Por fin, después de una larga espera ha llegado el día. Ayer, primero de febrero de 2022, el Barça hizo públicas en rueda de prensa las conclusiones del informe forense que tenía que estudiar los daños provocados por la calamitosa gestión de la administración Bartomeu. Una entidad en estado comatoso, cuando menos en cuanto a su modelo de propiedad, que corre el riesgo de deshacerse ante los ojos de los socios, para reaparecer como sociedad anónima.
La presentación de ayer tuvo como introductor al presidente Laporta, que dio paso al vicepresidente Romeu, el cual hizo un retrato de la situación global de la economía de la entidad, recordándonos datos tan dolorosos cómo aquella de los fondos propios negativos de 450 millones de euros, una situación que corresponde a una empresa en quiebra. Finalmente, cuando faltaban tres minutos para las once y media, entramos al asunto que nos interesaba y que nos había congregado tanto en la sala de prensa, como ante la pantalla del televisor: el famoso informe forense, también llamado el forensic. Aquí conocimos un nuevo actor de la obra tragicómica que es el Barça, un abogado mallorquín de nombre Jaume Campaner, titular del despacho Campaner Law y que no es un recién llegado a los grandes casos, sino más bien una estrella emergente dentro del mundo de los penalistas. Intervino en el caso Nóos defendiendo (y salvándolo de todos los delitos) el asesor fiscal que había diseñado el entramado societario de Diego Torres e Iñaki Urdangarin; también lo hemos encontrado en la Audiencia Nacional ejerciendo la acusación particular contra el comisario Villarejo en la macro-causa que tiene abierta. Fue este abogado balear quien desgranó las principales conclusiones del forensic y no la agencia Kroll, que es quien realmente había hecho la investigación de todo. La razón de este proceder es que el club presidido por Joan Laporta ha decidido, al existir indicios de delito penal, aportar toda la documentación a la fiscalía de Barcelona y es precisamente Campaner quien llevará la causa. Por cierto, la agencia Kroll tampoco son unos desconocidos porque unas décadas atrás ocuparon un buen puñado de titulares de prensa, pero esto lo dejaremos para más adelante.
El informe de Campaner Law detecta "prácticas que encajan con los delitos de apropiación indebida y de administración desleal"
Las conclusiones de la investigación tienen tres ejes que, según Campaner, se pueden resumir en una sola palabra: deslealtad. El trípode de la mala praxis de Bartomeu y su junta se configura a partir de la realización de pagos sin causa, de pagos con causa falsa y de pagos desproporcionados. Dentro de este paraguas, destacan con luz propia algunas comisiones a intermediarios, que no solo eran de un importe del todo fuera de mercado (si se considera que un 5% puede ser una comisión razonable, se ha encontrado al menos un caso donde el porcentaje de retribución del intermediario llegaba al 33%), sino que además se sustanciaban mediante contratos hechos con posterioridad a la supuesta prestación del servicio (hay un caso con este modus operandi que implicó un pago de 10 millones de euros por parte del club). Además, el informe ha detectado la existencia de empresas mercantiles creadas con el único propósito de facturar a la entidad azulgrana. Este caso y todos los que han salido a lo largo de la presentación de Campaner están siendo comentados de forma ciega, es decir, sin revelar datos de los implicados, pero según se comenta, este perfil de operación cuadra con la compra del futbolista brasileño Malcom (Malcom Filipe Silva de Oliveira), que llegó al Barça en verano del 2018 procedente del Burdeos francés. El intermediario de aquella operación fue Júnior Minguella (hijo de Josep Maria Minguella), que según informó en su día la Cadena Ser percibió 10 millones de euros por su intervención, sobre los 40 millones que costó el jugador. Un año más tarde, Malcom abandonó la entidad azulgrana, después de un pobre balance de 4 goles marcados en 24 partidos.
El siguiente caso que Campaner ha puesto sobre la mesa ha sido el de los extraños pagos realizados a un bufete de abogados, que incluyen las siguientes partidas: 1,75 millones para preparar un acuerdo de conformidad, 0,5 millones por una iguala (tarifa plana para prestar servicios durante un periodo de tiempo determinado) y 7 millones por la intervención en un fichaje. Todo parece indicar que se hace referencia al despacho de José Ángel González Franco, el abogado de Bartomeu. En este caso, el mencionado acuerdo de conformidad sería el pacto con la fiscalía que la entonces presidente Bartomeu firmó para eximir a él y a Sandro Rosell de las responsabilidades penales del Caso Neymar y a la vez endilgarlas al club. Resultan más sorpresivos todavía los 7 millones por el rol del despacho durante un fichaje que, con toda probabilidad, es lo del francés Antoine Griezmann, en 2019. Según las informaciones que en su día publicaron varios medios, González Franco había cobrado una comisión tan cuantiosa en su calidad de mediador clave, un papel realmente sospechoso tratándose del abogado de Bartomeu.
Hasta aquí, y en palabras de Campaner, prácticas que encajan con los delitos de apropiación indebida y de administración desleal. Hay que recordar que la apropiación indebida no implica que quién comete el delito se embolse el dinero, sino que basta con que los haya desviado para favorecer terceros, en aquello que los juristas denominan distracción. Vinculado a esto, existe una inevitable falsificación de documentos como elemento imprescindible para poder cometer el delito indicado.
El siguiente capítulo de clara trascendencia penal es la alteración contable que presuntamente cometió la junta de Bartomeu. El caso concreto que mujer lugar a este posible delito es aquel que en artículos anteriores no nos hemos cansado de denunciar, cómo fueron las permutas de jugadores disfrazadas de compraventas y con precios hinchados respete el mercado. Los más relevantes son los canjes Cillessen-Neto y Arthur -Pjanić, y fácilmente pueden ser materia del artículo 290 del Código Penal, bajo la etiqueta de falsedad contable.
No se entiende mucho la cautela del club a la hora de ocultar el nombre de los protagonistas de cada una de las situaciones cuando todas ellas eran ya de dominio público desde hace tiempo
El penúltimo de los casos que Campaner explicó es el pago de 1,5 millones de euros a una entidad para evitar sus alegaciones ante un error en la reparcelación de las fincas del proyecto Espacio Barça. Según Campaner, con este pago "se compró el silencio de determinadas personas a pesar de, y es muy sorpresiva, haber superado con éxito y gratuitamente las alegaciones del resto de interesados". Además, en el contrato que apoyaba al pago se indicó una causa diferente, incurriéndose, por lo tanto, en simulación de contrato. En este caso parece fuera de duda que se está hablando del pago que el FC Barcelona realizó al CE Laietà y que reveló la Cadena Ser el año pasado; en aquel momento, la razón que se argumentó -y que probablemente es la que figura al contrato- fueron las eventuales molestias causadas al CE Laietà por el derribo del Mine Estadio, dado que el club de Las Cortes tiene las instalaciones junto a las del Barça. Siempre levantó sospechas que el pago se realizara un año antes de la ejecución de las obras. Por otro lado, la causa que se pretendía ocultar (comprar el silencio del CE Laietà, evitando así sus alegaciones al proyecto del Espacio Barça), tampoco parece tener una gran solidez, puesto que según publicaron algunos medios, la reparcelación fue correcto y en ningún momento se habían perjudicado los intereses de este club vecino del Barça. En el momento en que el contrato se firmó (en realidad, dos contratos, uno con el CE Laietà y el otro con su fundación) el presidente de esta entidad era Domingo Goenaga Campmany, directivo vinculado históricamente a la multinacional General Cable, y que es que quién rubricó el acuerdo.
Finalmente, el abogado mallorquín aseguró que existían indicios sólidos de pago ilegítimo de 15 millones de euros a otro club de la Primera División española. Todo parece indicar que se trata del caso que la prensa ya explicó relativo A un pago al Atlético de Madrid para frenar su aportación a las autoridades futbolísticas de pruebas que demostraban que el Barça había negociado con Griezmann fuera del plazo legalmente habilitado para hacerlo, circunstancia que podía suponer una fuerte sanción para los azulgrana. El verano del 2019 el diario madrileño El Mundo relató cómo un correo electrónico donde se reconocían estas negociaciones improcedentes había llegado a manos del Atlético de Madrid, y aquí se desencadenó todo.
Y con este caso se puso el punto y final a la exhibición de las vergüenzas presuntamente delictivas de la junta de Bartomeu que, según la representante de la agencia Kroll en el acto (Almudena Ruiz), podrían haber supuesto un perjuicio superior a los 30 millones de euros para la entidad azulgrana. Lo que nos llamó la atención de la presentación de ayer es que todos y cada uno de los casos comentados ya habían sido tratados por los medios de comunicación en los últimos años, sin que apareciera ninguna situación nueva o desconocida; en este sentido, tampoco se entiende mucho la cautela del club a la hora de ocultar el nombre de los protagonistas de cada una de las situaciones cuando todas ellas eran ya de dominio público desde hace tiempo. Nos invade también cierta duda sobre cómo quedan los auditores del FC Barcelona, la multinacional EY (Ernst & Young), que durante todos estos años no parecía haber encontrado ningún motivo para sospechar que en la gestión del club se estaban cometiendo acciones que pueden ser constitutivas de delito; tampoco parece salir especialmente muy bien parada la patronal y órgano regulador, la LFP , que se tragó las permutas de jugadores que han sido mencionadas sin poner ninguna pega.
Y habíamos dejado para el final volver a recuperar el hilo sobre la agencia Kroll. Quien tenga memoria recordará que esta firma norteamericana fundada por Jules B. Kroll en 1972, apareció en los titulares de la prensa española en el lejano año 1994, cuando en medio del procedimiento contra Luis Roldán (exdirector general de la Guardia Civil que huyó con más de 2.200 millones de pesetas expoliadas de la hacienda pública) se supo que la agencia había estado espiando al banquero Mario Conde a inicios de los noventa. El origen de los hechos se produjo en 1992, cuando el vicepresidente del gobierno socialista Narcís Sierra encargó el mismo Roldán el espionaje sobre Conde y sus actividades. El célebre informe de conclusiones fue bautizado como Informe Crillon, que cogía el nombre del hotel de París en el que se había forjado la operación de espionaje y donde se había contratado los servicios de Kroll.