Inversión pública del Estado en Catalunya: de las cifras a los hechos

Contenido recuperado del cuarto libro de VIA Empresa, Fem via! El repte de les infraestructures catalanes, presentado el pasado 27 de octubre del 2026.

La inversión en infraestructuras en Catalunya se ha convertido en un cuello de botella que amenaza el potencial de crecimiento de la economía, no solo desde el punto de vista logístico y empresarial sino también de la movilidad laboral, la construcción residencial y de la calidad de vida de los ciudadanos. Hace décadas que la Cambra de Comerç de Barcelona hace un seguimiento de los datos de inversión pública realizada por el Estado en Catalunya, especialmente en materia de infraestructuras. El balance de estos análisis se puede resumir en tres ideas principales.

En primer lugar, Catalunya recibe un porcentaje de inversión del Estado históricamente inferior al que le correspondería por su peso económico o poblacional. Concretamente, ha recibido el 10,3% de la inversión regionalizable del Estado durante la última década (2015-2025), una cifra muy inferior a su peso en el PIB, que es el 19%, o en la población, que es el 16%. Una parte importante de este déficit de inversión se explica porque los ministerios y organismos públicos que dependen del Estado concentran la mayor parte de esta inversión en la Comunidad de Madrid (el 23%), en contraste con el 5,9% que recibe Catalunya. Si dejamos fuera esta inversión, y consideramos únicamente la que hacen las empresas públicas —principalmente Adif, Renfe, Aena y Ports de l’Estat—, Catalunya ha absorbido el 16% de la inversión regionalizable de toda España en el periodo 2015-2025, un porcentaje más alineado con el de la Comunidad de Madrid, pero todavía claramente inferior a su peso económico.

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Infraestructuras, el déficit que nos frena

En segundo lugar, los presupuestos no se cumplen. Prueba de ello es el bajo porcentaje de ejecución de las inversiones previstas por el Estado en Catalunya, del 41% en el periodo 2021-2023 (no es posible calcularlo para los años 2024 y 2025 porque no se han aprobado presupuestos), muy por debajo del 176% ejecutado en la Comunidad de Madrid en el mismo periodo. Es decir, en Catalunya se ejecuta menos de la mitad de la inversión presupuestada mientras que en Madrid se ejecuta casi el doble de lo previsto. La causa principal es que la negociación política acaba aprobando unos presupuestos irrealizables que no siempre tienen detrás proyectos de inversión con capacidad real de ejecución.

Finalmente, Catalunya acumula un gran déficit de inversión en infraestructuras que se amplía cada año que pasa. La economía catalana solo concentra el 16% del stock de capital neto en infraestructuras del conjunto del Estado. Para tratar de converger hacia el 19% en el período 2026-2043 —su peso en la economía española—, Catalunya necesitaría una inversión bruta total alrededor de los 50.000 millones de euros a ejecutar en los próximos diecisiete años (equivalente a 2.773 millones de euros anuales).

"La economía catalana solo concentra el 16% del stock de capital neto en infraestructuras del conjunto del Estado"

Las Cámaras de Comercio, en el estudio Proyectos estratégicos para Catalunya, han identificado las prioridades a las que se debería destinar esta inversión los próximos años: la ampliación del Aeropuerto de Barcelona y el despliegue de las conexiones ferroviarias pendientes con Girona y Reus; la finalización del Plan de Rodalies de Catalunya 2020-2030; la continuación de las obras de la B-40, y de las actuaciones de ampliación de carriles y mejora de enlaces en la AP-7 y AP-2; la definición de un modelo de tarificación por uso de las vías de altas prestaciones; la implementación de un corredor ferroviario de mercancías en ancho internacional segregado de los servicios de pasajeros; y la ejecución urgente de los nuevos accesos terrestres a los puertos de Tarragona y Barcelona, así como de nuevas terminales intermodales.

Sin una actuación inmediata en estos proyectos, la red de infraestructuras actual no será capaz de absorber el incremento de demanda derivada del crecimiento económico y demográfico, con el riesgo de que las deficiencias actuales hagan entrar el sistema en colapso estructural. Es hora de pasar de las cifras a los hechos.