El pasado 26 de noviembre, el Banco Central Europeo (BCE) dio la alarma con solo una advertencia. "Los fundamentales fiscales de algunos países del euro han sido débiles persistentemente", avisó en su Informe de Estabilidad Financiera. Por fundamentales fiscales entendemos condicionantes de riesgo como una deuda elevada, un déficit excesivo o bien una capacidad de recaudación limitada. En otras palabras: desde hace un tiempo, algunos estados de la Unión Europea (UE) han sido demasiado laxos y han acumulado números rojos de forma continuada. Y esto preocupa en Bruselas.
El vicepresidente de la institución, el antiguo exministro de Economía español, Luis de Guindos, se explayó pocos días después en una entrevista a El Periódico: "La falta de estabilidad política para aprobar presupuestos puede afectar a la credibilidad fiscal a medio plazo". En concreto, las conclusiones del BCE teorizaban que un escenario de "desviación fiscal" podría generar "desequilibrios" entre los inversores. Y la eurozona no puede permitirse tambalearse ante un contexto geopolítico tan tenso, en el que incluso la líder de la Unión, Ursula von der Leyen, propuso la pasada semana emitir deuda conjunta para financiar la reparación de Ucrania.
Todo esto nos lleva a Catalunya. El motivo se encuentra, una vez más, en el informe del BCE. El escrito remarcaba que los efectos serían especialmente nocivos en el caso de países con "mayorías políticas frágiles". Es decir, parlamentos como el de Catalunya o el del estado español. En ambos casos, además, los últimos presupuestos se aprobaron en 2023 con dos composiciones parlamentarias muy diferentes. De este modo, cada partida económica propuesta por el ejecutivo debe validarse individualmente en sus congresos, donde la fragmentación complica el consenso.
"Lo que está sucediendo es un escándalo, se destina dinero a todo el mundo para dejarlos más o menos contentos", protesta el ingeniero y colaborador de VIA Empresa, Xavier Roig. El analista ha denunciado esta circunstancia más de una vez en sus columnas y análisis, como por ejemplo en el artículo Un país es, también, una empresa. "Ninguna compañía funciona sin presupuesto. El director de una empresa no puede trabajar sin presupuesto, no puede hacer lo que quiera", insiste nuevamente.
Amat recuerda que el actual escenario de parálisis presupuestaria "beneficia el control del déficit"; es decir, los gobiernos gastan menos e ingresan más
El catedrático de la UPF Barcelona School of Management, Oriol Amat, aporta un poco de calma. "Aunque no haya presupuestos, la mayor parte de temas igualmente se pueden hacer", matiza. Sin embargo, el experto lamenta que el precio a pagar es "mucha más burocracia", hecho que se traduce en una pérdida de tiempo a la hora de tramitar las leyes, sobre todo si se compara con "la agilidad" que presentan países como Estados Unidos o China.
No son las únicas implicaciones. El economista apunta que el actual escenario de parálisis presupuestaria "beneficia el control del déficit", dado que si bien se dificulta la aprobación de paquetes de medidas -y, por tanto, de gasto-, la actual dinámica de crecimiento económico "aumenta mucho" los ingresos de la administración. Es decir, los gobiernos gastan menos y facturan más.
La prima de riesgo y el impacto en las empresas
Entre otras, la hipótesis del descrédito fiscal que plantean De Guindos y el BCE se plasmaría en la prima de riesgo. Hay que recordar que este indicador muestra el sobrecoste que un estado tiene que pagar por endeudarse a 10 años respecto a Alemania, el país más solvente de la eurozona. Para situarnos: en 2012, cuando la prima de riesgo del estado español abría todos los telediarios, la cifra llegó a dispararse hasta los 610 puntos básicos. Hoy, el mismo indicador muestra 47 pb.
No obstante, en Francia, donde la falta de presupuestos implica ir a elecciones por ley, el dato se eleva a casi el doble y rodea los 75 pb. Es una cifra que De Guindos admite que no pasa de "moderada", aunque aclara que su informe habla más bien de futuro.
Entre los expertos consultados por VIA Empresa, sin embargo, hay divergencia. Roig coincide con la previsión de De Guindos y extiende el riesgo a toda la UE por la obligatoriedad de "apoyarse" entre estados en caso de crisis financiera, mientras que Amat defiende que la falta de presupuestos "no afecta la prima de riesgo, ni tampoco el crédito a las empresas".
En cuanto al impacto empresarial hay más unanimidad. El catedrático solo percibiría "afectaciones en empresas muy concretas", como aquellas que estén negociando un contrato con la administración, y que podrían sufrir una parálisis en la gestión. Tampoco Roig ve un castigo directo al empresario, a pesar de que advierte que una deuda más cara podría forzar a los gobiernos a "reducir estímulos a las empresas y la industria".
Roig y Amat no prevén "afectaciones" en las empresas en caso de poca credibilidad fiscal, mientras que Fàbregas considera el aviso de De Guindos "una cuestión de Estado y no de empresa"
Por su parte, el director de finanzas corporativas de ALS Value, Xavier Fàbregas, también reduce el aviso de De Guindos a "una cuestión de Estado y no de empresa". El analista sí estima un impacto en la política de impuestos en caso de escasa credibilidad fiscal, pero no espera que sea de gran intensidad. "No tendría sentido subir el impuesto sobre sociedades, porque lastraría la competitividad de las empresas y lo único que conseguiría es destruir puestos de trabajo", asegura.
En este sentido, Fàbregas argumenta que el 25% de tipo general que aplica el estado español es ya "bastante elevado" y subraya que se encuentra más de tres puntos por encima de la media europea (21,5%-22%). Y añade: "Desde un punto de vista impositivo, las medidas que propone la UE miran más por gravar las grandes fortunas y tasar actividades contaminantes. Dudo que salgan de aquí".
El gasto primario neto, una asignatura pendiente
Durante los últimos meses, diversos estudios han constatado que la economía española es la que crece con más fuerza en la UE, y que Catalunya aún lo hace mejor. Ahora bien, la reflexión desde Bruselas es que unos datos tan positivos deberían servir para fijar una hoja de ruta a largo plazo en cuanto al gasto público. Máxime si tenemos en cuenta que la deuda española equivale al 103,4% del PIB, muy lejos del 60% máximo que recomienda la Unión.
El año pasado, el gobierno del Estado estableció un aumento del 2,6% como máximo, tanto a las administraciones centrales como autonómicas y locales. Los resultados fueron desastrosos: el gobierno central gastó un 6,8% (más del doble de lo permitido), mientras que las autonomías dispararon el gasto un 5,1% promedio. Catalunya lo hizo un 6,9% y solo cuatro comunidades quedaron por debajo de lo permitido -Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias y Extremadura-. Este año, la UE también prevé que el estado español incumpla su tope del 3,5% pactado en el Plan Fiscal Estructural un año atrás, debido al incremento en partidas como las pensiones, defensa o el pago de intereses de la deuda.
En 2024, Catalunya aumentó su gasto un 6,9%, más del doble de lo que se había establecido como objetivo
Este último apartado está excluido del concepto de gasto primario neto. Se trata de un cálculo ajustado que Bruselas introdujo después de la pandemia para controlar el nivel de desembolso de cada país, más allá de los siguientes conceptos:
- Intereses de la deuda (mencionados antes)
- Fondos europeos
- Gastos cíclicos del paro
- Gastos extraordinarios (como una catástrofe como la dana o un rescate bancario)
- Cambios impositivos
En este caso, el compromiso con Bruselas fue alcanzar este año un gasto primario neto máximo del 2,9%. ¿La realidad? Según las estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) española del pasado verano, la proyección del estado español era del 4,6% para este 2025. "Lo que dice De Guindos, pues, tiene todo el sentido del mundo. Es una realidad que la economía está mejorando, pero con desequilibrios estructurales como las pensiones, el paro cerca del 10% o el juvenil cerca del 25%, no es suficiente", opina Fàbregas.
A juicio del analista, son estos "desequilibrios estructurales" los que preocupan al vicepresidente del BCE. Roig lo suscribe: "De Guindos no se puede posicionar por su cargo, pero detrás de sus afirmaciones hay una crítica política". Así, Fàbregas invita a hacer las reformas que recomienda Bruselas. "O suben impuestos o bajan gastos", propone. Con todo, el economista observa otra problemática. "La segunda opción no la harán, porque tendrían que hipotecar toda su agenda social; y en el caso de la primera, el estado español ya está en lo más alto del ranking europeo de tipos marginales por las muchas tipologías de impuestos que tiene", concluye.