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En un artículo anterior, Habrá que reformar el sistema de pensiones, planteaba que los grandes cambios demográficos ponen en peligro el hecho de poder mantener en el futuro el poder adquisitivo de las pensiones. No es un problema solo de España, sino de la mayoría de las sociedades avanzadas.
Básicamente, hay dos grandes formas de financiar las pensiones: el sistema de reparto, en que las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las pensiones de los jubilados, y el sistema de capitalización, en que las aportaciones individuales se invierten en fondos de inversión para generar los recursos que financiarán la futura pensión.
Hay muchos países que combinan las dos fórmulas e incorporan diferentes grados de participación pública y privada. El sistema de reparto es mucho más solidario porque se basa en la ayuda mutua entre generaciones y personas con ingresos diferentes, mientras que en el sistema de capitalización cada persona ahorra su propio dinero y la pensión depende exclusivamente de lo que cada uno ha ahorrado.
En todo caso, en la Unión Europea (UE) hay una fuerte preocupación sobre la sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones y su suficiencia. Esta preocupación es compartida por la OCDE en su informe Panorama de las Pensiones 2025, en que evalúa los sistemas de jubilación de los diferentes países. Concluye que el envejecimiento demográfico provocado por el descenso de la natalidad, el aumento de la esperanza de vida y la necesidad de corregir la brecha de género en las pensiones, añadirá mucha presión fiscal a los gobiernos muchos de los cuales ya tienen una deuda pública elevada.
En la UE, la esperanza de vida al nacer está en torno a los 83 años, y se está alargando. En España, en el año 1950 era de 62 años, en el año 2000 aumentó hasta los 79 y ahora en el año 2025 se sitúa en 84 años. La mayoría de los países han fijado como la edad legal de jubilación en torno a 67 años. Italia, Dinamarca, Estonia o los Países Bajos tienen previsto situarla gradualmente en los 70 años. En Francia, en medio de una fuerte oposición social, el gobierno la ha fijado en 64 años.
Uno de los factores clave es la baja tasa de fertilidad: en la UE ha pasado de una media de 2,62 hijos por mujer en 1964 al 1,34 del año 2024. Estados como España y Malta registran las tasas más reducidas, de 1,10 hijos por mujer. Cabe recordar que la tasa de reemplazo necesaria para mantener el nivel de población es de 2,1 hijos por mujer.
En el estado español es donde crecerá más rápidamente la dependencia de los jubilados debido a su esperanza de vida elevada y una de las tasas de natalidad más bajas de Europa
A pesar de la fuerte inmigración, el envejecimiento lleva a la reducción de la población activa, hecho que hace aumentar la dependencia de los jubilados respecto a la población activa. Según Eurostat, en la UE, si actualmente hay 3,4 trabajadores en edad de trabajar (15-64 años) por cada jubilado (65 años o más), en el año 2050 pasaremos a dos o menos por cada jubilado. En España es donde crecerá más rápidamente la dependencia de los jubilados debido a la combinación de una de las esperanzas de vida más altas del mundo y una de las tasas de natalidad más bajas de Europa.
La inmigración será necesaria para mantener una población activa suficiente y contribuir a las cotizaciones, pero por sí sola no resuelve el problema de las pensiones y genera, además, retos de integración social y laboral importantes.
¿Cómo gestionar el futuro?
La proyección a futuro del coste económico de las pensiones empieza a ser una pesadilla para muchos gobiernos. Según Eurostat, en la UE, de media supone un 12,3% del PIB, si bien las diferencias entre países son enormes. Depende de la media de edad de la población, la dimensión de la economía y el sistema de pensiones adoptado. Los países del sur y otros aplican el sistema de reparto puro (las pensiones públicas actuales se pagan directamente con las cotizaciones de los trabajadores actuales). Italia lidera el gasto en pensiones con un 15,5% del PIB, Francia un 14,6%, Austria un 14,4% y España un 13,1% del PIB.
Muchos países europeos tienen un gasto público bajo porque optan prioritariamente por el sistema de capitalización. Son sistemas basados en tres pilares: el público —el estado solo garantiza una pensión asistencial básica—, el privado —con planes de pensiones de empresa, casi obligatorios y gestionados por fondos de inversión—, y, finalmente, el ahorro individual privado. Irlanda es el país que menos recursos públicos destina, en torno al 4% del PIB, ya que el grueso de la pensión lo cubre con planes de pensiones de empresa o privados. Estonia, Lituania o Suecia también destinan pocos recursos públicos a las pensiones.
Suecia es un modelo de referencia (8% del PIB): combina la solidaridad pública y el ahorro individual según lo cotizado a lo largo de la vida laboral
Entre los países de bajo coste de los sistemas de jubilación, Suecia es un modelo de referencia (8% del PIB). Combina la solidaridad pública y el ahorro individual según lo cotizado a lo largo de la vida laboral. Concretamente, se destina un 18,5% del salario al sistema: un 16% se contabiliza en una "cuenta virtual" (o nocional) financiada a cargo de la empresa y del trabajador, si bien este lo puede deducir de la declaración de la renta, y el 2,5% restante el trabajador lo tiene que invertir en un fondo de inversión real. En el momento de la jubilación, la pensión se calcula dividiendo el saldo acumulado en esta cuenta virtual por la esperanza de vida teórica de su cohorte.
Además, el sistema incorpora un mecanismo de ajuste automático (conocido como "freno"). Esto garantiza la sostenibilidad financiera y evita la quiebra del sistema, aunque pueda comportar una reducción de las prestaciones en épocas de crisis. De hecho, este modelo traslada al pensionista el riesgo derivado de la evolución económica, de la demografía y de la rentabilidad de los fondos de inversión, lo que supone pensiones más bajas en momentos de crisis económica.
Las previsiones de la OCDE parten del escenario de que se mantengan las tendencias demográficas actuales. Solo una mayor atracción de inmigración, una mejora de la productividad y un aumento de la participación laboral voluntaria de los trabajadores de edad avanzada, podrían amortiguar esta pérdida de fuerza de trabajo.
Resumiendo, si se quiere garantizar la sostenibilidad financiera y la suficiencia de las pensiones, se tendrán que introducir fuertes reformas. Es el tema que analizaré en el próximo artículo centrado en España, ¿Las pensiones futuras, un reto o una ilusión?
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