La Cámara de Comercio de Terrassa ha elaborado una encuesta para recabar la opinión del tejido empresarial de la demarcación sobre los potenciales riesgos identificados, por la misma entidad, de perfeccionarse la OPA del BBVA al Banc Sabadell.
La entidad circulará la encuesta a través de su amplia base de datos de empresas. El objetivo es obtener conocimiento contrastado y fundamentado para responder a la consulta pública sobre “criterios de interés generales afectados por la operación de adquisición de BBVA sobre el Banc Sabadell” que el ministerio de Economía, Comercio y Empresa abrió el pasado martes 6 de mayo y que cerrará al cabo de siete días hábiles, el próximo 16 de mayo.
En concreto, la entidad ha identificado ocho problemáticas sobre las cuales ha consultado a través del formulario interno:
- Pérdida de puestos de trabajo de colectivos específicos.
- Pérdida proximidad y de la cultura bancaria especializada en el crédito a las PYMES.
- Afectación en la especialización financiera en la prestación de servicios en el ámbito de internacionalización.
- La eliminación de oficinas físicas en las ciudades pueden afectar su actividad comercial, afectación a la socialización ciudadana.
- El control accionarial de una entidad bancaria concentrada en fondos de inversión internacionales puede implicar un riesgo para la seguridad nacional.
- La concentración bancaria reducirá alternativas de desarrollo tecnológico en servicios financieros.
- Las condiciones impuestas por la CNMC tendrán una validez temporal, se diluirán con el tiempo a raíz de la evolución de los mercados y de los mismos clientes.
- No existen medidas para proteger los criterios de interés general afectados.
La Cámara de Terrassa, parte de las 79 entidades excluidas
Esta, sin embargo, no es la primera acción de la Cámara de Comercio de Terrassa en todo este proceso. Previamente, fue una de las 79 entidades que se personaron ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque el regulador no admitió ninguna alegación que no fuera del Sabadell y de la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO). Ante esta respuesta, actualmente la Cámara tiene interpuesto recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para impugnar la decisión. Una acción que ya siguieron otras asociaciones como Pimec, Foment del Treball o UGT. Estas dos entidades vieron admitido el recurso por parte de la justicia.