términos corrientes, es decir, sin descontar la inflación. Si descontamos la inflación acumulada entre 2023 y 2025, deberíamos reducir este incremento en unos 8,9 puntos. Y aun así, las previsiones de inflación para 2026 eran hasta ahora de entre el 2 y el 2,5 %, pero la guerra de Irán ya ha generado estimaciones para que se eleve al 3 %.
Llegar a un presupuesto que se acerca a los 50.000 millones de euros no es por obra y gracia de la multiplicación de los panes y los peces, sino por un aumento de la recaudación. A base de un crecimiento de población a razón de 100.000 personas al año, por poco que ganen y que gasten, algo se tiene que notar.
Sin noticias de compensar el aumento encubierto de la presión fiscal por causa de la inflación
La participación en los ingresos por IRPF es la causa principal de este aumento de recursos. Recordemos que la decisión de no actualizar los tramos de IRPF a la hora de establecer las cantidades a pagar comporta un aumento encubierto de la carga fiscal sobre los trabajadores, especialmente sobre las clases medias. Según la AIREF, la recaudación adicional del Estado desde la pandemia por este mecanismo de aumento encubierto de la presión fiscal ha sido de 9.000 millones de euros.
A diferencia del último y fallido proyecto de presupuestos del gobierno Aragonés, no se contempla que la Generalitat actualice, ni que sea para los tramos de renta más bajos, los tramos del IRPF en función de la inflación en el 50 % que tiene potestad para hacerlo.
Los ingresos que provienen del modelo de financiación vigente aumentan de un 30,3 %
En conjunto, los ingresos que provienen del modelo de financiación vigente aumentan un 30,3 % y representan el 72,7 % del aumento de ingresos no financieros previstos.
Después, otros impuestos propios, como los vinculados a la vivienda, también se benefician del aumento de transacciones y del alza de precios. El conjunto de tributos propios y cedidos se incrementa en un 30,6 %, que equivale a un 14,4 % del aumento total de ingresos. Finalmente, el Govern remarca que también se beneficiará por primera vez del impuesto estatal sobre los márgenes de intereses y comisiones de las entidades financieras, el nuevo impuesto especial sobre la banca: 367 millones de euros, un 3,5 % del aumento de ingresos total.
Remendar el estado del bienestar y hacer un tranvía
En cuanto a los gastos, la estructura competencial de la Generalitat comporta como siempre que el grueso del gasto -74 %- corresponde a servicios del estado del bienestar: salud, educación, derechos sociales y vivienda. Este tipo de gasto crece ligeramente por encima de la media, un 24 %. Las partidas más significativas de estos aumentos se destinarán a la contratación de pulpo de 6.000 plazas en sanidad y de más de 4.000 maestros. Se invierten 460 millones de euros en hospitales y CAPS y 314 en crear o reformar centros educativos.
Se invierten 460 millones de euros en hospitales y CAPS y 314 a crear o reformar centros educativos
También se crearán 900 plazas de escuelas infantiles. En términos de servicios sociales, se crearán mil nuevas plazas residenciales y, en materia de vivienda, se elevarán las ayudas al alquiler y se aumentará la vivienda protegida con un total de 1.900 millones de euros.
También está prevista la creación de parques de bomberos, comisarías y equipamientos judiciales y el aumento de plantillas de mossos y bomberos.
El despliegue de la Agencia Tributaria Catalana, esta que debería gestionar el traspaso del IRPF, continúa a paso de caracol, con un presupuesto de 122 millones de euros.
En términos de inversiones, el proyecto del Govern destaca los 100 millones de euros para el tranvía de Tarragona. Dentro del apartado de movilidad, cabe recordar las bonificaciones a la T-Usual y a Rodalies, que se llevan la bonita cifra de 553 millones de euros. En total, las inversiones superan los 4.100 millones de euros, que representan un aumento del 45 % si excluimos los que en 2023 se financiaban con los fondos Next Generation.
Podríamos también colocar dentro del ámbito de mejora de la competitividad el presupuesto de 1.000 millones de euros del ICF y 48 millones de euros para consolidar el proyecto ICREA de atracción y repatriación de talento.
En palabras de la consejera Romero, "El Govern ha aprobado el presupuesto (sic)... para mostrar las políticas que quiere sacar adelante". Que es lo mismo que decir que procuraremos zurcir como podamos las costuras deshilachadas del estado del bienestar... y haremos un tranvía.
El resto de inversiones para la competitividad, si hay suerte, tendrá que hacerlas el Estado.