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Contenido recuperado del cuarto libro de VIA Empresa, Fem via! El repte de les infraestructures catalanes, presentado el pasado 27 de octubre del 2026.
Empecemos por lo que sufrimos cada día. En 2025, solo la mitad de los trenes de Rodalies llegaron puntuales, el peor registro de todos los núcleos del Estado, y los que llegaban tarde lo hacían con veinte minutos de retraso medio, según datos de Renfe. En las carreteras ocurre algo parecido. Desde la supresión de los peajes, la intensidad media diaria de la AP-7 supera los 100.000 vehículos en muchos tramos y la duración de las retenciones ha crecido más de un 70%, según el Servei Català de Trànsit. Y la lista continúa. Una red eléctrica que toca techo allí donde querrían instalarse nuevas industrias, un sistema hídrico que la sequía de 2023 y 2024 dejó en evidencia y un Corredor Mediterráneo que, después de décadas de promesas, sigue inacabado.
Catalunya arrastra un déficit de infraestructuras muy importante y hoy es uno de los factores que más limitan la competitividad de las empresas y el bienestar de las personas. Es una hipoteca diaria que pagan los trabajadores que pierden horas, las empresas que asumen sobrecostos y los territorios que ven cómo las inversiones van a parar a otro lugar. Pimec sitúa las infraestructuras entre los factores que condicionan la productividad y el crecimiento de las pymes. Un estudio reciente del Banco de España estima que cada euro adicional de inversión pública puede generar hasta 3,4 euros de producción acumulada en cinco años, además de impulsar el empleo y la inversión empresarial. Esto es especialmente relevante para Catalunya, donde la baja productividad es uno de los principales retos y el déficit de infraestructuras contribuye a explicarla.
Catalunya genera alrededor del 19% del PIB español y paga cerca del 20% de los impuestos estatales, pero en 2025 recibió el 8,6% de la inversión estatal territorializada
Un déficit acumulado durante muchos años. Foment del Treball y la Cambra de Contractistes d'Obres de Catalunya estiman que entre 2009 y 2025 se ha acumulado un déficit de inversión de 49.543 millones de euros. El cálculo compara la licitación real con un umbral de referencia del 2,2% del PIB, similar al de los países europeos líderes. La Cambra de Comerç de Barcelona llega por otro camino y acaba en el mismo lugar, al cifrar en cerca de 53.800 millones las actuaciones estratégicas necesarias hasta 2043. Ambas estimaciones no miden lo mismo, pero coinciden en el diagnóstico.
Hay una comparación que lo resume bien. Cataluña genera alrededor del 19% del PIB español y paga cerca del 20% de los impuestos estatales (AEAT, 2023), pero de media recibe poco más del 10% de la inversión estatal territorializada y en 2025 bajó hasta el 8,6% (Cámara de Comercio de Barcelona). Dicho de otra manera, el peso de Cataluña en la economía y en la recaudación no se corresponde con su peso en la inversión. Y esta brecha, sostenida durante años, acaba teniendo efectos acumulativos.
Presupuestar no es invertir. Aquí hay un segundo problema, quizás más grave que el primero. Una cosa es presupuestar y otra muy diferente es ejecutar. Según el Departamento de Economía y Finanzas, en los últimos años el grado medio de ejecución de las inversiones en Cataluña ha sido muy alto en las administraciones locales y en la Generalitat, pero solo del 40,9% en la Administración del Estado. La Cámara de Comercio de Barcelona añade un dato aún más elocuente. Entre 2015 y 2022, el Estado ejecutó en Cataluña el 57,4% de lo que había presupuestado, frente al 71% de media estatal. Buena parte de los millones anunciados nunca se han convertido en vías, estaciones ni carreteras. El problema no es solo que se presupueste poco. Es que una parte demasiado elevada de lo que se presupuesta tampoco se ejecuta.
Acuerdos que se anuncian y no se cumplen. Aquí hay una anomalía muy nuestra. En Cataluña se anuncian con gran repercusión mediática acuerdos entre la Generalitat y el Estado que después no se cumplen. El Estatuto de 2006 preveía, en la disposición adicional tercera, que durante siete años la inversión estatal en infraestructuras se equiparara al peso del PIB catalán. Veinte años después la cuestión sigue abierta y en febrero de 2025 la Comisión Bilateral todavía encargaba el análisis técnico del período 2009-2013. El traspaso de Rodalies sigue un guion similar. Los reales decretos de 2009 y de 2010 quedaron incumplidos en un punto tan básico como la transferencia anual de los recursos para cubrir el déficit de explotación, según la Cámara de Comercio de Barcelona. En 2023 se anunció un nuevo traspaso integral, en 2024 se pactó el calendario y todavía hoy el de la primera línea sigue pendiente.
Entre 2015 y 2022, el Estado ejecutó en Cataluña el 57,4% de lo que había presupuestado, frente al 71% de media estatal
El patrón se repite. Se firma un acuerdo, se fotografían los firmantes y al cabo de pocos meses nadie le hace seguimiento. Cuando vuelve a aparecer la necesidad política de llegar a pactos, en lugar de exigir el cumplimiento de lo que ya estaba pactado, se firman acuerdos nuevos sin que nadie haya rendido cuentas de los anteriores. Un ejemplo. En noviembre de 2025, los grupos de trabajo creados por la Comisión Bilateral para calcular el importe pendiente de la disposición adicional tercera habían estado todo el año sin reunirse. Esta falta de seguimiento es una de las causas menos analizadas del déficit. Y todavía hay un obstáculo adicional. Desde 2023, la Intervención General de la Administración del Estado (Igae) ha dejado de publicar con regularidad la distribución territorial de la inversión pública. Sin datos comparables y accesibles, exigir el cumplimiento de los acuerdos se vuelve casi imposible.
También hay responsabilidad propia. Sería demasiado fácil atribuirlo todo al Estado. Hay infraestructuras que se retrasan o no se hacen porque no se alcanza un consenso suficiente entre administraciones locales, comarcales y Generalitat. La Ronda Norte entre Sabadell y Terrassa lleva décadas discutiéndose. La ampliación del aeropuerto, las nuevas desalinizadoras, determinados parques eólicos y fotovoltaicos o diversos enlaces comarcales acumulan años de bloqueo. Discutir bien un proyecto es necesario, pero discutirlo indefinidamente equivale a renunciar a él. Habría que fijar plazos para que los debates territoriales terminen siempre con una decisión.
Pierden las empresas y la gente. Una industria que no puede mover las mercancías con rapidez tiene más costes. Una pyme con trabajadores que sufren incidencias ferroviarias pierde horas y productividad. Y una multinacional que elige dónde instalar una fábrica mira la calidad de las infraestructuras antes de decidir. Cuando una red funciona al límite, cualquier incidente pequeño desencadena efectos desproporcionados.
En noviembre de 2025, los grupos de trabajo creados por la Comisión Bilateral para calcular el importe pendiente de la disposición adicional tercera habían estado todo el año sin reunirse
Una hoja de ruta posible. El reto sería evitar que en el futuro sigamos publicando informes idénticos. Convendría avanzar, como mínimo, en cinco direcciones.
Primero, acordar entre los principales actores políticos, económicos y sociales un plan de infraestructuras de país, con prioridades claras, actuaciones a corto, medio y largo plazo y un calendario público. Una lista interminable de proyectos no es un plan. Hay que priorizar y cumplir.
Segundo, pasar del control del presupuesto al control de la ejecución. Cada gran proyecto debería tener calendario, administración responsable, porcentaje de ejecución y explicación pública de las desviaciones.
Tercero, exigir el cumplimiento de lo que ya está firmado antes de firmar nada nuevo. Se ha acordado crear un consorcio de inversiones entre el Estado y la Generalitat. La intención es buena, pero hay que ver si la solución pasa por añadir una capa institucional a un sistema con exceso de actores donde se diluyen mucho las responsabilidades. Bastaría con que se cumplieran los acuerdos vigentes y se ejecutaran los presupuestos aprobados.
Cuarto, y como garantía, establecer que aquello que se presupuesta y no se ejecuta no desaparece. La inversión estatal comprometida y no realizada debería transferirse automáticamente a la Generalitat para que la ejecute ella misma en las mismas infraestructuras. Es una regla sencilla, verificable y que alinea los incentivos. Quien no ejecuta pierde la gestión del recurso, pero el país no pierde la inversión. Esta garantía sería más útil que cualquier organismo nuevo.
Y quinto, entender las infraestructuras en sentido amplio. Necesitamos energía competitiva y descarbonizada, redes eléctricas suficientes, agua, infraestructuras digitales, vivienda y conexiones logísticas formando un sistema coherente.
Cataluña tiene activos envidiables. Una economía diversificada, capacidad exportadora, una situación geográfica privilegiada, puertos potentes y un ecosistema empresarial dinámico. Pero el déficit de infraestructuras nos está erosionando la competitividad. Es grande y aún lo es más el riesgo de seguir acumulándolo. El debate es qué infraestructuras necesita Cataluña, quién las hará, cuándo estarán terminadas y quién responderá si no se hacen.
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