La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández, ha asegurado este martes que ve con buenos ojos que el gobierno español imponga más condiciones al BBVA para ejecutar la OPA al Banc Sabadell, siempre que estas sean “de interés general” y no competencia, las cuales ya fueron impuestas por su organismo en el informe del 30 de abril. Fernández ha hecho las declaraciones durante su intervención en unos cursos organizados por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie) en Santander, horas antes de la comparecencia del gobierno español después del Consejo de Ministros.
Fernández ha reconocido que la ley no es lo suficientemente clara en esta fase del proceso: “La ley nos ayuda poco. Establece que el gobierno, por razones distintas de las de competencia, podrá eliminar o modificar condiciones, y no dice si a más o a menos”. La presidenta de la CNMC considera que los problemas vinculados a la competencia que puede generar la operación “quedaron resueltos” con los siete compromisos establecidos en el informe del 30 de abril, que dieron lugar a la fase tres de la inspección, una fórmula también existente en países cercanos como Francia o el Reino Unido. “Estamos en esta fase y hoy sabremos la decisión final. Cuando esto se lleve a cabo, nuestro trabajo consistirá en vigilar que las condiciones pactadas con el BBVA se cumplan”, ha señalado.
Durante su intervención, Fernández ha vuelto a remarcar que “no hay un número máximo de operadores” que determinen si hay suficiente competencia o no, ya que “pocos bancos del mismo tamaño pueden competir más que muchos pequeños y uno grande”. Por otro lado, respecto a la conclusión de que el Banco Sabadell no es un operador “imprescindible” a la que llegó la CNMC en el informe publicado el 6 de junio donde se recogen los argumentos para autorizar la OPA, la presidenta ha comentado que el texto hacía referencia a un concepto jurídico determinado por la Comisión Europea que hace referencia a cuando desaparece un jugador que sea clave para el mercado.
Fernández también ha defendido el papel que ha jugado la institución que preside en el análisis de la OPA, y ha remarcado que es “incorrecto” decir que no se haya escuchado a más de 70 asociaciones, ya que lo que se hizo fue no permitirles personarse como afectadas, pero sí presentar alegaciones como terceros interesados. La justificación que ha dado es que estas entidades tienen acceso permanente al expediente, y que en caso de que se hubieran tenido en cuenta, habría sido necesario anonimizar los datos de todas ellas por cuestiones de confidencialidad, lo que habría alargado aún más un proceso que ya duró 11 meses.